En la presentación del informe de actuación anual de la institución que dirige, el Ararteko, Iñigo Lamarca, consideró que el Estado español puede «coordinar mejor» las políticas sobre los menores. La Delegación del Gobierno le respondió que es cuestión de las diputaciones. Íñigo Lamarca, ha apostado hoy por que el Gobierno español “coordine mejor” todas las actuaciones públicas y por que las instituciones vascas eviten generar “alarma social” con este colectivo.

Lamarca ha comparecido ante los medios de comunicación, después de entregar a la presidenta del Parlamento Vasco, Arantza Quiroga, el informe de actuación anual de la institución que dirige correspondiente al año pasado.

En este informe se hace una especial mención a la situación de los menores extranjeros no acompañados, que ya fue objeto de un informe específico el año 2005.

Ha recordado que a finales del año pasado en el País Vasco había entre 650 y 700 menores extranjeros, con lo que era la comunidad autónoma que más tutelados tenía después de Canarias.

Tras reconocer que, en general, la asistencia de las administraciones vascas es “razonablemente buena”, Lamarca se ha referido a las peticiones de distintas instituciones vascas para que el Estado establezca un sistema de cupo territorial de acogida de menores.

Ha precisado que la institución del Ararteko no se va a pronunciar sobre si ese sistema de cupo es o no el más adecuado, aunque ha insistido en que lo “sustancial es que no haya menores deambulando o desatendidos”.

Lamarca ha considerado que el Estado puede “coordinar” mejor las políticas, en colaboración con las comunidades autónomas, con el establecimiento de un registro de menores no acompañados que funcione “debidamente”.

Ha pedido a las instituciones, como la Diputación Foral de Guipúzcoa o el Gobierno Vasco, que eviten polémicas como la que han mantenido recientemente, después de que la consejera de Justicia afirmara que algunos menores delinquen para ser internados en régimen cerrado y evitar los centros tutelados por la institución foral.

Lamarca ha asegurado que las instituciones no deben alimentar la “alarma social” sobre este colectivo que en su inmensa mayoría, ha dicho, tiene un comportamiento “bueno y hasta ejemplar”.

En el informe anual se recuerda el cierre del centro Oilur, en Deba (Guipúzcoa) que, a juicio de la institución, no ayudó a mejorar la imagen del colectivo, ya que “uno de los problemas que tiene la atención a los menores extranjeros” en este territorio es que “se ha generado una alarma social que no beneficia al proceso de integración social de estos chicos ni a la convivencia social, lo que da lugar a debates políticos ajenos a los derechos de los menores”.

El informe anual de actuaciones del Ararteko constata que esta institución atendió a lo largo el año pasado 4.221 consultas, el 4% más que el ejercicio anterior.

En total, a lo largo de 2009 se presentaron 1.917 quejas, más de un 11% por encima de las presentadas en 2008, y se abrieron 75 expedientes de oficio.

En el informe se recoge un incremento de las reclamaciones relacionadas con prestaciones sociales de contenido económico, así como las referidas a la asistencia a la infancia y la adolescencia.

Lamarca ha explicado que, básicamente, las reclamaciones tienen que ver con la denegación o suspensión de ayudas como la Renta de Garantía de Ingresos o las ayudas de emergencias social o de vivienda