El pleno de la Eurocámara ha dado su visto bueno al permiso único de empleo y residencia para los inmigrantes de terceros países que llegan a la UE y que el año pasado fue rechazada por el Parlamento Europeo (PE) dado que algunos grupos consideraban que se limitaba demasiado su aplicación.

El nuevo proyecto de directiva de la “ventanilla única” pretende que los trabajadores procedentes de terceros países tengan los mismos derechos sociales que los comunitarios, si bien prevé una serie de excepciones que dejan fuera de esas garantías a los temporeros y las “au pair”, entre otros.

La mayoría de la Eurocámara ha aceptado esta segunda versión, más inclusiva, después de que el pasado 14 de diciembre de 2010 los eurodiputados la rechazaran por discriminatoria, en una negativa que encabezaron ecologistas y comunistas y a la que se sumaron, contra pronóstico, los liberales.

Con la fórmula del permiso único se simplifica el actual sistema en el que coexisten veintisiete regulaciones distintas con sus especificidades y plazos diferentes para otorgar los permisos de residencia y trabajo.

El objetivo es armonizar la normativa comunitaria para las personas de terceros países que quieren vivir y trabajar en la Unión Europea (UE) y garantizar los derechos durante el proceso, independientemente del estado en el que se inicien los trámites.

Las autoridades de los países de la Unión tendrán cuatro meses de plazo máximo para decidir sobre una solicitud que podrán presentar tanto el extracomunitario como su empleador en la UE.

Una vez conseguida la carta de trabajo y residencia, el ciudadano extracomunitario recién llegado tendrá derecho, salvo excepciones, a las mismas condiciones laborales, sanidad y seguridad en el puesto de trabajo, oportunidades formativas, reconocimiento de calificaciones profesionales, beneficios fiscales y traslado de los derechos de pensión cuando retorne a su país de origen.

Este último punto, que no se reconocía en la versión de la directiva que fracasó hace un año, ha sido una de las demandas más reiteradas en el PE y, en concreto, por el eurodiputado socialista Javier Cercas, ponente del texto.

Otra mejora para los beneficiarios de esta directiva que pedían casi todos los grupos del PE, el acceso de los parados extracomunitarios a los cursos de formación de las oficinas de desempleo, también ha sido incluida en el texto final.

Por contra, en la lista de personas y derechos excluidos de la directiva, una enumeración que triplica la de incluidos, están aquellas con contrato de un máximo de seis meses, los temporeros, las “au pair”, los familiares de los trabajadores que provienen de países con los que la UE tiene acuerdos de libertad de circulación y los beneficiarios de protección internacional.

La ponente del informe en el PE sobre el permiso único, la popular francesa Véronique Mathieu, ha señalado antes del voto que “la directiva de permiso único permite responder en parte a la crisis de mano de obra que se perfila en el horizonte europeo”.

Mathieu ha considerado que la iniciativa “posibilita el control” de la mano de obra legal y “permite acabar con las tentaciones de fraude y migración irregular”.

Dado que el texto ya fue acordado con la UE, el permiso único se considera definitivamente aprobado y los países tendrán un plazo de dos años para incorporarlo a sus legislaciones nacionales.

Ante otro nuevo cambio que reforma la normativa sobre la entrada, libre circulación y residencia de ciudadanos de la UE, aprobada el pasado día 18 de noviembre del 2011, adjuntamos Texto del RD. 240/2007, con las reformas introducidas por el RD 1161/2009, STS de 1.6.2010 y RD 1710/2011, de 18 de noviembre.

Berria: 2011/06/10 EB Europako Batasunak Errumania eta Bulgaria Schengen eremura sartzeko eztabaida irailera arte atzeratu du. Europako Parlamentuak eginiko txosten batek bi herrialdeak barne mugarik gabeko zonaldean sartzeko prest daudela dioen arren, Europako Batzordeak itxarotea erabaki du. Gerd Leers Herbeheretako Immigrazio ministroak 2012ra arte itxaroteko proposamena egin du.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 8 de marzo de 2011 , que dice: «Ciudadanía de la Unión – Artículo 20 TFUE – Concesión de un derecho de residencia en virtud del Derecho de la Unión a un menor en territorio del Estado miembro del que es nacional con independencia de que éste ejerza previamente su derecho a la libre circulación en territorio de los Estados miembros – Concesión, en las mismas circunstancias, de un derecho de residencia derivado al ascendiente, nacional de un Estado tercero, que asume la manutención del menor – Consecuencias del derecho de residencia del menor en los requisitos que ha de cumplir el ascendiente de dicho menor, nacional de un Estado tercero, por lo que se refiere al Derecho laboral»

