Un agujero legal del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, permite que los extranjeros ‘sin papeles’ puedan ser detenidos en los Centros de Internamiento (CIE) hasta por 18 meses. Un año y medio. A tenor de la conocida como Directiva de la Vergüenza, España podría incorporar bajo ciertas excepciones la norma europea que permite este período como techo para la privación de libertad en espera de la expulsión.

El Grupo Inmigración y Sistema Penal, conformado por juristas, jueces, fiscales y catedráticos de derecho, lo ha señalado en el informe El Internamiento de Extranjeros en el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Extranjería. Según el documento, el artículo 62 de la nueva ley aumenta el internamiento de los 40 días actuales hasta 60.

Este también permite la suspensión del plazo en tres supuestos. “Mientras dure la tramitación y resolución de los procedimientos de asilo y de habeas corpus”; en caso de enfermedad del extranjero, lo que supone una “discriminación intolerable por razones de salud”; y cuando incurran causas “no computables a la Administración que impidan o dificulten su salida de España”.

De esta manera, durante una convalecencia podría prolongarse la estadía en un CIE a más de 60 días, así como en los casos de personas indocumentadas o apátridas, algo que ocurre con algunos países africanos sin un registro civil. Esto se traduce en la posibilidad de prolongar el encierro en “casi todos los supuestos en que concurran dificultades para emitir o hacer efectiva la expulsión”.

Este aspecto del proyecto de ley, sería un “error” y el Gobierno, así como los órganos de consulta, podrían modificarlo si lo estiman necesario antes de enviarlo al Congreso para su tramitación definitiva, señaló una fuente del Ministerio de Interior citada por el diario Público. “La ausencia de documentación sólo es una falta administrativa y privar de libertad a un inmigrante por ello es una respuesta totalmente desproporcionada”, destaca Martínez Escamilla, una de las autoras del informe.

Condiciones “lamentables”
El Grupo cree que “lejos de mejorar las condiciones jurídicas y materiales de los Centros de Internamiento, la reforma propuesta agravaría sustancialmente una situación ya de por sí lamentable”. La principal crítica de los especialistas es el régimen en el que son encerrados los extranjeros. Sin las garantías de un verdadero control judicial, la custodia de policías sin formación específica, mientras que en las cárceles cuentan con funcionarios especializados.