El Departamento vasco de Asuntos Sociales ha aclarado hoy que los jóvenes de 18 años que salen de la tutela administrativa tendrán derecho a cobrar la renta de garantía de ingresos, siempre y cuando suscriban un convenio de inclusión, vinculado a la formación y al empleo.

En un comunicado, el Departamento ha confirmado que está preparando el decreto correspondiente sobre esta materia, en el que se diseña un programa de inclusión específico para los jóvenes que salen de la tutela administrativa.

Ha recordado que la Ley de Garantía de Ingresos Mínimos establece que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se puede percibir desde los 18 años, aunque como norma general se estipula a partir de los 23 años.

En concreto, la ley contempla que la RGI puede ser percibida por jóvenes entre 18 y 23 años que se encuentran en riesgo de alta exclusión, como es el caso de los jóvenes procedentes de los centros tutelados.

Una vez que cumplen 18 años, estos jóvenes salen de la tutela administrativa y son independientes a todos los efectos. Sin familia y sin recursos, según el Departamento, “se trata de un colectivo especialmente vulnerable y con un importante riesgo de sufrir la exclusión social e incluso caer en la delincuencia”.

Para hacer frente a ese fenómeno, el Departamento vinculará en el decreto correspondiente la recepción de la ayuda a la firma de un convenio de inclusión por parte de los menores.

Para la materialización de estos convenios, contará con las empresas de inserción y los centros especiales de empleo, entre otros. La finalidad es la de “acompañar a estos jóvenes hacia el acceso al mercado laboral normalizado y hacia una inclusión social efectiva”.

El cumplimiento de la ley de Servicios Sociales será evaluado

El Consejo Vasco de Servicios Sociales ha emitido su informe preceptivo sobre el decreto de la Alta Inspección de los servicios sociales que prepara el Gobierno Vasco y que permitirá evaluar el cumplimiento de la legalidad.

La Alta Inspección es un órgano de nueva creación, recogido en la Ley de Servicios Sociales, que permitirá evaluar el cumplimiento de la ley, evitar los desequilibrios territoriales y controlar el correcto funcionamiento de las prestaciones que ofrece el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

El órgano evaluará la gestión de las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales para conseguir un funcionamiento equilibrado

Sus actuaciones consistirán en la realización de análisis, investigaciones o estudios de los servicios. Este trabajo dará lugar a informes o dictámenes, y en caso de incumplimiento de la normativa vigente, se requerirá que lo subsane a la Administración correspondiente.

El procedimiento de alta inspección se iniciará siempre de oficio, bien por propia iniciativa, bien por orden superior.

Para la comprobación del cumplimiento de la normativa de servicios sociales, la Alta Inspección podrá girar visita a los centros de titularidad pública, a los concertados, contratados y convenidos integrantes del Sistema Vasco de Servicios Sociales y a las entidades privadas de servicios sociales que no participan en dicho Sistema.