La Fiscalía Provincial de Vitoria solicitó en lo que va de año la sustitución de la condena privativa de libertad de 82 ciudadanos extranjeros ‘sin papeles’ por su expulsión. «Su cumplimiento es, en gran parte, complicado. Aparecen numerosas trabas para lograr su expulsión», reconocen fuentes judiciales. En primer lugar, no todos los procesos pueden incluir la solicitud de deportación: sólo se puede exigir cuando la pena sea menor a seis años. «Si es superior, el acusado deberá ingresar en la cárcel en España», explican.
A veces, incluso, los propios países, sobre todo «africanos», impiden que la expulsión salga adelante pues «se niegan a admitirles».