Con ocasión de la II Conferencia Sectorial de la Mujer, convocada el día de ayer por el Ministerio de Igualdad y que reúne a las Comunidades y Ciudades Autónomas, Amnistía Internacional insta a las autoridades españolas a establecer medidas para acabar con la falta de coherencia entre Comunidades Autónomas en la lucha contra la violencia de género.

Las Comunidades Autónomas tienen importantes responsabilidades en materia de atención sanitaria, asistencia integral a las víctimas y en administración de justicia – en los 11 casos en que está transferida esta competencia-. Sin embargo, las víctimas de violencia de género son tratadas de distinta manera y tienen acceso a los recursos en distinto grado dependiendo del lugar donde se encuentren.

La Conferencia se celebra dos días después de que el Gobierno haya presentado el balance de denuncias y homicidios por violencia de género en 2008. Amnistía Internacional considera que, ante estas cifras (en las que se incluyen 70 mujeres víctimas de homicidio de género en 2008 -y 7 casos en estudio-, 16 de las cuales habían presentado denuncia, y en las que se pone de relieve el aumento de víctimas inmigrantes -hasta un 44,3% de los casos-), los participantes en la Conferencia deben lograr acuerdos que garanticen el establecimiento de estándares mínimos en la respuesta institucional ante la violencia de género en todo el territorio del Estado, de modo que todas las víctimas tengan igualdad de acceso a los servicios, ayudas, protección y justicia, independientemente del lugar donde se encuentren y de su situación administrativa.

Estos estándares mínimos deben resolver las numerosas deficiencias que aún presenta la respuesta institucional a la violencia de género en el ámbito sanitario, en la atención integral a víctimas, en la asistencia letrada especializada o en la administración de justicia (ver Anexo adjunto para más detalles sobre cada uno de estos puntos).

La situación de las mujeres inmigrantes

Amnistía Internacional ha mostrado preocupación en varias ocasiones por la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres extranjeras, más aún cuando se encuentran en situación administrativa irregular.

En este sentido, las nuevas estadísticas presentadas por el Gobierno vuelven a poner de relieve que las mujeres inmigrantes siguen siendo un colectivo con un riesgo mucho mayor de morir a manos de sus parejas o ex parejas, al estar discriminadas en la legislación y en la práctica, y siguen enfrentando importantes obstáculos en el acceso a la justicia y a la autonomía económica.

Amnistía Internacional celebra que el “Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en Población Extranjera Inmigrante 2009–2012”, aprobado el pasado 9 de enero en Consejo de Ministros, prevea que el anteproyecto de la Ley de Extranjería incluya la posibilidad de otorgar el permiso de trabajo a las víctimas de violencia de género inmigrantes con orden de protección que obtengan el permiso de residencia temporal, y para las mujeres reagrupadas en situación de maltrato acreditado.

Sin embargo, las mujeres inmigrantes en situación irregular siguen sin poder acceder en la práctica a las ayudas económicas previstas en la Ley Integral, sin que se hayan tomado medidas para abordar esta discriminación.

Tampoco tienen acceso a las ayudas genéricas que se perciben a través de la Renta Activa de Inserción para demandantes de empleo.

Por último, la organización también lamenta que el plan no incluya la retirada de la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que ordena a los agentes policiales que, además de seguir el protocolo común de trato a víctimas de violencia de género, ante la llegada de una víctima extranjera averigüen si su situación es irregular. (ver Anexo adjunto para más información).

Anexo_Comunicado_210109.pdf

Por otra parte, las asociaciones de Mujeres Juristas Themis y de Mujeres Progresistas coincidieron hoy en que las cifras de víctimas extranjeras de violencia machista “justifica” el fondo de cinco millones de euros que el Ministerio de Igualdad transferirá a las comunidades autónomas para que refuercen la atención a este colectivo.

En declaraciones a Europa Press, la responsable de Themis, Altamira Gonzalo, destacó la importancia de “centrar” a las víctimas para poder atajar el problema y opinó que las comunidades autónomas deberían usar esos fondos para “averiguar qué flancos débiles presentan” tanto las extranjeras como los niños, a quienes también va dirigida la ayuda.

Así, explicó que “en el caso de las inmigrantes, pueden ser ayudas para alquilar una vivienda y en el caso de los menores de edad que han convivido con la violencia de género, quizá tratamiento pscológico, lo que no es muy común, para tratar de minimizar las consecuencias”.

Por su parte, la portavoz de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, tildó la iniciativa de “excelente” porque está encaminada a dar respuesta al colectivo de extranjeras, “más vulnerable ante la violencia de género porque carecen de redes de apoyo sociales y familiares en muchos casos, porque no conocen la ley y porque así lo evidencian las cifras”.

“Mientras la Ley Integral va produciendo efectos muy positivos para las mujeres nacionales, con las inmigrantes no se ha notado este objetivo de la misma manera, y mientras el número de víctimas mortales españolas desciende, no ocurre lo mismo con las extranjeras por lo que se debe hacer un mayor esfuerzo para protegerlas adecuadamente”, señaló.