En el asunto C?34/09, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el tribunal du travail de Bruselas (Bélgica), mediante resolución de 19 de diciembre de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de enero de 2009, en el procedimiento entre Gerardo Ruiz Zambrano y Office national de l’emploi (ONEm), EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

RESUMEN

En efecto, debe considerarse que tal denegación del permiso de residencia tendrá como consecuencia que los mencionados menores, ciudadanos de la Unión, se verán obligados a abandonar el territorio de la Unión para acompañar a sus progenitores. Del mismo modo, si no se concede un permiso de trabajo a tal persona, ésta corre el riesgo de no disponer de los recursos necesarios para poder satisfacer sus propias necesidades y las de su familia, lo que tendrá también como consecuencia que sus hijos, ciudadanos de la Unión, se verán obligados a abandonar el territorio de ésta. En tales circunstancias, estos ciudadanos de la Unión se verán, de hecho, en la imposibilidad de ejercer la esencia de los derechos que les confiere su estatuto de ciudadanos de la Unión.
45 Por consiguiente, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro, por un lado, deniegue a un nacional de un Estado tercero, que asume la manutención de sus hijos de corta edad, ciudadanos de la Unión, la residencia en el Estado miembro de residencia de éstos, del cual son nacionales, y, por otro, deniegue a dicho nacional de un Estado tercero un permiso de trabajo, en la medida en que tales decisiones privarían a dichos menores del disfrute efectivo de la esencia de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión.

Costas

46 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

El artículo 20 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a que un Estado miembro, por un lado, deniegue a un nacional de un Estado tercero, que asume la manutención de sus hijos de corta edad, ciudadanos de la Unión, la residencia en el Estado miembro de residencia de éstos, del cual son nacionales, y, por otro, deniegue a dicho nacional de un Estado tercero un permiso de trabajo, en la medida en que tales decisiones privarían a dichos menores del disfrute efectivo de la esencia de los derechos vinculados al estatuto de ciudadano de la Unión.

El Parlamento Europeo se pronuncia en contra de la Directiva sobre permiso único para residir y trabajar por 306 votos a favor, 350 en contra y 25 abstenciones.

Ahora la propuesta ha sido reenviada a las comisiones de Libertades Civiles y Empleo, que “decidirán sobre el procedimiento que deba seguirse e informarán al Parlamento” en un plazo de dos meses (artículo 56 del reglamento del Parlamento Europeo).

Entretanto, la Comisión Europea decidirá si mantiene su propuesta o la retira para presentar una nueva. La comisaria Neelie Kroes, presente en la votación, declaró que “es un mensaje muy claro para la Comisión y lo transmitiré con objetividad”. Además, confirmó que “daremos una respuesta después de haberlo debatido en el colegio de comisarios”.

El objetivo de la propuesta era facilitar los trámites administrativos a los trabajadores de terceros países y equiparar sus derechos laborales, como el salario, el acceso a la seguridad social y la formación, a los de los ciudadanos de la UE. No obstante, se excluyen los trabajadores temporeros y los desplazados, que estarán cubiertos por directivas sectoriales pendientes de discusión en el Parlamento. Otros grupos excluidos son los refugiados y los residentes de larga duración. Algunos grupos políticos eran contrarios al enfoque sectorial.

Finalmente, por diversos motivos la mayoría de los diputados votó en contra de la directiva, pero queda pendiente finalizar el procedimiento y en el plazo de unos dos meses se intentará ver si un nuevo texto es posible, o si bien se confirma el rechazo a la directiva.

Una de las enmiendas permitía los Estados miembros introducir documentos adicionales relativos a la residencia. Al aprobar esta modificación, el grupo de los liberales decidió rechazar la propuesta en la votación final.

