En el contexto de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Refugiados ha publicado esta guía.

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A fecha de hoy 45 Estados han ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migrantes. Tan sólo Albania, Bosnia&Herzegovina y Turquía lo han hecho en Europa.

En el apartado Últimas Instrucciones en intermigra.info han incluido la última Instrcción DGI/SGRJ/8/2011, sobre el denominado esfuerzo de integración.
Interesante y en muchos casos, imprescindible su conocimiento.

Por el interés que despierta y la novedad del caso, mencionamos y adjuntamos la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia de 15 de septiembre de 2011. Estimando el recurso de reposición y concediendo autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. Sigue el criterio de la economía procesal. 

Italia se convierte en el primer país del mundo en imponer un impuesto al envío de remesas por parte de los inmigrantes a sus familias y países de origen. Es parte de su paquete de medidas anti crisis publicado en agosto pasado y vigente desde septiembre. El impuesto impone un pago de 2% a todos los envíos por parte de personas que no estén acreditadas en registros de pago fiscal o de pensiones, es decir, castiga a los irregulares o a quienes por ahorrar no están registrados. Pero no sólo eso ya que se trata de un impuesto “regresivo”, o sea, hecho para castigar a los más pobres dentro de los ya castigados, poniendo un mínimo de pago de 3 euros a los envíos cuyo 2% de pago sea menor que los 3 euros, elevando de hecho, en ese caso, el monto del impuesto.

“Descargar la crisis sobre los migrantes”, esta parece ser la consigna neoliberal de los Estados que han renunciado flagrantemente a su obligación de garantizar derechos a los excluidos. Estados de residencia, ricos y del norte, como los Estados Unidos y Europa, que vienen incrementando su deportación, criminalizándolos, encarcelándolos y violando sus derechos humanos. Las cifras de la última década y todos los estudios especializados demuestran que con estas medidas no se disminuye la inmigración, sino que aumenta su segmento irregular y se incrementan las víctimas de tráfico ilegal y trata de personas. No puede ser de otro modo cuando no se quiere asumir la causa estructural fundamental de las llamadas “presiones migratorias”, la desigualdad, concentración y exclusión económica, social, cultural y ambiental.

De hecho, no se trata realmente de no querer inmigrantes, porque son imprescindibles, razones demográficas así lo imponen, ya que vienen a realizar masivamente trabajos de servicios y productivos que precisan trabajadores jóvenes y no calificados, en países que por el contrario cuentan con poblaciones envejecidas y altamente calificadas que ya no quieren realizar esos trabajos. Pero, sobre todo, se trata de una razón económica, son “más baratos” que trabajadores equivalentes de la propia población, y lo son, justamente porque tienen menos derechos o simplemente no tienen derechos. Así, razones de “competitividad” y “rentabilidad” mantienen la esquizofrenia perversa de un discurso anti inmigrante, pero con una práctica que de hecho necesita y cuenta con ellos, sólo que “abaratados”, sin derechos, des-ciudadanizados.

De un golpe, se borra con el codo de la real voluntad política las declaraciones hechas con la mano de los discursos de buena crianza, por los cuales Italia se había comprometido públicamente a “proteger y fomentar las remesas”, proponiendo incluso al G-8, en el 2009, el objetivo “5X5”, para reducir en 5 años un 5% del costo de los envíos, uno de esos programas de “moda” que cuentan con el apoyo del Banco Mundial y deslumbran en boca de agencias de cooperación y entidades internacionales, y que ya vemos donde ha llegado.

¿Y el Perú?

Pero los Estados de salida también juegan su parte. Muchos de ellos han hecho de la “exportación de mano de obra barata” un indicador imprescindible, aunque metódicamente silenciado, de sus desempeños económicos “exitosos”. Renunciando a su obligación de garantizar derechos y asumiendo una visión mercantilista de estos no ciudadanos o menos ciudadanos. El Perú, por ejemplo.

Precisamente, según cifras oficiales de Italia, Perú está en el séptimo lugar en la lista de los 15 que más montos de remesas reciben desde ese país, con 191 millones de euros anuales. El año pasado los emigrados peruanos enviaron a su país más de 2.500 millones de dólares, elevando la calidad de vida de más de 700 mil hogares y casi 3 millones de familiares que viven en Perú, al tiempo que aportaban no menos de 300 millones de dólares directamente al fisco por pago de IGV. Sus remesas equivalen a la mitad de la Inversión extranjera directa, y a su totalidad, si se le descuentan utilidades. Colombia cuenta con un impuesto de 0.4% para la recepción de remesas y el Perú incluye a las remesas en el pago del ITF que supera al de Colombia con un 0.7%. Pero no sólo eso, los emigrados son también la mitad de los turistas que recibe el Perú y pagan con las tarifas de trámites el 56% de los sueldos y gastos de los servicios consulares que deben usar, absolutamente insuficientes, como lo ha reconocido el propio Ministerio de Relaciones Exteriores y todas las entidades especializadas públicas y civiles. Y todo eso sin contar con el aporte que representa el hecho de al menos 1 millón de empleos y 2 millones de usuarios de servicios sociales a los que el Estado peruano simplemente les negó la garantía de esos derechos y debieron buscárselos por sí mismos en otros países.

