El Ararteko cree se debería tener más cuenta y mejorar los recursos para que el acceso a los servicios sociales sea más igualitario o sea en proporción a las necesidades y al grado de vulnerabilidad y facilidad que tiene cada sector social.Le hemos vuelto a ver otra vez en Irun en ese alarde apoyando el alarde mixto, este es un problema que no termina de solucionarse.

La solución yo creo que sería más rápida si los poderes públicos o las instituciones todas ellas cumpliesen lo que dice el Art. 25 de la Ley de Igualdad que se aprobó en el 2005 en el Parlamento vasco por una mayoría abrumadora, y que dice primero que todas las Administraciones públicas se tienen que apoyar aquellas manifestaciones festivas o culturales que garanticen la igualdad entre las mujeres y los hombres y que eso implica el no dar ningún apoyo institucional, ni público ni simbólico a aquellas manifestaciones que discriminan a la mujer y una vez más pudimos constatar y eso a mi me apena muchísimo que el alarde tradicional donde las mujeres no pueden participar en condición igualdad fue saludado desde el balcón consistorial por su alcalde y por la mayoría de los concejales de la Corporación, por los concejales del PS, PNV y PP que apoyaron esa ley y por tanto la están incumpliendo. Y eso hay que decirlo. En cambio en el alarde mixto faltó clamorosamente la presencia de esos corporativos y el apoyo institucional fue exiguo. Por lo tanto si las instituciones fuesen consecuentes y coherentes con lo que dice la ley de Igualdad que aprobaron, insisto, con abrumadora mayoría pues seguramente el recorrido sería más corto para que sería un escenario de absoluta normalidad.

Y ud. cuando habla con los alcaldes tanto de Hondarribia como de Irun o se ha dirigido a ellos, qué le dicen.

Pues dicen que el alarde es una manifestación privada, que ellos no tienen nada que ver, y que por tanto en la esfera privada pues ellos no tienen ninguna competencia. Eso es una verdad a medias porque en los programas oficiales todavía sigue figurando aunque pugne la coletilla, en Irún en concreto, que organiza una entidad privada pues el programa oficial del Ayuntamiento sigue recogiendo el alarde y sólamente el alarde tradicional. Insisto el alcalde y la mayoría de los corporativos saludan el alarde tradicional y sólo el alarde tradicional desde el balcón consistorial, acuden a sus concentraciones, a sus fiestas, insisto y sin cumplir la ley de Igualdad, por tanto hay una gran incoherencia y un incumplimiento clamoroso de lo que dice la ley de Igualdad.

Por cerrar este episodio vamos a poner una buena nota, en este caso en Llodio, donde sí se ha conseguido romper algo que seguía siendo machista en nombre de la tradición con intervención de poderes ajenos pero que tienen mucha influencia. En este caso me parece que ha sido el Obispado directamente quien parece que ha influido algo para que se rompiera esa tradición machista.

Sí, efectivamente. La verdad es que la intervención que ha habido en Llodio ha sido modélica._En primer lugar hay que felicitar al Ayuntamiento y a su alcalde, el que desde el primer momento asumió la recomendación del Ararteko y cortó toda ayuda oficial a la comida de la hermandad tanto en cuanto no permitiese la incorporación de las mujeres. Y después todas las instituciones han trabajado codo a codo, de la mano, el Ayuntamiento de Llodio, la Diputación de Álava, el Ararteko, Emakunde, la defensoría de la igualdad y también en último momento el Obispado, porque la gente se puede sorprender por ello pero resulta que había un dictamen jurídico que decía, discutible, pero en cualquier caso decía que la hermandad de la cofradía y la comida de la hermandad se regía por el Derecho Canónico, y por tanto era el Obispado, el Obispo, la autoridad que tenía que dictar las reglas al respecto y también se implicó, y hay que decirlo, felizmente a favor de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Y el hecho de que todas las instituciones hayan ido de la mano y hayan dado, incluido el Obispado insisto, una única voz ha sido muy favorecedor para que un problema que parecía a priori muy difícil de resolver pues haya encontrado un cauce de solución. Y en este sentido también es loable en el caso de Llodio que todos los partidos hayan ido de la mano, cosa que no ocurrió en Irún y en Hondarribia donde el tema de los alardes fue en su día históricamente un tema de confrontación política. Y eso desde luego hay que evitar en temas tan sensibles pero que conciernen a derechos fundamentales como es el de la igualdad todos los partidos debieran hacer un esfuerzo por ir de la mano y por ser coherentes, insisto una vez, con lo que dicen las leyes, en este caso la ley de Igualdad.

