El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy por 185 votos a favor y cuatro abstenciones, la remisión al Senado del proyecto de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros con los votos en contra del Grupo Popular y la coalición ERC-IU-ICV y UPyD. El respaldo procedió de CiU, Coalición Canaria y el PNV, que apoyaron al Grupo Socialista en la votación.

ASPECTOS DESTACADOS DE LA REFORMA

La modificación más polémica es la ampliación a 60 días del plazo máximo que un inmigrante puede pasar retenido en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), en espera de su expulsión. Pero a la vez hay un avance, al permitir el ingreso a estas instalaciones a las ONG e impone la necesidad de elaborar un reglamento específico para su funcionamiento.

Otro punto motivo de tertulias, es el Informe de Integración, que fue incluido por petición de CiU. Este será tomado en cuenta para la concesión de permisos de residencia, trabajo, o nacionalidad. Una propuesta similar a la que propuso el PP en la pasada campaña electoral, bajo el nombre de ‘Contrato de Integración’.
algo que fue cuestionado en su momento, por el PSOE y CiU, que ahora han impulsado el Informe de Integración.

La reforma además refuerza las competencias sobre la gestión de los permisos iniciales de trabajo que recogen los estatutos de autonomía, de comunidades como Cataluña o Andalucía y reconoce la potestad de los gobiernos regionales para negociar acuerdos de colaboración con los países de origen de los inmigrantes.

También se incorporan modificaciones importantes sobre las víctimas de violencia de género. En el caso de no tener permiso de residencia, el procedimiento de expulsión incoado en consecuencia, se suspenderá en cuanto presenten denuncia por malos tratos y en espera de resolución judicial. Además, se les ofrece la posibilidad de regularizar su situación ajustándose al supuesto de “circunstancias excepcionales”.

El proyecto modifica asimismo el régimen de reagrupación familiar, restringiendo este derecho a la familia nuclear (cónyuge o análogo e hijos) y limitando la posibilidad de reagrupar ascendientes a aquellos casos en que tengan más de 65 años o existan razones de tipo humanitario que lo justifiquen. Además, reconoce el permiso de trabajo automáticamente a los familiares reagrupados que tengan 16 años.

Por último, el régimen sancionador impone el “principio de proporcionalidad”, especialmente a la hora de sustituir la pena de sanción de multa por la de expulsión del territorio nacional en caso de infringir la ley y permanecer en España en situación irregular.

Esta reforma, la cuarta en ocho años, comenzó su andadura el pasado 26 de junio, cuando el Consejo de Ministros ordenó su tramitación por vía de urgencia. La modificación se justificó entonces por la necesidad de corregir el articulado de la ley vigente que había sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional y adaptar la normativa a las directivas europeas.

DEBATE EN EL CONGRESO

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, que asistió al debate desde la tribuna de invitados, destacó que el resultado es una “ley moderna, integradora, que apuesta por la integración, refuerza la eficacia de la lucha contra la inmigración clandestina y apuesta claramente por el orden, el control y la legalidad”. Asimismo, expresó la “satisfacción del Gobierno por el respaldo que ha tenido la ley y que ha puesto de manifiesto su voluntad de diálogo”.

Además, anunció que el Ejecutivo “ya está trabajando” en la elaboración de un Reglamento de Extranjería acorde con las modificaciones incorporadas en la reforma y aseguró que la normativa se elaborará “desde el diálogo y el consenso”. Si bien no adelantó plazos, señaló que estará aprobado “lo antes posible”, probablemente “antes de un año”.

Durante el debate parlamentario el portavoz del Partido Popular en Inmigración, Rafael Hernando, anunció que si su formación llega al poder modificará la ley porque “no se ha contado” con ella para elaborarla, ya que, según dijo, de 63 enmiendas planteadas “sólo una” ha sido incorporada. “Es una reforma cosmética, continuista con la política de estos últimos cinco años, que ha convertido la inmigración en el tercer problema de los ciudadanos”, aseguró.

