La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha denunciado la “inseguridad jurídica” en el tratamiento de los menores inmigrantes que llegan a España en situación de desamparo.

“El niño según la Comunidad Autónoma en donde reside puede tener mayor o menor oportunidad de poder integrarse y de no ser repatriado, al margen de sus circunstancias personales y sociológicas, que serían las que deben de determinar cualquier decisión al respecto”, ha afirmado Bravo.
Bravo ha reconocido que el sistema de atención a los menores inmigrantes en España es “deficitario” y corre el riesgo de provocar una “doble exclusión social”, en su país de origen y en su nuevo destino.
Durante su conferencia, se ha referido también a los problemas en la determinación de la edad de los menores, por la falta de fiabilidad de algunas pruebas óseas, así como a al trato recibido en algunos centros de protección.