Comunicado de prensa

En relación con los hechos acaecidos entre el 5 y el 9 de Enero en Vitoria-Gasteiz que, se difundieron, como una presunta fuga o abandono voluntario de un grupo de 26 menores acogidos en dos de los centros dependientes de la Diputación Foral de Alava manifestamos lo siguiente:

Que el motivo por el que estos menores tutelados expresan su deseo de no regresar a los centros es que presuntamente han soportado situaciones reiteradas de violaciones a sus derechos fundamentales reconocidos legalmente tales como: violaciones a su dignidad e integridad personal recibiendo tratos inhumanos y degradantes, castigos desproporcionados, violaciones a la libertad cultural y religiosa, a un alimentación adecuada, presiones psicológicas y sometimiento al estrés. Entendemos que –sin presumir nada- y dado que hay indicios suficientes, estas denuncias son lo suficientemente graves como para que sean puestas en conocimiento de las instancias competentes con el fin de que se esclarezcan y se tomen las medidas oportunas.

Además el soportar estas situaciones y sanciones cobraba sentido para ellos por su necesidad de disponer del certificado de tutela, al que legalmente tienen derecho. Este certificado resulta indispensable para poder tramitar su permiso de residencia tal y como exige la ley de extranjería.

La sorpresa con la que nos encontramos fue encontrarnos con que el grupo de menores que llevaban varios días en la calle, que por los motivos aquí citados, se negaban a regresar a los centros, sin que ninguna instancia pública, al parecer, actuara de manera pronta y efectiva para resolver la situación; razón por la cual, estos menores recurrieron a diversas entidades institucionales y sociales con las que anteriormente tenían contacto, decidiendo finalmente por ellos mismos regresar al centro.

La Diputación Foral de Alava es la única responsable de las situaciones aquí planteadas, y le exigimos:

Que no desvíe la atención sobre las posibles irregularidades en los centros, con argumentos totalmente improcedentes tales como que los menores no quieren limpiar o que han “agredido” a algún monitor, dedicándose a lo que realmente le compete, que es garantizar el escrupuloso respeto de todos los derechos que por ley asisten a estos menores, así como a supervisar y evaluar a fondo si la empresa privada que hoy los gestiona es realmente competente.

Que cumpla la Ley 3/2005 de atención y protección a la infancia y la adolescencia, extendiendo las preceptivas órdenes forales de tutela a los jóvenes, sin negarse de manera arbitraria a ello. Actualmente jóvenes que cumplen los 18 años y llevan incluso 16 meses de estancia, se ven obligados a abandonar los centros sin certificado de tutela, condenándoles a la ilegalidad, situación que ya ha sido denunciada ante la Fiscalía.

Que deje de cerrar y limitar recursos y desarrolle políticas públicas de protección y acogida recogidas en la ley, tales como redes de hogares de acogida, pisos de emancipación, entre otras.

Por nuestra parte nos comprometemos a seguir defendiendo los derechos que asisten a estos menores, y a no dejarles solos en la situación de desamparo en que se encuentran por su condición de extranjeros, de menores y por recibir un trato arbitrario por parte de la Diputación.

Asimismo, comunicamos que estamos trabajando y utilizaremos todos los medios legales y sociales a nuestro alcance para defender los derechos que les asisten y nos ofrecemos para que las instituciones competentes superen su sentimiento de “soledad institucional”, en todo caso elegida por ellas mismas, por desoír a los propios jóvenes bajo su tutela, y a quienes tenemos relación con ellos, ofreciéndonos en todo momento a colaborar en esta tarea.