Contra la violencia de género? - El País.com (España)

Euskadi quiere que las inmigrantes denuncien la violencia de género? – RedInmigrante.es

Gobierno vasco promueve una campaña de prevención y atención a la …?- Europa Press

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Aun así, el interés mediático que se está otorgando a esta prenda me obliga a sumarme al cúmulo de expresiones que se están planteando a lo largo de estas semanas y alzar la voz, como mujer y como musulmana. Porque especialmente somos nosotras, las mujeres musulmanas, quienes tenemos que reclamar nuestro espacio y nuestro legítimo derecho a la libertad de expresión.

Si alguien está esperando que realice una tesis de revisión histórica sobre el hiyab, no es el caso, porque la cuestión es mucho más simple. No sé por qué dar tantas vueltas a un tema cuya resolución y decisión atañe exclusivamente a la mujer como individuo. El uso del hiyab responde a un acto de fe, y por lo tanto debe basarse en el principio de privacidad de la práctica religiosa.

Una vez más las mujeres somos utilizadas como burdas marionetas sobre las que ejercer todo tipo presiones. Por un lado, la visión secularista presiona para que las musulmanas desvelemos nuestras cabezas, por otro, se llega al consenso de hablar en las mezquitas del uso del hiyab como precepto religioso. Así, las mujeres vivimos auténticas situaciones esquizofrénicas. Por un lado, recibimos el mensaje de que seremos libres si nos descubrimos y, por otro bien distinto, que nuestra libertad comenzará cubriendo nuestras cabezas.

Me niego a pensar que una mujer es más libre cuanto más se descubra, de la misma manera que rechazo el discurso que sostiene que se es más musulmana cuanto más se cubra.

¿Qué ocurre con aquellas mujeres que no utilizamos el pañuelo? ¿Es que acaso somos más libres por no hacerlo? ¿O menos musulmanas por no mostrar públicamente una prenda que nos identifique?

La verdadera libertad de la mujer se sostiene en la autonomía individual de las decisiones que se toman. Ahora bien, como ha ocurrido en el caso de Najwa ¿qué sucede cuando existe una norma escolar que prohíbe el uso del pañuelo? Creo que la postura adoptada finalmente por la familia ha sido coherente, acatando la normativa del instituto, respetando el cumplimiento de la legislación que rige en el Estado español y dejar en manos de los tribunales la decisión; al mismo tiempo, decidieron enviar a la hija a otra escuela, porque lo que prima es la educación de la menor.

Es preciso que la administración pública tome una postura unidireccional con respecto al uso del hiyab en la escuela, porque de esta manera evitaremos situaciones discriminatorias como las que Najwa ha tenido que sufrir: ser separada de la clase por la decisión tomada. Al final, es ella la afectada y la víctima de esta situación, porque a estas alturas del curso escolar se ha convertido en una patata caliente que nadie quiere agarrar.

Esa obsesiva atención que se presta a las mujeres musulmanas y a su manera de vestir, convirtiéndonos en un tema de debate, nos están convirtiendo en la insignia de la identidad islámica, algo que considero erróneo y peligroso, porque nos distrae de asuntos urgentes y más necesarios.

La abogada María Naredo ha coordinado en Amnistía Internacional la campaña contra la violencia hacia las mujeres hasta el año 2006 y ha seguido colaborando después mediante informes sobre la Ley integral contra la violencia de género y con monográficos sobre mujeres migrantes y violencia de género.

Desde su experiencia, ¿cree que la Ley de Extranjería española es una ley sexista?

Salvo algunos avances, en el fondo la Ley de Extranjería consolida relaciones de poder, sociales y familiares como las que están presentes en la sociedad, que desde luego es una sociedad sexista. Si tuviera un compromiso con la igualdad de género, debería haber introducido muchas más medidas correctoras de la discriminación que sufren las mujeres migrantes por motivos de género y, sobre todo, las que se encuentran en situación irregular. Una ley neutra, al final, lo que hace es reproducir la discriminación que existe en la sociedad.

¿Hay algún aspecto positivo en la última reforma legal?

Si ha habido alguna pequeña luz, ha sido la medida de aparejar autorizaciones de trabajo a los permisos de las personas reagrupadas, que en su mayoría son mujeres. Antes de la reforma se hacía la ficción de que las personas que venían reagrupadas vivían de alguien y se creaba una situación de dependencia económica muy fuerte. Ahora, al prever este permiso de trabajo de forma automática, incide, aunque tímidamente, en las relaciones de dependencia, que eran muchas veces el sustrato de la violencia de género.

¿Ha costado llegar hasta ahí?

Desde organizaciones sociales se hizo mucha presión para que esos permisos a víctimas de violencia de género llevasen automáticamente aparejada una autorización para trabajar, al igual que sucede con las personas refugiadas o solicitantes de asilo. Se ha logrado que se establezca este permiso sin estar a la espera de una oferta de trabajo.