La ponente, Véronique MATHIEU (PPE, Francia) se mostró “sorprendida” después del voto. “Después de un año de negociaciones, se rechaza la igualdad de trato de los trabajadores inmigrantes con los europeos”, lamentó

Proposamenak Europako Batasunetik kanpoko etorkinei jatorrizko herrialdeetako lan baldintzak aplikatzea ahalbidetzen du Parlamentuak Europako Batzordeari itzuli dio testua, eta zer egin erabaki behar du

Europako Parlamentuak ezetz esan dio batzuek esklabutza modernoa deitu dutena ahalbidetu dezakeen arauari: Europako Batasunetik kanpoko etorkinei beren jatorrizko herrialdeetako lan baldintzak aplikatzea Europan bertan.

Ezustean bota dute atzera, berez nahikoa zelako gehiengo sinplea, eta ekimenaren bultzatzaileak, Europako Alderdi Popularrak, ustez gehiengoa lortua zuelako, liberalei esker. Baina liberaletako batzuek proposamenaren kontra bozkatu zuten atzo, eta proposamena bertan behera geratu da, oraingoz. 350 parlamentarik bozkatu zuten arauaren kontra, 306k alde eta 25 abstenitu egin ziren. Atzo bozkatutakoari baimen bakarraren araudia deitzen diote, urrats bakarrean bateratu nahi baititu lan egiteko eta bizitzeko baimenen prozedurak.

Legediaren bultzatzaileen arabera, helburua EB Europako Batasunetik kanpoko langileei bertakoen eskubideak onartzea zen. Testuak dio EBtik kanpoko langileek EBkoen pareko tratua jaso behar dutela gizarte onurei dagokienez. Baina praktikan EBko eta EBtik kanpoko langileen eskubideen arteko aldea handitzea ahalbidetzen zuen. Izan ere, arauak babestutako langile etorkinen zerrendatik kanpo geratzen ziren sasoiko langileak —sei hilabete baino gutxiagoz lanean aritu behar dutenak—, EBtik kanpoko enpresek berekin EBra lanera eramandakoak, ikastunak, kontratu bidez zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresetakoak…

Salbuespen gehiegi, proposamenaren kontrakoen esanetan. Bultzatzaileek, berriz, esan dute salbuespen horiek guztiak aurrerago lantzeko asmoa dutela, arau propioen bidez. Atzo bozkatutakoa esparru orokorra dela, gero gehiago zehazteko.

Baina atzoko araua bere horretan onartuz gero, posible litzateke EBtik kanpoko enpresa bat kontratatu eta haren langileei jatorrizko herrialdeko lan baldintzak aplikatzea. Alejandro Cercas parlamentari sozialistak «esklabutza modernoa» eta «low cost langileak» deitu dituena. Esaterako, EBko enpresek Pakistanen eta Marokon enpresak sortu, EBn kontratuak lortu eta Pakistango eta Marokoko langileak EBra lanera ekartzea. Pakistango eta Marokoko lan baldintzekin, jakina.

Egungo arazoak

Gaur egun Euskal Herriko sindikatuak kexu dira, eraikuntzan batez ere, enpresek EBko beste herrialde batzuetako langileak kontratatzen dituztela eta langile horien jatorrizko lan baldintzak aplikatzen dizkietela, dagokien probintziako lan hitzarmenaren ordez. Atzo lege proposamena onartuz gero, egoera are gehiago okertuko litzateke.

Gainera, Europako Batasunean lan egindako etorkinei ukatu egiten zien pentsioa jatorrizko herrialdean jasotzea; etxebizitza, prestakuntza eta beka eskubideak izatea; eta langile etorkinen oinordekoei berez dagozkien eskubideak izatea.

«Hausten ari da Europako Batasunaren oinarrian dagoen kontratu soziala», esan zuen Alejandro Cercasek, proiektuaren kontrario nagusienetakoak. «Europa soziala erortzen bada, Europa ere eroriko da».

Adierazgarria da gaia Justizia eta Barne Ministroen Batzordeak jorratu duela, ez Lan eta Gizarte Gaienak, etorkinen lanari buruzkoa izan arren. Cecilia Malmstrom Barne komisarioak herenegun eta atzo nabarmendu zuen proposamenaren helburua etorkinek estatuei egindako ekarpenari «balioa eta onespena» ematea zela.

Proposamenaren txostengileak, Veronique Mathieu UMPko diputatuak, porrotaren ostean ekimena babesten jarraitu zuen: «Legez kanpoko immigrazioaren kontra borroka egiteko modu onenetako bat da legezko immigrazio kanalak garatzea, Europako Batasuneko lan merkatuak asetzeko».