Le está dando mucho trabajo la situación de crisis. Lo digo porque el otro día ud. presentó ese informe sobre la situación de los servicios sociales de base un poco ligado también a la situación económica en la que nos encontramos. No sé si hay especial preocupación, especial trabajo en ese campo ahora.

Ya el año pasado constatamos un aumento considerable de aquellas quejas relativas a asistencia social, sobre todo aquellas que tienen un contenido económico. Yo preveo desgraciadamente que el número de quejas este año va a aumentar, está aumentando ya de hecho, porque ocurre que hay muchos trabajadores que se han quedado en paro que están percibiendo el subsidio de desempleo, pero cuando se acabe ese subsidio en el plazo de un año, o dos años y no encuentran empleo pues tendrán que recurrir a las ayudas de contenido económico fundamentalmente la renta de garantía de ingresos y seguro que habrá un aumento de quejas porque se dilata en el tiempo la percepción de esta renta, etc., etc. Hay que tener en cuenta, efectivamente presentamos el pasado 21 de junio un informe extraordinario monográfico sobre servicios sociales de base y constatamos el riesgo que existe de colapso en estos servicios, colapso en tanto no quiero generar alarma, que corre el peligro de que se bloquee o de que se paralice el servicio, no ni mucho menos, sino que merme en su calidad, en concreto por ejemplo, la atención que en este momento los servicios sociales de base dan a quienes acuden a estos servicios es un poco más de 19 días de espera y en las capitales llega a casi un mes. Lógicamente una saturación de esos servicios podía dar lugar a un alargamiento de estos plazos, hay que tener en cuenta que los servicios sociales de base son la puerta de entrada no sólamente para la percepción de la mayoría de las asistenciales sociales sino también de aquellas que tienen un contenido económico, y en concreto esta que he citado de la renta de garantía de ingresos y claro es absolutamente necesario que quien no tiene ningún ingreso empiece a percibir, si cumple los requisitos para ello evidentemente, lo antes posible y por tanto cualquier demora puede ser fatal para esas unidades familiares. Por lo tanto sí hay que dar un toque para que aumente la eficacia sobre todo las respuestas urgentes y rápidas a aquellas situaciones que lo demandan.

Parece que es una cuestión de recursos pero no sé si también de organización porque tenemos este asunto bastante disperso y disgregado entre diferentes instituciones y eso también dificulta un poco incluso hasta para llevar las cuentas públicas de cuánto se gasta en esto.

Efectivamente. Tengamos en cuenta que los servicios sociales de base pertenecen al ámbito municipal, es competencia municipal, en este estudio lo que hemos hecho es acudir o recabar información a estas unidades de los servicios sociales de base que son en total 262 en la comunidad autónoma del País Vasco, hay 251 municipios, pero las capitales y algún municipio tiene más de una unidad y han respondido 216 por tanto hay un grado de representatividad de más del 80%. Y hemos constato la enorme heterogeneidad que existe, lo cual de una parte es lógico, porque tanto en cuanto es una competencia municipal, cada municipio evidentemente en el uso de sus competencias puede establecer aquellas reglas que entienda que son más oportunas. Pero sí que se constata la necesidad de que haya unos criterios homogéneos sobre todo en aquellas demandas sociales que tienen carácter urgente. Y por lo que respecta a la financiación eso desde luego los ayuntamientos lo vienen reclamando desde hace mucho tiempo, sí que se necesitaría unos criterios más igualitarios porque por ejemplo la Diputación de Álava sí que asume el 45% de la financiación de los servicios sociales de base, pero en Gipuzkoa y Bizkaia no ocurre tal cosa. En cuanto a la financiación hay otro dato también importante y es que el gasto que cada municipio hace para estos servicios sociales de base es muy dispar, hemos creado una escala y en esa escala da que Pasaia está encabezando el ranking, digamos, con un gasto de más de 30 euros por habitante y en cambio Barakaldo tiene un 8,6, entonces las diferencias son enormes. La financiación en todo caso es un tema complejo porque en casi un 73% lo asumen los propios ayuntamientos, el Gobierno asume un 15% y luego como he dicho antes la Diputación de Álava un 45% de su territorio. Todo eso habría que clarificar._El momento es bueno por otra parte porque es el momento en el que se tiene que desarrollar la ley de Servicios Sociales y por otra parte la ley municipal que lleva tiempo esperando y por lo tanto todo lo relativo al ejercicio de las competencias municipales se tienen que clarificar y además es urgente hacerlo porque en la actual coyuntura económica en la que vivimos los presupuestos públicos van a menguar el año que viene y eso va a afectar sobre todo a los municipios que tengamos en cuenta que tenían una fuente de ingresos en todo lo relativo al sector inmobiliario, de construcción que es lo que ha pinchado en el sector económico, por tanto los ayuntamientos son los que más necesidad de financiación tienen y eso en un momento en que los servicios sociales van a crecer. Por tanto es el momento desde luego para que todas las instituciones hagan una reflexión conjuntamente y sé que están en ese camino para que no sólamente aquellas disfunciones que hemos detectado en los servicios sociales de base puedan superarse sino que vayamos si eso es posible a medio plazo a un escenario en el cual garanticemos la sostenibilidad de estos servicios y además inyectemos una mejora y una optimización de recursos y una mayor eficiencia.

