La legislación europea sobre la expulsión de inmigrantes irregulares, no obliga a la deportación de los mismos, como señala la versión española, sino que le da libertad a los países comunitarios para elegir si se aplica la orden de expulsión o si se impone una multa al extranjero que se encuentra en situación irregular.  El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictó una sentencia dentro de la cual aclara que esta normativa de UE está mal traducida al español. puesto que en el resto de versiones lingüísticas, la expulsión aparece como una posibilidad.

El fallo del TUE, dado a conocer hoy, se refiere al caso de dos bolivianos contra los que el delegado del Gobierno de Murcia dictó en 2006 una resolución de expulsión tras comprobarse a raíz de sendos controles que se encontraban en España a pesar de no cumplir o haber dejado de cumplir los requisitos de estancia. También les prohibió la entrada en el espacio Schengen por un periodo de cinco años.

Los afectados apelaron a esta decisión por considerarla desproporcionada y pidieron que se sustituyera por una multa. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que está examinando estos recursos, preguntó al TUE si la legislación comunitaria obliga a los Estados miembros a expulsar a los inmigrantes en situación irregular.

En su sentencia, el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, constata en primer lugar una “discordancia” en la versión española del código de fronteras de la UE. En efecto, en su versión en español, el código impone una obligación, en la medida en que prevé que el inmigrante detenido en situación irregular “será expulsado” del territorio del Estado miembro de que se trate por sus autoridades competentes. En cambio, en todas las demás versiones lingüísticas, la expulsión aparece como una posibilidad para dichas autoridades.

El TUE concluye que la versión española no refleja la voluntad real del legislador, sino que se debe a un error de traducción. De hecho, la propia legislación española que adapta la normativa comunitaria ya permite sustituir la expulsión de nacionales de terceros países que no cumplan o que hayan dejado de cumplir los requisitos de estancia por una multa.
La legislación europea sobre la expulsión de inmigrantes irregulares, no obliga a la deportación de los mismos, como señala la versión española, sino que le da libertad a los países comunitarios para elegir si se aplica la orden de expulsión o si se impone una multa al extranjero que se encuentra en situación irregular. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) dictó una sentencia dentro de la cual aclara que esta normativa de UE está mal traducida al español.