Por su parte, la negativa de IU-ICV-ERC a apoyar el proyecto reside en que mantiene la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento previo a la expulsión, no recoge una reforma del Código Civil que permita nacionalizarse en menos de diez años a los extranjeros no latinoamericanos y no incluye el derecho a voto de los ciudadanos no procedentes de la UE en los comicios municipales. “El problema es que por parte del Gobierno se prima el discurso duro antes que la realidad”, explicó el diputado de ICV, Joan Herrera.

RESPALDO DE CiU, CC Y PNV

Por contra, CiU y Coalición Canaria coincidieron en destacar los “avances” de un texto al que se han incorporado cerca de 300 enmiendas durante la tramitación parlamentaria. Así, el portavoz de CC, José Luis Perestelo, puso el acento en que la reforma reconoce que las comunidades autónomas “no pueden solas” con la gestión y protección de los menores extranjeros en situación de desamparo.

En las filas de CiU, Carles Campuzano destacó la consolidación en la Ley de Extranjería de las competencias sobre los permisos de trabajo y la integración que recogen los estatutos de autonomía de regiones como Cataluña y Andalucía, y puso el acento en que se ha visto “ampliada la participación” de los gobiernos regionales en ámbitos que “no estaban contemplados”, como “la renovación de la residencia temporal, la concesión de la regularización por arraigo, la obtención de la residencia de larga duración o la contratación en origen”.

De parte del PNV, Emilio Olabarría justificó el respaldo de la formación al proyecto porque el debate parlamentario “ha permitido modificar elementos ontológicos del proyecto que presentó el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho“. Pese a ello, reiteró que quedan “tres temas a resolver en el Senado”: el reparto de los menores extranjeros desamparados entre las comunidades autónomas, el reconocimiento del permiso de trabajo para las víctimas de violencia machista aunque no tengan una sentencia que avale su condición y la prohibición de la inadmisión a trámite en las solicitudes de arraigo.

REACCIONES CRITICAS DE COLECTIVOS SOCIALES

La Ley de Extranjería “continua dominando el espíritu discriminatorio”, afirmó hoy CC.OO., para quien no hay ningún indicio de que se introduzcan cambios en profundidad respecto a las leyes “regresivas” de los gobiernos del PP.

En un comunicado, el sindicato criticó que el PSOE, y sus “aliados a la carta” CiU y Coalición Canaria (CC), “no están por la labor de hacer una nueva ley que elimine la discriminación, al contrario, en algunos aspectos consolidan una visión de ciudadanos de primera, de segunda y de tercera”. Como ejemplos, CC.OO. criticó que se limite el derecho a la reagrupación familiar de los ascendentes, cosa que calificó de “vergüenza y mancha negra” en los valores democráticos.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas y la Red Acoge denunciaron este jueves que la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en el Congreso de los Diputados y remitida al Senado “restringe derechos fundamentales” de los inmigrantes.
En un comunicado estas organizaciones, que han participado en la elaboración de la reforma aportando “decenas de enmiendas” a los grupos parlamentarios, explicaron que si bien se ha conseguido “alguna mejora relevante” el texto incluye “importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes”.

Así, aseguran que imponer la obligación de que se incoe procedimiento de expulsión a las víctimas de violencia de género en situación irregular “desincentivará las denuncias” y critican la restricción “injusta” de la reagrupación de familiares en grado de ascendencia porque “perjudicará gravemente el proceso de integración social”.

En cuanto a las sanciones para quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular, las ONG señalan que “esto supondrá, por ejemplo, que un sector significativo de la población inmigrante podrá ver en peligro el acceso a los recursos de la sanidad pública en un momento de especial preocupación”.

En el apartado de las mejoras, destacan la posibilidad de que las organizaciones sociales legalmente constituidas en España puedan visitar y fiscalizar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), aunque lamentan que la ley haya mantenido la ampliación a 60 días del plazo máximo que pueden estar internados los extranjeros en estos centros.

Estas tres organizaciones mantendrán interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para “intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de las personas inmigrantes”, señalaron las entidades.