La historia nos dice que en estos períodos de crisis suelen ser habituales las tensiones sociales incluso el nacimiento de extremismos que conducen a situaciones, no se por ejemplo racistas. No sé si se puede ir evitando ya esta situación porque cada vez estamos escuchando más esto de vienen de fuera y se lo llevan y parece que en estos momentos de crisis hay cierto caldo de cultivo para esto.

Los perjuicios y los estereotipos hay que combatirlos con información rigurosa. Información rigurosa es la que dice en primer lugar que las personas inmigrantes en tanto en cuanto han cotizado y siguen cotizando la Seguridad Social tienen los mismos derechos que las personas nativas y no sólamente porque el ordenamiento les ampara sino porque es una cuestión de justicia porque han contribuido y siguen contribuyendo también a las arcas públicas. En segundo lugar los datos, no los he traído, pero con toda certeza puedo decir porque los conozco, que el porcentaje o nivel de uso del conjunto de los servicios sociales está incluído también aquí los servicios sanitarios, etc., pero en este casos hablamos de los servicios sociales básicos el nivel de uso desde luego por parte de la inmigración es muy minoritario y va en proporción al número de inmigrantes que hay en Euskadi que es ligeramente superior al 6%. El uso es un poquito más, es el 8, dos puntos más que la población de la inmigración pero esto también tiene su explicación, el hecho de que en el grueso de la inmigración están los sectores sociales digamos que están en una situación objetiva o de riesgo de una mayor exclusión. Hay que tener en cuenta también que hay una bolsa de inmigrantes que están en una situación irregular o no está debidamente reconocido y por tanto esa es la explicación por la cual hay dos puntos más del resto de la población pero en cualquier caso el uso es minoritario. Dicho todo lo cual sí que hay que añadir lo siguiente y es que el estado social sí que tiene que hacer una reflexión._En Euskadi yo creo que estamos en un momento para hacerlo porque teniendo un nivel de inmigración bajo y teniendo unos niveles de exclusión social todavía relativamente bajos, al menos en términos relativos, al resto de las comunidades autónomas sí que desde luego el estado social tiene que hacer los ajustes necesarios para garantizar lo que es su principio fundamental y es la procura al conjunto de la población según las necesidades de cada cual de aquellos recursos medios que garanticen los niveles mínimos de vida digna para todos los ciudadanos. Esa es la filosofía y sí que está ocurriendo el estado social en otros países por lo menos que existe un sector de la población que no cumple los requisitos exigidos por la legislación para acceder a ayudas sociales porque está en la escala social en el estado inmediatamente anterior a aquellos que cumplen esos requisitos de exclusión social y sin embargo es un sector social que está muy precarizado, que es muy vulnerable, tratos de trabajo bien de una muy baja remuneración o una situación de gran precarización y eso genera gran incertidumbre y gran nerviosismo en ese sector social. Y el estado social debería darle digamos, debería tenerle más cuenta y mejorar los recursos destinados para que el acceso a los servicios sociales sea más igualitario o sea en proporción a las necesidades y al grado de vulnerabilidad y facilidad que tiene cada sector social.