¿Por qué considera importante esta medida?

Porque fomenta la autonomía económica, que es uno de los primeros pasos para que las mujeres salgan de la violencia de género. Sin embargo, de momento las administraciones de extranjería no están concediendo estos permisos porque, según se está diciendo de manera más oficiosa que oficial, están a la espera del reglamento.

¿Qué ocurre si una mujer sin papeles denuncia haber sufrido agresiones machistas?, ¿corre el peligro de ser expulsada?

Antes de la Ley de Extranjería existía una instrucción del secretario de Estado de Seguridad que venía a decir que cuando una mujer acudía a denunciar violencia de género había que verificar su situación de extranjería y, en caso de que fuese irregular, se debía incoar un expediente sancionador. Si luego no había sentencia condenatoria hacia el agresor, derivaría en un expediente de expulsión. Esta instrucción fue contestada por Amnistía Internacional y muchas otras organizaciones. En el caso de las policías autonómicas era distinto. Así, la Ertzaintza tenía su propia instrucción, acorde con lo que son las normas de protección de derechos humanos. Es decir, cuando acude una víctima, se le asiste, y en ningún momento se le cruza esa asistencia con la iniciación de un procedimiento sancionador de extranjería. Con los Mossos d’Esquadra no era tan claro, porque no tenían una instrucción tan explícita, pero oficiosamente hacían la vista gorda y mucha Policía Nacional y Guardia Civil también hacía la vista gorda. La nueva Ley de Extranjería establece que, cuando una mujer en situación irregular acude a comisaría a denunciar, se mantiene en suspenso el expediente de expulsión, pero en el momento en que se archive la denuncia o se absuelva al presunto agresor, ese expediente se reactiva y puede derivar en su expulsión.

¿Significa eso que la situación sigue casi igual que antes?

Los datos son significativos. Casi el 47% de las denuncias por violencia de género quedan sobreseídas y casi un 50% de las sentencias que se dan en los juzgados de lo Penal son absolutorias. Esto significa que hay una espada de Damocles muy seria que se les está colocando a las mujeres. Creo que habría que garantizarles el acceso a la justicia con todas las garantías y medios a su alcance, y se está haciendo todo lo contrario. Esta ley supone una discriminación directa y un peligro muy grave para la mujer en situación irregular que acude a una comisaría a denunciar una agresión.

¿Cabe concluir que los derechos humanos se aplican de distinta forma según las personas?

A una mujer de nacionalidad española que acude a comisaría no se le revisa si está al corriente del pago de impuestos o si ha pagado las multas de tráfico. La Policía entiende que ésa es una cuestión de rango inferior con respecto a lo que es una violación de derechos humanos, como es la violencia de género. Sin embargo, el exceso de celo en el control de la inmigración irregular lleva aparejada una restricción muy importante en el acceso efectivo al ejercicio de los derechos. La Ley de Extranjería, y cualquier tipo de directriz del Ministerio del Interior, debería educar a la Policía en la protección de los derechos humanos a cualquier persona, sea cual sea su situación y estatus.

¿Ha habido mejoras en lo que se refiere a la trata de mujeres?

La Ley de Extranjería ha introducido una pequeña mejora. En agosto del pasado año el Estado español ratificó el Convenio Europeo contra la trata, y de ahí se derivan una serie de obligaciones. Una de ellas era introducir el permiso de residencia para las víctimas, a modo de protección. A la vez, se ha introducido el periodo de reflexión: en el plazo de un mes estas mujeres tienen que tener asistencia, información y alojamiento seguro, en espera de ver si toman la decisión de denunciar a los tratantes. Yo lo valoro de manera positiva, pero me temo que la aplicación no sea la deseada.

Cuándo: 27-11-2009;

Horario: 9:30-14:00 Gratuito

Organizado por la Dirección de Promoción Social de la Diputación Foral de Álava (Área de Igualdad). Más información aquí.

¡Disfrutad tres minutos  viéndolo y animáos a compartir vuestras reflexiones!

Women’s Link Worldwide presenta los resultados del proyecto Los derechos de las mujeres migrantes: una realidad invisible, basado en las entrevistas realizadas, tanto en Marruecos como en España, a 138 mujeres de origen subsahariano. Estos resultados evidencian las vulneraciones de los derechos humanos, incluidos los derechos sexuales y reproductivos, y las múltiples formas de violencia que sufren estas mujeres durante el proceso migratorio.