Sin embargo, todavía encima de todo, hay a quienes todo esto les parece poco. Y además les quieren hacer cargar con la responsabilidad por el “desarrollo” de sus localidades de origen. Desconociendo o restando relevancia a sus aportes, hechos con sacrificios enormes de sus derechos humanos, y a los indicadores antes mencionados, se habla de que sus remesas “no serían productivas” y que son “co-responsables” del empleo y el desarrollo que el Estado ha sido incapaz de garantizar en sus localidades de origen. Es la renuncia explícita y flagrante a la obligación del Estado a garantizar derechos.

Sobre este enfoque ideológico, en los últimos 10 años, la política del Estado peruano hacia sus emigrados ha tenido como pilar una visión mercantilista en que se concibe a sí mismo como “mediador” entre el emigrado y los negocios privados que, mediante la obtención de ganancia, transforman al emigrado en “cliente” que mediante pago puede acceder a productos como “seguros de remesas”, “créditos productivos”, “cursos de capacitación”, etc. En Perú existe un “exitoso” programa en que entidades de micro finanzas prestan créditos a los que reciben remesas con dineros que a una tasa preferencial les presta el Banco de la Nación, para que a su vez estas entidades presten a los receptores de remesas, sin embargo, no existen estudios ni informes de los sobre costos que implica que el Banco de la Nación, en vez de prestar ese dinero directamente a los receptores de remesas, financie a tasas preferenciales las prestaciones de créditos, a través de entidades privadas intermediarias que obtienen una utilidad adicional que encarece todo el proceso.

Para el emigrado que no puede pagar, prácticamente nada, un “Fondo de Ayuda Humanitaria” con 80 centavos de sol (menos de 1 sol) al año para cada emigrado. Una Ley de incentivos migratorios para el retorno que sólo se otorga a quienes han sido “exitosos” y pueden a su regreso montar negocios o ganar salarios altos aportando al Estado. En tres años, 2007 a 2009, ha beneficiado a 385 retornados de 76.501. En fin, baste dejar que este paradigma ideológico hable por la boca de un ex congresista y actual parlamentario andino, con expresiones que ahorran todo comentario: “Es importante motivar el retorno del migrante, sea momentáneo o permanente, pues en ambos casos genera ingresos para el país…” (Tapia, Hildebrando, 2011, p. 63).

Los Estados de Alabama y Arizona en Estados Unidos criminalizan la irregularidad y aumentan las deportaciones de peruanos, acelerando la tendencia sostenida al incremento de las mismas en los últimos 10 años, afectando a 12.000 peruanos en la última década. Y hay quienes piensan que el Estado peruano, como respuesta, debe proponerles una réplica del programa de “co-desarrollo” “3×1″ mexicano, para que ellos, los que están sufriendo criminalización, persecución, encarcelamiento y deportación, asuman la obligación de poner un dólar por cada 3 dólares que ponga el Estado peruano en proyectos para llevar desarrollo a sus localidades de origen. Mientras la realidad de los sistemas migratorios muestran la necesidad de co-responsabilidad de todos los actores involucrados para encontrar soluciones sustentables y con derechos a la crisis migratoria, los Estados de salida y residencia nos siguen mostrando una feroz “co-irresponsabilidad”, una persistente visión mercantilista y una dolorosa negación de los derechos humanos y ciudadanos de los migrantes, convertidos mágicamente, por el poder simbólico de la palabra tecnocrática, de excluidos del desarrollo y sus derechos, en “culpables” y “co-responsables” de los mismos. Es el “crimen perfecto” neoliberal contra los migrantes.

¿Será que la hegemonía ideológica neoliberal ha sido tan profunda que simplemente ya no tiene cabida un enfoque de derechos en la política pública migratoria peruana? ¿O todavía no es demasiado tarde para que el Estado peruano asuma sus obligaciones, los incluya como ciudadanos, y garantice sus legítimos e irrenunciables derechos?

