El Parlamento aprobará hoy la nueva Ley de Extranjería, con el apoyo del PSOE, CiU y Coalición Canaria y la oposición del PNV, UpyD, ERC, IU-ICV y Nafarroa Bai.Tal y como han avanzado los portavoces de los grupos durante el debate parlamentario, al que ha asistido el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, la ley recibirá el respaldo final del Congreso, después de que el Senado la aprobara por 127 votos a favor y 126 en contra. Mientras representantes de 50 ONG se concentran con trajes de presidiario a las puertas del Congreso contra la Ley de Extranjería

Corbacho, que ha definido la norma como “una buena ley porque corrige elementos que discriminaban”, ha asegurado que la nueva normativa “mejora los procesos para conseguir el objetivo de que la inmigración sea legal y ordenada, y potencia los elementos de la integración”.

A su juicio, el Estado español tiene dos retos, por un lado apostar por una inmigración legal dentro de un contexto europeo y, por otro, apostar “decididamente” por un proyecto de integración para construir una sociedad “rica y plural”.
Novedades de la norma

Se perseguirá la inmigración irregular, nunca la acogida humanitaria. El objetivo, explican en Inmigración, es poder perseguir a las mafias.
La estancia máxima en un centro de internamiento sube de 40 a 60 días.
La reagrupación familiar sólo se permitirá en adultos mayores de 65 años o por razones humanitarias. A los hijos en edad de trabajar se les permitirá obtener el permiso de trabajo además del de residencia. Acota la reagrupación básicamente a la familia nuclear. La novedad es la inclusión en esta categoría a las parejas de hecho.
Los menores que vayan a ser repatriados tendrán derecho a ser asistidos por un abogado.
Por primera vez, a las extranjeras víctimas de violencia doméstica se les ofrece la posibilidad de obtener una autorización por circunstancias excepcionales para facilitar la denuncia. Si hay condena se le concede el permiso de residencia y trabajo, en caso contrario, y si es ilegal, se tramita un expediente sancionador.
Las ONG que asisten a los inmigrantes no podrán ser perseguidas por trabajar para los inmigrantes ilegales.
Reconoce los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga de los extranjeros.
Prevé nuevas infracciones para evitar actuaciones fraudulentas, como los matrimonios de conveniencia.
Crea un registro para controlar las entradas y salidas de extranjeros.
Aumenta las sanciones económicas para todas las infracciones, que pueden llegar hasta los 750.000 euros.
Considera infracciones graves y/o muy graves trabajar sin permiso o no dar de alta al trabajador en la Seguridad Social, entre otros.