«Lan merkatuaren premiak»

Dena den, proposamenaren tramitazioan Veronique Mathieuk onartu du ekimenaren bidez «lan merkatuaren premiei» erantzun nahi dietela eta «EBko langileen kontrako lehia desleialari» aurre egin nahi diotela. Baina lege proposamenak zabaltzen dituen aukerak ikusita, lehia desleiala handitu egingo litzateke. Aipagarria da prozeduran ez dietela iritzirik eskatu sindikatuei eta gobernuz kanpoko erakundeei.

Proposamena EBri bueltatu diote. Hasierako proposamenari eusten dion edo ez erabaki beharko du.

Legedia onartuz gero, herrialde batzuetan besteetan baino eragin gutxiago izango luke, indarrean dituzten araudiek etorkinei eskubide horietako batzuk onartzen dizkietelako.

Si no hay una reacción de última hora, Europa dará la segunda estocada a los inmigrantes de fuera de la Unión con la aprobación de la norma que pretende regular la inmigración legal. El Parlamento Europeo debatirá hoy y votará mañana la directiva de permiso único, que establece un procedimiento para los permisos de residencia y trabajo para los ciudadanos de países de fuera de la Unión. El texto, que aspira a crear una política global en materia de inmigración, está plagado de discriminaciones a estos trabajadores con la derogación de importantes derechos y la exclusión de varios colectivos.

“Estamos ante un nuevo tipo de esclavitud moderna”

El texto se debate hoy y su aprobación requiere únicamente mayoría simple
En junio de 2008, la UE aprobó la directiva de retorno para luchar contra la llamada “inmigración ilegal”, que dio un plazo de entre siete y 30 días para el retorno voluntario de los sin papeles y autorizaba a la detención de inmigrantes indocumentados hasta 18 meses. La dureza de las medidas se justificó entonces con el anuncio de una futura legislación para la inmigración legal para darle un trato justo.

La realidad es que la propuesta, que pretende fijar un marco de derechos uniforme para estos inmigrantes, está llena de exclusiones y derogaciones. Perjudica, por ejemplo, a los trabajadores temporales, a los desplazados, a los trasladados por empresas de terceros países, a los de empresas prestadoras de servicios mediante contrato y a determinados puestos de aprendices.

Claude Moraes, eurodiputado laborista, advierte de que el riesgo “es la injusta diferencia que se establece entre los trabajadores europeos y los desplazados de terceros países”. “Muchas compañías”, añade, “verán más conveniente trasladar sus sedes a países como Marruecos o Turquía y desplazar después a los trabajadores de esos países a sus sucursales en la UE para evitar tener que darles los mismos derechos que tienen los europeos”.

Las derogaciones más significativas son las referidas a la exportación de pensiones, el reconocimiento de prestaciones familiares, el derecho a la vivienda, a la formación y a la educación permanente. Un ejemplo: un emigrante turco o marroquí que haya trabajado en Alemania, no podrá recibir su pensión en su país de origen si decide retirarse allí. Deberá permanecer en el país donde haya trabajado, a no ser que la legislación de este último se lo permita.

Véronique Mathieu, eurodiputada del Partido Popular Europeo y ponente de la directiva, sostiene que la exclusión de los temporeros y los trabajadores trasladados dentro de su empresa “está justificada porque la Comisión ha presentado propuestas de directivas específicas para estas categorías”. En su opinión, “incluir a estos trabajadores en esta propuesta obligaría a modificar todo el proyecto inicial de la Comisión y aplazar aún más su adopción”. El Grupo socialista ha presentado enmiendas para eliminar estas exclusiones, pero han sido rechazadas por los populares y por los liberales.

La UE ve a los inmigrantes fundamentalmente desde la perspectiva de la seguridad: el Consejo elegido para aprobar una materia de derechos laborales y sociales ha sido el de Justicia e Interior, y no el de Empleo y Asuntos Sociales. Si el Parlamento Europeo aprueba mañana la directiva -para lo que es suficiente la mayoría simple- sin enmiendas significativas, la norma será adoptada definitivamente el próximo 21 de diciembre por el Consejo de Justicia e Interior. Si la propuesta no fuera aprobada, se abriría un nuevo procedimiento de discusión en el que tendrían audiencia patronales, sindicatos y organizaciones civiles y no gubernamentales.