- Ricardo Jiménez, sociólogo por la Universidad de Chile, consultor de redes internacionales especializadas en migraciones y de organizaciones de migrantes.

http://alainet.org/active/50235

Un informe desvela que estos menores tienen dificultades para acceder a derechos fundamentales como la alimentación, la educación o la salud

Residen en España, son hijos de inmigrantes y algunos viven en situaciones extremas. No es fácil para ellos cumplir derechos fundamentales como el acceso a la alimentación, la educación o la salud. Así lo han confirmado más de un centenar de profesionales que trabajan con estos niños y conocen su realidad. Los ámbitos de riesgo son un total de ocho, pero sobre todo preocupa que no se empadrone a los pequeños, ya que esto impide que cumplan un buen número de derechos

La crisis económica influye de manera negativa en la desprotección de algunos menores, en especial, hijos de familias inmigrantes. Algunos tienen dificultades para cubrir las necesidades alimentarias, van a la escuela sin desayunar, se duchan con poca frecuencia porque no tienen agua en casa o no pueden pagar medicinas. Es uno de los mensajes de alerta que envía el informe “Abriendo ventanas: infancia, adolescencia y familias inmigradas en situaciones de riesgo social“.

La elaboración del informe ha recaído en el equipo de investigación IFAM (Infancia y adolescencia en ambientes multiculturales) de la Fundación Pere Tarrés-Universidad Ramón Llull, en colaboración con UNICEF. Violeta Quiroga Raimúndez, doctora en Antropología Social y diplomada en Trabajo Social, y Ariadna Alonso Segura, antropóloga social, han sido las encargadas. Ellas han contado con el testimonio de 106 profesionales que trabajan con hijos inmigrantes, además de entrevistar a ocho menores de nacionalidad extranjera. Todos ellos han advertido de las situaciones extremas que atraviesan en ocasiones y han detectado los ocho ámbitos de riesgo. La detección y prevención de estos evitará en el futuro situaciones de vulnerabilidad.

• 1. Jurídico.

Los hijos de inmigrantes residentes en España heredan la condición de regularidad o irregularidad de sus padres. Solo los niños cuyos progenitores tienen permiso de residencia pueden beneficiarse de la misma condición. Esto supone que los pequeños pueden vivir en desamparo jurídico, con la consiguiente limitación para pedir y recibir ayudas o acceder a la educación. Los menores también sufren vulneración del derecho a la reagrupación familiar, al empadronamiento y a la identidad.

• 2. Familia.

Los cambios en las familias, cuando uno de los padres o los dos emigran, derivan a menudo en costes emocionales para los hijos. Estos pueden favorecer situaciones de riesgo social o exclusión de los hijos. Ocurre, sobre todo, cuando la reagrupación familiar no se lleva a cabo. Influye también en las condiciones de vida el hecho de que los hogares de personas inmigrantes son, en general, más numerosos y con más complejidad interna.

• 3. Económico.

La pobreza infantil alcanza un porcentaje mayor en España que en otros países de la Unión Europea (casi el 25% de los menores españoles de 16 años). Esto afecta a los jóvenes porque las condiciones de vida a esta edad determinan las oportunidades en el futuro. El asunto cobra especial interés en tiempos de crisis, ya que las dificultades económicas aumentan, así como las tasas de pobreza adulta y las dificultades para conservar una vivienda digna. Estos factores implican una mayor vulnerabilidad a la pobreza entre menores de origen extranjero.

• 4. Escolar.

En general, los alumnos de familias inmigrantes obtienen peores calificaciones en la escuela que el alumnado autóctono y la mayoría asiste a centros públicos (en el curso 2008-2009, el 82% del alumnado). Una de las peticiones aboga por garantizar la igualdad de oportunidades en el entorno escolar y prestar atención a las necesidades de estos estudiantes para evitar el fracaso escolar. Sus principales dificultades son: comprensión de la lengua, diferente itinerario escolar en origen y en destino y falta de apoyo al proceso de aprendizaje escolar por parte de la familia. Por último, la escuela debe ser un lugar de relaciones interculturales, donde se favoreza la adaptación a la cultura de destino, sin dejar de lado a las culturas minoritarias.

• 5. Formación e inserción laboral.

“A pesar de contar algunos de ellos con la nacionalidad española, a pesar de vivir en España con sus padres y de haber llegado desde pequeños a nuestro país”, los hijos arrastran la misma condición de inmigrantes que los padres. Por este motivo, el acceso a la educación posobligatoria y, más tarde, al mercado laboral, depende de la situación de los progrenitores y de que los menores sean: nacionales de un país miembro de la UE, con autorización de residencia y trabajo de larga duración o temporal, sin autorización de trabajo, en situación irregular o tutelados por la Administración pública.