Sr. Lamarca que pasa con el Departamento de Interior que dirige Rodolfo Ares. Parece que se han intercambiado varias comunicaciones pero a ud. no le termina de convencer las explicaciones que le da Ares respecto a la petición de más transparencia en el caso del trato a los detenidos.

Bueno estamos hablando de un caso concreto. Hubo como se sabe unas detenciones fundamentalmente en Ondarroa pero también en otras localidades y los familiares de esos detenidos acudieron al Ararteko diciendo que había habido torturas y malos tratos a los detenidos. Nosotros en ese caso tenemos ya una doctrina muy asentada, muy bien argumentada que dice lo siguiente, la investigación sobre el fondo del asunto, es decir si ha habido o no torturas, tiene que hacerse en un proceso judicial porque obliga necesariamente a un proceso contradictorio porque la denuncia de la comisión de un delito supone que haya personas que hayan incurrido en un delito penal y por tanto a esas personas también hay que escucharlas, o dicho de otra manera tiene que haber un proceso absolutamente garantista y contradictorio y eso únicamente lo dan los tribunales. Por eso nosotros ahí no podemos entrar._Ahora bien en todo lo relativo a la tortura y malos tratos hay una serie de protocolos, de hecho el Gobierno vasco tiene aprobado un protocolo que consiste básicamente en la instalación de video cámaras en los centros de detención, también en aquellos centros que acogen a personas a las que se le aplica la detención incomunicada y también una serie de medidas relativas a la comunicación con los familiares y a la asistencia sanitaria. Nosotros demandamos algunas mejoras en ese protocolo y en cualquier caso nuestro papel si que es y eso está absolutamente claro que tenemos que velar por el debido cumplimiento de ese protocolo, es decir nosotros en definitiva en este expediente lo que hemos demandado a la Consejería de Interior es que nos remitiera todos aquellos materiales para ver si esos protocolos han funcionado o no debidamente. Si en el visionado, en el análisis de esos materiales nosotros observáramos la existencia de un hecho presuntamente ilícito estaríamos obligados a poner en conocimiento de la Fiscalía o de los Juzgados. Por tanto nuestro papel es ese y ese papel no se puede discutir porque en definitiva es un papel muy importante para garantizar el ejercicio de todos los derechos fundamentalmente el derecho a la integridad física y moral y a la dignidad y también por qué no decirlo, también es una garantía para los propios derechos de los funcionarios policiales porque en tanto en cuanto haya unos protocolos lo más garantizados posibles eso es mejor para todos, tanto para las personas detenidas porque tendrían la seguridad de que la existencia de esos protocolos y el debido control en la aplicación de esos protocolos evitaría en el máximo nivel posible el que algunos funcionarios pudieran incurrir en prácticas que no fuesen legales.

Pero el Sr. Ares se ha negado a darle ese material diciendo que como está inmerso en un procedo judicial ese caso tras la detención de estos jóvenes no procede dárselo al Ararteko. Le vale esta excusa o no.

No, nos vale. No nos vale porque eso vale en todo caso ya lo he dicho antes para la investigación judicial que además ya está en curso sobre si ha habido o no torturas y malos tratos. Nosotros claramente se lo hemos dicho que nosotros no podemos no tenemos competencia para entrar ahí porque eso efectivamente es objeto de un procedimiento judicial. Nosotros en lo que tenemos que intervenir es si los protocolos de garantía para evitar que haya torturas y malos tratos, protocolos que además fueron implantados justamente a petición del Ararteko diciendo el Ararteko han funcionado o no debidamente y tenemos plena competencia, no se puede negar. Por tanto ha mezclado una cosa con la otra y por tanto nosotros hemos dicho que ahí ha habido una actuación de no colaboración._Evidentemente lo que nosotros tenemos que hacer así nos lo demanda la ley es exponerlo eso públicamente y ponerlo en conocimiento del Parlamento vasco que es a quien nos debemos evidentemente.

Una última cuestión, ud. ha sido citado, su informe sobre la percepción de la juventud vasca escolar, adolescente respecto a la violencia, ha sido citado muchísimas veces durante todo el debate de educación para la paz, se ha citado siempre bien, se ha sentido siempre bien citado.