La aprobación de esta directiva consagraría la inferioridad del derecho europeo en materia laboral y social respecto al Convenio de Naciones Unidas de 1990 sobre la protección de derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias, que solo ha sido ratificado por 44 Estados, de los que solo hay tres europeos (Albania, Bosnia-Herzegovina y Turquía) y firmado por 15, dos de ellos europeos (Serbia y Montenegro).

La propuesta de directiva de permiso único es también contraria a la Convención del Consejo de Europa sobre trabajadores inmigrantes de 1977, en lo referente a condiciones de trabajo, seguridad social y vivienda. Esta convención ha sido ratificada y está en vigor en varios países europeos, como Francia, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Turquía y Ucrania.

A Viviane Reding, la vicepresidenta y comisaria europea de Justicia, no le tiembla el pulso frente a los ataques del poderoso presidente francés, Nicolás Sarkozy, y ayer lo volvió a demostrar. Tras la polémica vivida entre ambos la semana pasada por la expulsión de gitanos de Francia, cree que sus críticas le han reforzado y advierte de que la investigación sobre la posible vulneración por parte del ejecutivo francés de la legislación comunitaria sobre libre circulación de personas y la Carta de Derechos Fundamentales sigue en marcha y se tomará una decisión “en los próximos días”.

La vicepresidenta habló ayer alto y claro. Como dice, seguirá actuando cuando se trate de defender los valores europeos porque “Europa precisamente se ha construido sobre unos valores para que determinadas cosas no vuelvan a suceder”, recordó. Insistió en que ella nunca ha comparado las repatriaciones de gitanos con las deportaciones de judíos ni con otros grupos étnicos durante la Segunda Guerra Mundial y advirtió de que hubo una mala interpretación de sus palabras con el objetivo de evitar centrar el asunto en el verdadero problema: la posible apertura de un procedimiento de infracción contra Francia por discriminación y violación de la libre circulación de personas. Es más, la luxemburguesa minimizó también las disculpas presentadas por escrito al Gobierno francés dos días antes del Consejo Europeo celebrado el pasado jueves en Bruselas y al que asistió Nicolás Sarkozy.

“Lo que dije… es que lamentaba mucho el hecho de que mis palabras hubieran sido tergiversadas de tal forma que determinadas personas se sintieron ofendidas, probablemente para no concentrarse sobre el verdadero problema y, en su lugar, discutir problemas subsidiarios que no tienen nada que ver”. En todo caso, el problema de las formas, en su opinión, está claro. “Cuando un hombre da un puñetazo en la mesa se considera viril. Si lo da una mujer es una histérica”, lamentó, en el mismo día en que presentaba una estrategia para promover la igualdad de género en la Unión Europea.

Sobre la investigación en sí, la comisaria explicó que los servicios jurídicos y los suyos propios continúan con el análisis y que estará listo durante “los próximos días”. Se espera que Reding pueda presentar el informe ante el colegio de comisarios en la reunión que mantendrá el próximo 29 de septiembre y que durante esa reunión se decida si finalmente se abre o no procedimiento de infracción contra Francia. “No vamos a tratar esta cuestión de forma diferente a como tratamos otras similares”, advirtió.

Indicios sólidos Ante los periodistas, Reding no quiso dar pistas, pero previamente, en una reunión a puerta cerrada con la mesa de la comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo, en la que participaron los coordinadores de todos los grupos políticos, sí las dio. A ellos les explicó que tiene “indicios sólidos” de que las expulsiones de ciudadanos gitanos de origen búlgaro y rumano violan los Tratados de la UE y que prueba de ello es la circular administrativa del pasado 5 de agosto en la que se ordenaba a la Policía priorizar el desmantelamiento de campamentos gitanos. Un texto que ya habría sido modificado por las autoridades francesas.

En todo caso, el presidente de la comisión de libertades civiles, Juan Fernando López Aguilar, lo dejó ayer claro. La circular del 5 de agosto es jurídicamente vinculante. La cuestión no son las palabras expresadas por la comisaria Reding, sino la expulsión de gitanos, y en esto parece contar con el apoyo mayoritario del Parlamento Europeo frente a la crítica generalizada que obtuvo el jueves de los líderes europeos en Bruselas. “Que nadie se confunda, aquí la cuestión no está en enjuiciar el mayor o menor acierto de una declaración de la comisaria Reding. La cuestión de fondo es la ciudadanía europea, la libre circulación y la no discriminación”, recordó ayer tras el encuentro con Reding.

