Comunicado de Harresiak Apurtuz. El texto de reforma de la Ley de Extranjería aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 29 de octubre restringe derechos básicos de las personas inmigrantes, dificulta su auténtica integración y aumenta las infracciones administrativas que tienen que ver con el elemento extranjero.

A lo largo de estos meses, hemos desarrollado una campaña de movilización social en protesta por la próxima reforma de la LOEX. Con la convicción de que Aquí no Sobra Nadie, más de 120 colectivos hemos planteado nuestras reivindicaciones a instituciones, partidos políticos y demás agentes sociales.

Numerosas reuniones, trabajo de análisis, concentraciones y manifestaciones han sido las herramientas para hacer llegar al Gobierno nuestras denuncias. No ha sido suficiente para un Gobierno que se autoproclama progresista porque en el texto aprobado el 29 de octubre:

- Se sigue obstaculizando la reagrupación familiar de las y los ascendientes exigiendo que la persona que reagrupa cuente con autorización de residencia de larga duración; y que la o el ascendiente reagrupado tenga más de 65 años. Esto supone una vulneración clara del derecho a vivir en familia, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y una barrera más para conseguir una plena integración del colectivo inmigrante. Todas y todos necesitamos de la familia.

- Se recortan derechos básicos en materia de vivienda a las personas residentes temporales, y no se reconoce el derecho a la educación en todas las etapas a las personas extranjeras en situación irregular, incumpliendo la sentencia del Tribunal Constitucional al respecto.

- Aumenta el tiempo de internamiento en los CIES de 40 a 60 días, atentando contra el derecho fundamental a la libertad y tan sólo por una infracción administrativa; con el agravante de que no cuentan con una regulación única y central, lo que causa mayor vulnerabilidad entre las y los internados.

- Se mantienen infracciones graves como consentir la inscripción de personas inmigrantes en el padrón municipal cuando dicha vivienda no constituya su domicilio real, lo que supone una restricción importante al acceso a derechos fundamentales como la asistencia sanitaria y la educación.

- Se incluye, además, la posibilidad de no renovar las autorizaciones de residencia temporal por incumplimiento de las obligaciones en materia tributaria y de seguridad social, algo de especial significación en un contexto de recesión económica.

La mención en el propio preámbulo de la necesidad de ajustar los flujos migratorios a nuestra capacidad de acogida y a las necesidades reales del mercado de trabajo evidencia una política migratoria que no considera a las personas inmigrantes como sujetos de derecho sino como simple mano de obra a merced de un contexto económico.

Desde Harresiak Apurtuz queremos recordar:

- Que los derechos de las personas inmigrantes no son privilegios concedidos por un Estado en función de “las necesidades reales del mercado de trabajo” sino derechos fundamentales inherentes al ser humano.

- Que la auténtica integración de las personas inmigrantes, así como la convivencia y cohesión social entre éstas y la sociedad de acogida, tiene su punto de partida, precisamente, en el reconocimiento de todos los derechos y no en la creación de ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría.

- Que las reformas legislativas deberían tener una visión de continuidad y aunar el mayor consenso posible y, sin embargo, este gobierno que se autoproclama progresista ha desoído sistemáticamente la opinión de las asociaciones de personas inmigrantes insistiendo en una reforma restrictiva e injusta.

Ante el contexto político migratorio que se presenta con esta Reforma de la Ley de Extranjería, los colectivos sociales seguiremos reivindicando la no discriminación y la equiparación de derechos. No cesaremos en la denuncia del endurecimiento de las políticas migratorias que se materializan en la expulsión y el cierre de fronteras.