Pues no, no siempre. Tengamos en cuenta que nosotros hicimos un estudio amplísimo para un informe extraordinario monográfico sobre valores de los menores de edad. El estudio se lo encargamos a la Fundación Deusto que dirige el prestigiosísimo sociólogo Javier Elzo y el estudio consistió metodológicamente en la remisión de cuestionarios a escolares vascos de entre 8 y 16 años, se hicieron tres cuestionarios porque había que adaptarlo a la edad de los chavales, uno para aquellos que tienen 8-9 años, otros 9-10 y otros de 12 a 16, es decir los cuatro cursos de la ESO y también se hicieron grupos de discusión. Se les preguntó de todo o muchas cuestiones relacionadas con derechos humanos, igualdad entre mujeres y hombres, respeto a las minorías, a las personas con discapacidad, inmigrantes, personas homosexuales y también se les preguntó por la violencia, la violencia y la convivencia, sobre muchos aspectos es decir tanto en lo relativo al nivel de convivencia y de resolución de conflictos que tienen entre ellos, entre los chavales de la misma edad al nviel de violencia o agresiones que pueda haber de los adolescentes hacia sus padres y madres y también a los profesores y también se les preguntó acerca de la actitud y las ideas que tenían sobre la violencia. Evidentemente no pudimos soslayar las cuestiones que tienen relación con la violencia en Euskadi evidentemente y se les preguntó también sobre la violencia terrorista sobre la violencia que los grupos terroristas han ejercido históricamente en este país desgraciadamente y de los cuales todavía sigue vivo ETA_militar. Se les preguntó también sobre las víctimas pero también se les preguntó sobre las torturas y los malos tratos, también se les preguntó sobre los derechos de los detenidos, en definitiva sobre cuestiones eso a los alumnos de ESO no entramos en edades más bajas porque son temas que están viviendo, son temas ante los cuales tienen una opinión y tienen actitudes y deberían tener a nuestro juicio actitudes claras de respeto a los derechos humanos. Y con respecto a las últimas cuestiones que ha mencionado si que se constató la existencia de tres grupos, un grupo que era y nosotros queremos poner hincapié en este grupo porque era el mayoritario que demandaba el respeto a todos los derechos humanos por lo tanto tenía una actitud clara y firme de rechazo de la violencia terrorista, de todas las violencias terroristas pero también abogaba por un respeto escrupuloso de los derechos de los presos y rechazaba radicalmente digamos la práctica de la tortura y los malos tratos. Había otro grupo minoritario pero que de alguna manera podía identificarse con un planteamiento contra el terrorismo vale todo y había otro grupo que es donde se puso el foco por parte de los medios de comunicación o por parte de algunos medios que constataba la existencia de un grupo que era tolerante con la violencia terrorista. Había muchísimos datos a ese respecto pero el que más destacó fue que había un 15% de los chavales que mostraban un grado insisto de comprensión o de tolerancia hacia la violencia de ETA. Yo no se por qué extrañó eso a la gente porque en definitiva yo pensaba que ese tanto por ciento iba a ser mayor sinceramente lo digo, porque de una parte tengamos en cuenta que según ese estudio las fuentes de adquisición de valores por parte de los adolescentes y de los niños y niñas es en primer lugar la propia familia pero también el grupo de iguales, los medios de comunicación y el contexto social en el que socializa. Y tenemos el país que tenemos y por tanto todas esas fuentes desde luego conducen o necesariamente tendrían que conducir a la existencia de un grupo de chavales y chavalas que de alguna manera eran condescendientes o tolerantes hacia la violencia terrorista. Pero desde luego este informe insisto tenía muchísimos más datos y desde luego todo lo relativo a la educación por la paz y derechos humanos debía contentar todas las cuestiones en su integridad y yo estoy convencido que todos los partidos y toda la sociedad está de acuerdo con ello otra cosa es donde hay que poner más el foco pero yo creo que en las ideas generales todos estamos de acuerdo y es en el hecho de que todos los chavales y chavalas y también los adultos tenemos que ser absolutamente respetuosos con los valores de respeto a la dignidad humana y a todos los derechos humanos de todas las personas.