El Senado aprueba por UN VOTO la reforma de la Ley de extranjería. El Pleno del Senado dio hoy luz verde con 127 votos a favor y 126 en contra, al proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, que contó con el respaldo de PSOE, CiU, PNV y Grupo Mixto y la oposición de parte de la Entesa Catalana (ICV y ERC) y el Grupo Popular, para quien el texto que será remitido al Congreso es “una reforma cosmética”, “una oportunidad perdida” y “una ley muy de Zapatero, que en Europa dice una cosa y en España todo lo contrario”.

El PP ha lamentado que durante el trámite parlamentario de la ley en la Cámara Alta no se hayan admitido ninguna de las más de 70 enmiendas de su grupo y que se haya dado el visto bueno “a una ley de unos pocos, cuando debía haberse aprobado con un gran pacto de Estado”.

El senador popular Eugenio Jesús Gonzálvez ha insistido en la necesidad de aprobar un contrato de integración, ha pedido que se impida a las Comunidades Autónomas asumir competencias hasta ahora desarrolladas por la Administración central y que se cambie la denominación de la ley para que se refiera a los “Derechos y Obligaciones” de los extranjeros.

Durante el debate, algunos grupos, como PNV y BNG, han lamentado que se haya tramitado esta reforma por el procedimiento de urgencia, que ha dado a los senadores un plazo de cinco días para analizar el texto trasladado por el Congreso y posicionarse ante las más de 300 enmiendas presentadas en esta cámara.

La mayoría de las enmiendas aprobadas en el Senado han sido para corregir errores técnicos o de redacción.

Junto a ellas, el proyecto que vuelve al Congreso incluye una transaccional del PSOE y CiU que elimina en el artículo que se refiere a las víctimas de trata de seres humanos -a las que se les suspende el expediente sancionador o la expulsión mientras deciden si cooperan con las autoridades- la obligación de presentar documentos “cuya obtención suponga un riesgo para la víctima”.

La reforma de la ley de extranjería permite a las ONG y a las entidades privadas asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados y amplía el plazo máximo de permanencia en los Centros de Internamiento de Extranjeros de los cuarenta días actuales a sesenta.

La reagrupación queda limitada a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a los padres del reagrupante y su cónyuge “cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España”.

Con la nueva ley, las Comunidades Autónomas con competencias podrán conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, establecer relaciones con terceros países para la contratación y tramitación de visados y cobrar las tasas y sanciones administrativas pertinentes.

Además podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes, asumir o traspasar la tutela de menores no acompañados y establecer acuerdos con los países de origen para procurar la “atención e integración social de los menores”.

La ley también detalla los esfuerzos de integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus permisos de trabajo o residencia y que incluyen la participación en cursos de formación sobre “valores constitucionales y estatutarios”, derechos humanos “tolerancia e igualdad” y conocimiento de las lenguas oficiales.

En esta línea, la portavoz del PNV, Miren Lore Leanizbarrutia consideró “muy positivas” las modificaciones incorporadas en el texto mediante las enmiendas a lo largo de la tramitación y expresó su respaldo al proyecto con una salvedad: no se ha incoporado su propuesta de establecer criterios de proporcionalidad para repartir entre las comunidades autónomas la custodia de los menores inmigrantes llegados irregularmente a España.

Los senadores de ICV y ERC pusieron el acento en que “se ha aprovechado” la obligación de reformar la ley por mandato del Tribunal Constitucional para “hacer otras cosas”, con las que no están de acuerdo, como la ampliación a 60 días del plazo de internamiento o la restricción de la reagrupación familiar al cónyuge o análogo y los hijos menores de edad.

La senadora socialista Matilde Fernández ha destacado que la nueva legislación avanza en los objetivos europeos, garantiza la integración, lucha contra la inmigración ilegal y plantea “una política seria de retorno” y de “tolerancia cero con la trata” de personas.

Durante la tramitación en el Senado los grupos incorporaron un artículo por el que se obliga al Gobierno a presentar informes periódicos sobre la situación de la inmigración en España, pero mantuvieron las principales reformas consensuadas en el Congreso: la restricción de la reagrupación familiar; la protección de las víctimas de violencia machista, el endurecimiento de las sanciones y la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento de extranjeros.

En total, la Comisión de Trabajo e Inmigración del Senado analizó más de 380 enmiendas planteadas por todos los grupos de las que finalmente se incorporó una veintena, encaminadas fundamentalmente a realizar mejoras técnicas en la redacción original y a incorporar la normativa europea aprobada este año sobre política de visados en el espacio Comunitario que, por razones de tiempo, no se pudo incorporar durante la tramitación en el Congreso.