La reforma de la Ley de Extranjería se enfrentará en el Congreso de los Diputados, durante su tramitación parlamentaria, a unas 500 enmiendas parciales presentadas por todos los grupos de la Cámara. Entre los aspectos más polémicos de la nueva ley se encuentran la ampliación de 40 a 60 días del plazo de internamiento, la restricción de la reagrupación familiar y las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.

El Grupo Socialista ha introducido una enmienda a la redacción del texto para que puedan empadronarse los extranjeros que vivan en un municipio aunque lo hagan irregularmente. Además, matizan varios aspectos para garantizar el acceso de los menores a los servicios básicos, concretar el tratamiento de las víctimas de violencia machista y asegurar que los inmigrantes enfermos puedan no ser retenidos en Centros de Internamiento.

Asimismo, proponen varias modificaciones para la trasposición del Convenio del Consejo de Europa sobre trata de personas y de la Directiva Europea que regula la entrada en el Espacio Schengen de personal extranjero altamente cualificado, ya que los términos de esta nueva norma no se habían concretado cuando el Gobierno elaboró el anteproyecto de Ley.

Setenta enmiendas del PP

Mientras, el PP ha presentado 70 enmiendas destinadas a favorecer la inmigración “legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo”. Los populares proponen la creación de un visado especial para la búsqueda de trabajo, impedir las regularizaciones masivas y crear una Agencia de Inmigración que coordine las competencias del Gobierno central en esta materia.

Asimismo, quieren favorecer la inmigración circular y cualificada, limitar la reagrupación en cadena, expulsar a los inmigrantes que hayan sido condenados a penas superiores a los seis meses y proponen la creación de centros de menores en los países de origen para poder repatriar a dichos inmigrantes que lleguen a España de manera irregular.

CiU pide que se valore el conocimiento del idioma

Por su parte, las enmiendas de CiU, unas 60, se centran en blindar las competencias de Catalunya en materia de Inmigración que recoge el Estatuto de Autonomía y que están relacionadas con la potestad para expedir permisos de trabajo, la gestión de las políticas de primera acogida e integración socioeconómica y la participación activa del Gobierno autonómico en la selección del contingente de trabajadores extranjeros contratados en su país de origen.

Además, la formación nacionalista propone que se tenga en cuenta antes de conceder la nacionalidad a un extranjero su “conocimiento suficiente” de las lenguas cooficiales del Estado. En este sentido, persiguen que sea la comunidad autónoma quien acredite el grado de integración del inmigrante como paso previo a su nacionalización, según las enmiendas a las que ha tenido acceso Europa Press.
Enmiendas parciales a la Ley de reforma de la LOEX presentadas por ER-IU-ICV.

Por otra parte la reforma sigue cosechando rechazos tajantes de colectivos variados. Entre ellos, AI critica las limitaciones de la ley de extranjería
Migreurop solicita que la Ley de Extranjería garantice el derecho de acceso de las ONG a los Centros de Internamiento En un comunicado que suscriben, como parte de Migreurop, ACSUR-Las Segovias, CEAR, SOS-Racismo, la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Andalucía ACOGE, las entidades exigen “que se respeten los derechos de las personas internadas y que los centros dispongan de la dotación material y personal adecuada para que estos derechos puedan ser ejercidos con dignidad”.

En este sentido, expresaron su “radical oposición” a la prevista ampliación del plazo de detención en los Centros de Internamiento de 40 a 60 días y reivindican el fin de estas instalaciones por entender que “una mera irregularidad administrativa no puede dar lugar a que una persona sea sometida al régimen de privación de libertad”.