• 6. Tiempo libre e identidades.

Puesto que la identidad se crea en las actividades que se realicen durante el tiempo libre, es interesante que todos los menores, inmigrantes o no, accedan a la misma cantidad de ocio y a las mismas tipologías de tiempo libre porque “cómo se emplea este tiempo es un reflejo de las desigualdades sociales”.

• 7. Salud física y emocional.

Un deterioro de la salud física y emocional en la niñez y adolescencia implica consecuencias en el adulto, condiciona sus posibilidades y es determinante en la capacidad para mantener relaciones sociales y constituir relaciones familiares estables. El déficit en el acceso a la sanidad por parte de los hijos de inmigrantes impide que se eviten problemas futuros.

• 8. Intervención de las administraciones y funcionamiento del circuito de atención social.

La labor de las administraciones corrige y compensa los déficits de factores de riesgo citados en anteriores apartados. De ahí que sea importante que no haya recortes presupuestarios, que el circuito de atención funcione, se lleven a cabo acciones preventivas y haya recursos adecuados para los jóvenes.

Dificultades para empadronar a niños inmigrantes

Los problemas al empadronar a los niños inmigrantes provocan que, incluso, se retiren tarjetas sanitarias por falta de documentación

El empadronamiento es quizá uno de los actos más importantes, ya que si no se lleva a cabo los menores no pueden ejercer una serie de derechos. Los problemas al empadronar a los niños se deben a circunstancias familiares, como la alta movilidad de las familias, los requerimientos de los ayuntamientos o la imposibilidad de realizar esta gestión con algunos menores acogidos en centros de protección y que carecen del documento de identificación con fotografía. Como consecuencia, los niños carecen de acceso a servicios básicos como la sanidad, e incluso, “se han retirado tarjetas sanitarias por falta de documentación”.

Empadronar a un menor implica registrarlo en el ayuntamiento de residencia habitual y es independiente a la situación administrativa. Se pueden empadronar todas las personas que residan en España y hacerlo da derecho a asistencia sanitaria pública, acceso a los servicios básicos de atención social primaria, a los servicios de centros abiertos para niños y adolescentes y a recibir ayudas de urgencia social.

Esta iniciativa solidaria y valiente de LAS BRIGADAS VECINALES DE OBSERVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS nace en Madrid desde algunos colectivos y asociaciones de barrio. Un grupo de personas se han organizado para rechazar los controles policiales de identificación y redadas masivas de detención dirigidas contra las personas migrantes, cada vez más… Como compartir es saber, y saber nos empodera en la acción dejamos este testimonio literal como ejemplo de cómo  actuar en situaciones similares:

Crónica de una vecina ante un control policial racista

Publicado por Brigadas Vecinales de Observación de DDHH

[Objetivos de las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos]

Denunciemos el RACISMO del S XXI

HARRESIAK APURTUZ, Coordinadora de ONGs de Apoyo a Inmigrantes de Euskadi, junto con los colectivos sociales de Eibar y Ermua, organizan una jornada intercultural de carácter reivindicativo con el objetivo de denunciar la denegación y el recorte de derechos, la criminalización de las personas migrantes y todos los controles de migración que existen actualmente. Esta jornada se desarrollará del 23 de octubre en los municipios de Eibar y Ermua dentro del marco de Encuentro Intercultural de Todas y Todos.

Con la excusa de la recesión económica, estamos asistiendo a un endureciendo de la política migratoria que tiene consecuencias especialmente graves: el aumento de la presión policial sobre las personas migrantes en situación irregular; la entrada en vigor del nuevo reglamento de la Ley de Extranjería que endurece los requisitos para la obtención o renovación de las autorizaciones o la reagrupación familiar; y el recorte de derechos sociales que supone la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social presentado el pasado mes de septiembre en el Parlamento Vasco.

Las personas migrantes son una muestra evidente de las desigualdades económicas y sociales entre los países y dentro de los países. La construcción de muros geográficos, políticos, legales y culturales, es una estrategia criminalizante que, en aras de la mayor rentabilidad del capital internacional, elimina todos los derechos humanos. Para ello se recurre, además, a la externalización de fronteras, la internalización mental a través de la persecución, el hostigamiento y las deportaciones; las detenciones arbitrarias, la impunidad policial fronteriza y los centros de internamiento, donde la violación de los derechos humanos es cotidiana.

Vecinas y Vecinos de un Mismo Mundo

La jornada, cuyo marco será los municipios de Eibar y Ermua, centra sus reivindicaciones en el reconocimiento de las personas migrantes como sujetos de derechos y no como mera mano de obra a merced de las necesidades económicas de unos pocos; el respeto a la libertad de las personas migrantes en situación irregular injustamente retenidas en los centros de internamiento del Estado; y el recorte de derechos sociales que se plantea desde el Gobierno Vasco.