Hoy, el asunto vuelve a la Eurocámara. El presidente permanente de la UE, Herman Van Rompey, y el máximo responsable de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, comparecen para explicar los resultados de la pasada cumbre. Está por ver si dan por cerrado el asunto sobre la expulsión de gitanos de Francia o monopoliza también el pleno de la Eurocámara.

La Red Europea contra el Racismo (ENAR, por sus siglas en inglés) insta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que garanticen la integración de los gitanos “de manera coordinada e inclusiva”, según un comunicado difundido este viernes, en el que también hace un llamamiento a manifestarse contra las expulsiones de gitanos en Francia.

El llamamiento se trata de una respuesta coordinada entre ENAR y ONG contra el racismo de diversos países de la Unión Europea para protestar contra las expulsiones de gitanos que está llevando a cabo Francia. Al mismo tiempo, es una muestra de solidaridad hacia las ONG contra el racismo galas, que han convocado manifestaciones para ese mismo día por toda Francia.

En Madrid, la manifestación tendrá lugar en la sede española de las instituciones de la Unión Europea, ubicada en el Paseo de la Castellana 46, a las 12.00. En Barcelona, será frente al Consulado de Francia, ubicado en la Ronda Universitat 22, a las 11.30. También se celebrarán manifestaciones en Bruselas, Viena, Nicosia, Budapest, Roma, Lisboa, Londres y diversas ciudades de Rumanía.

ENAR ha manifestado su preocupación por la expulsión “sistemática” de gitanos de Rumanía y Bulgaria, así como por el discurso político que vincula inmigración y delincuencia.

“La utilización por los miembros del Gobierno francés de un discurso populista y discriminatorio forma amalgamas escandalosas entre la gente nómada, los immigrantes gitanos, la migración y los delitos violentos”, ha criticado.

“Tanto esta retórica como las expulsiones corren el riesgo de reforzar los prejuicios y las percepciones discriminatorias hacia este grupo étnico, que ya es uno de los más discriminados en la UE, así como, de manera general, hacia los inmigrados”, ha advertido.

En este sentido, ENAR ha abogado por una estrategia europea global para la inclusión de los gitanos que garantice que sean protegidos contra las discriminaciones, que tengan un igual acceso a la educación, al empleo, a los servicios de salud y a la vivienda, así como la posibilidad de participar en la vida cívica y económica de sus países.

ENAR ha subrayado que las manifestaciones tendrán lugar unos días antes de que Francia organice, el 6 de septiembre, una reunión de los ministros de Inmigración italiano, alemán, británico, español, griego, belga y canadiense, para tratar de la inmigración irregular.

Según ENAR, esta reunión podría tener como objetivo legitimar la política francesa de reagrupamiento y de expulsión de los gitanos, y promover las ideas italianas de expulsiones automáticas de nacionales de la UE que no pueden mantenerse financieramente y que viven de las ayudas del Estado.

Por otro lado, el colectivo Presencia Gitana ha anunciado que solicitará al Consejo de Europa la constitución de una comisión de investigación del Grupo de Especialistas sobre los gitanos, que funciona desde hace años en Estrasburgo, para que se esclarezcan hasta el fondo las causas y las consecuencias de lo que está sucediendo en Francia, y se propongan las acciones pertinentes.

Otras asociaciones españolas, como el Movimiento Contra la Intolerancia, el Instituto de Cultura Gitana y el Movimiento Asociativo Gitano de Madrid, han manifestado su adhesión a las manifestaciones.

Adjuntamos el plan de acción de la UE con los MENAs, que destaca la necesidad de la prevención de la migración insegura (sic.) eufemismo sobre las muertes o expootación en el viaje, desierto, estrecho, etc.
LEER PLAN COMPLETO AQUÍ.

Destacamos el punto 5º que dice así:
5. BÚSQUEDA DE SOLUCIONES DURADERAS
Las soluciones duraderas deberían basarse en la evaluación individual del interés superior del menor y consistirán en:

• La decisión sobre el futuro de cada uno de los menores no acompañados deberían adoptarla las autoridades competentes en el plazo más breve posible (si fuera posible, un plazo máximo de seis meses), teniendo en cuenta la obligación de intentar rastrear a la familia, explorar otras posibilidades de reintegración en la sociedad de origen y determinar cual es la solución que respeta el interés superior del menor.