La información se divide en cuatro Hojas Informativas:

1. Antecedentes y metodología del proyecto
2. Principales resultados
3. Historia de vida 1: Charlotte
4. Historia de vida 2: Precious

Las Comunidades Autónomas tienen importantes responsabilidades en materia de atención sanitaria, asistencia integral a las víctimas y en administración de justicia – en los 11 casos en que está transferida esta competencia-. Sin embargo, las víctimas de violencia de género son tratadas de distinta manera y tienen acceso a los recursos en distinto grado dependiendo del lugar donde se encuentren.

La Conferencia se celebra dos días después de que el Gobierno haya presentado el balance de denuncias y homicidios por violencia de género en 2008. Amnistía Internacional considera que, ante estas cifras (en las que se incluyen 70 mujeres víctimas de homicidio de género en 2008 -y 7 casos en estudio-, 16 de las cuales habían presentado denuncia, y en las que se pone de relieve el aumento de víctimas inmigrantes -hasta un 44,3% de los casos-), los participantes en la Conferencia deben lograr acuerdos que garanticen el establecimiento de estándares mínimos en la respuesta institucional ante la violencia de género en todo el territorio del Estado, de modo que todas las víctimas tengan igualdad de acceso a los servicios, ayudas, protección y justicia, independientemente del lugar donde se encuentren y de su situación administrativa.

Estos estándares mínimos deben resolver las numerosas deficiencias que aún presenta la respuesta institucional a la violencia de género en el ámbito sanitario, en la atención integral a víctimas, en la asistencia letrada especializada o en la administración de justicia (ver Anexo adjunto para más detalles sobre cada uno de estos puntos).

La situación de las mujeres inmigrantes

Amnistía Internacional ha mostrado preocupación en varias ocasiones por la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres extranjeras, más aún cuando se encuentran en situación administrativa irregular.

En este sentido, las nuevas estadísticas presentadas por el Gobierno vuelven a poner de relieve que las mujeres inmigrantes siguen siendo un colectivo con un riesgo mucho mayor de morir a manos de sus parejas o ex parejas, al estar discriminadas en la legislación y en la práctica, y siguen enfrentando importantes obstáculos en el acceso a la justicia y a la autonomía económica.

Amnistía Internacional celebra que el “Plan de Atención y Prevención de la Violencia de Género en Población Extranjera Inmigrante 2009–2012”, aprobado el pasado 9 de enero en Consejo de Ministros, prevea que el anteproyecto de la Ley de Extranjería incluya la posibilidad de otorgar el permiso de trabajo a las víctimas de violencia de género inmigrantes con orden de protección que obtengan el permiso de residencia temporal, y para las mujeres reagrupadas en situación de maltrato acreditado.

Sin embargo, las mujeres inmigrantes en situación irregular siguen sin poder acceder en la práctica a las ayudas económicas previstas en la Ley Integral, sin que se hayan tomado medidas para abordar esta discriminación.

Tampoco tienen acceso a las ayudas genéricas que se perciben a través de la Renta Activa de Inserción para demandantes de empleo.

Por último, la organización también lamenta que el plan no incluya la retirada de la Instrucción 14/2005 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que ordena a los agentes policiales que, además de seguir el protocolo común de trato a víctimas de violencia de género, ante la llegada de una víctima extranjera averigüen si su situación es irregular. (ver Anexo adjunto para más información).

Anexo_Comunicado_210109.pdf

Por otra parte, las asociaciones de Mujeres Juristas Themis y de Mujeres Progresistas coincidieron hoy en que las cifras de víctimas extranjeras de violencia machista “justifica” el fondo de cinco millones de euros que el Ministerio de Igualdad transferirá a las comunidades autónomas para que refuercen la atención a este colectivo.

En declaraciones a Europa Press, la responsable de Themis, Altamira Gonzalo, destacó la importancia de “centrar” a las víctimas para poder atajar el problema y opinó que las comunidades autónomas deberían usar esos fondos para “averiguar qué flancos débiles presentan” tanto las extranjeras como los niños, a quienes también va dirigida la ayuda.

Así, explicó que “en el caso de las inmigrantes, pueden ser ayudas para alquilar una vivienda y en el caso de los menores de edad que han convivido con la violencia de género, quizá tratamiento pscológico, lo que no es muy común, para tratar de minimizar las consecuencias”.

Por su parte, la portavoz de Mujeres Progresistas, Yolanda Besteiro, tildó la iniciativa de “excelente” porque está encaminada a dar respuesta al colectivo de extranjeras, “más vulnerable ante la violencia de género porque carecen de redes de apoyo sociales y familiares en muchos casos, porque no conocen la ley y porque así lo evidencian las cifras”.

“Mientras la Ley Integral va produciendo efectos muy positivos para las mujeres nacionales, con las inmigrantes no se ha notado este objetivo de la misma manera, y mientras el número de víctimas mortales españolas desciende, no ocurre lo mismo con las extranjeras por lo que se debe hacer un mayor esfuerzo para protegerlas adecuadamente”, señaló.