Además de estas premisas, manifestamos los siguientes puntos:

- Exigimos la derogación de la Ley de Extranjería y la construcción de formas participativas, desde un nuevo marco jurídico que garantice plenos derechos a todas las personas.

- Exigimos la supresión de términos como “capacidad de acogida” o “vinculación a las necesidades del mercado de trabajo” en los textos legales y en el discurso político y mediático, porque supone una visión reduccionista y unilateral de la inmigración, y contribuye a asimilar a la personas inmigrantes con una mera herramienta de trabajo.

- Exigimos una política de inmigración inclusiva y no excluyente, definida entre todos los agentes sociales y que reconozca y garantice los derechos fundamentales de las personas migrantes.

- Denunciamos el recorte en las políticas sociales que está llevando a cabo el Gobierno Vasco como es la modificación propuesta en la Ley para la Garantía de Ingresos y para la inclusión Social. Recortes que nos afectan a toda la ciudadanía; que generan mayor desigualdad y discriminación y expulsan del sistema de protección a las personas con menos recursos, que tendrán que vivir en condiciones de mayor pobreza, por lo que aumentarán las situaciones de marginación y la conflictividad social.

- Denunciamos la inclusión de más infracciones administrativas que convierten a la Ley de Extranjería en una ley sancionadora y presume una intencionalidad fraudulenta en las actitudes de las personas migrantes.

- Exigimos el reconocimiento de los derechos de las y los menores migrantes no acompañados, poniendo el acento en su condición de menores y respetando la Convención sobre los Derechos de la Infancia o las recomendaciones del Defensor del Pueblo, entre otros.

- Exigimos que no se recorten las dotaciones presupuestarias a los planes de integración del colectivo inmigrante, para que las modificaciones legales en esta materia no se queden en papel mojado.

- Exigimos el reconocimiento del derecho de asilo, tal y como lo establece la Convención de Ginebra, a toda persona que lo haya solicitado “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas(…)”;y la ampliación jurídica de las causas que se reconocen como asilo, refugio y trata de personas, garantizando que las solicitudes y los procedimientos cumplan con todo lo que prevé la ley y centren los derechos humanos de estos colectivos. Igualmente, demandamos el cumplimiento de las condiciones que el Derecho Internacional exige para el retorno de los refugiados.

- Denunciamos aquellos convenios de expulsión que conllevan graves violaciones de los derechos, ruptura familiar, represalias de las autoridades del país de origen y un grave desarraigo de las personas migrantes. Y exigimos la anulación de los acuerdos y claúsulas de re-admisión y el cese de toda negociación de acuerdos de este tipo entre la Unión Europea y los países terceros y entre los países terceros.

-Denunciamos la reproducción y el fortalecimiento de un sistema patriarcal que, en el contexto de la feminización de las migraciones profundiza aún más la asimetría de género ya existente, y se traduce en la continuidad de la ubicación de la mujer en trabajos relacionados al ámbito privado y al cuidado de otras personas, en condiciones de esclavitud.

X Encuentro Intercultural de Todas y Todos

El Encuentro tiene en su haber una trayectoria de 10 años, alcanzando el año pasado la participación de más de 1.400 personas. Cuenta con la colaboración del Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, la Diputación Foral de Araba, el Ayuntamiento de Ermua, el Ayuntamiento de Eibar y la BBK.

El programa para la jornada del 23 de octubre que se celebrará en los municipios de Eibar y Ermua dentro del marco de Encuentro Intercultural de Todas y Todos, será el siguiente:

10h30 Quedada de las y los participantes en Plaza Unzaga de Eibar. Acto de bienvenida de mano de las asociaciones de Eibar.
11 h00 Inicio de la Kalejira Reivindicativa desde Eibar hacia Ermua
12h30 Llegada a la plaza San Pelayo de Ermua. Acto de bienvenida de las asociaciones de Ermua. Lectura del Manifiesto.
13h00 Comida popular

Desde HARRESIAK APURTUZ, Coordinadora de ONGs de Apoya a Inmigrantes de Euskadi y los colectivos sociales de Eibar y Ermua, os invitamos a todas y todos a participar en este encuentro. Del mismo modo, manifestamos nuestra firme intención de seguir luchando por la defensa de todos y todas las inmigrantes que viven una situación de absoluta discriminación bajo una Ley de Extranjería; ley que perpetúa un modelo de sociedad xenófoba y que no hace sino acentuar las desigualdades sociales.

HARRESIAK APURTUZ, Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes