Presentado por El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y el Centro Pueblos Unidos con la finalidad de ofrecer información actualizada sobre los derechos y obligaciones de las personas inmigrantes en situación de irregularidad.

Se ha publicado la modificación de la Ley Orgánica 10/2011, de 27 de julio, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Se puede consultar en PDF (BOE-A-2011-12962 – 4 págs. – 162 KB), y también en Otros formatos

La LOEX profundiza en la visión puramente economicista de las migraciones donde prima la realidad de mercado sobre los derechos de las personas. • El nuevo reglamento de la LOEX es una herramienta al servicio del recorte de derechos que no hace sino acentuar la discriminación y las desigualdades sociales.

Hoy, 30 de junio, con la entrada en vigor del nuevo reglamento de la LOEX, se está dando un paso más en la regresión en cuanto a derechos se refiere. Las personas inmigrantes se ven abocadas a una situación de vulnerabilidad absoluta como consecuencia de un sistema xenófobo que dificulta su inclusión en todos los sentidos. No es admisible que una ley, la Ley de Extranjería, sea la política de inmigración generada por el Estado para regular un modelo de convivencia e inclusión social.

Entrada en vigor del nuevo reglamento de la LOEX.

Partiendo de una Ley que invisibiliza a una parte de nuestra sociedad, se destacan varios puntos especialmente preocupantes del reglamento que aplicará dicha Ley:

• Reagrupacón familiar

- Consideramos que la cantidad exigible para acreditar medios económicos suficientes no se adecua a la realidad de los sueldos que se perciben en la actualidad. Por encima de la aplicación estricta de estos requisitos debe primar el ejercicio del Derecho a la vida privada y familiar de las personas inmigradas.
- Exigimos que se deje de obstaculizar el procedimiento y se clarifique de una vez, ante qué órgano se tiene que solicitar el informe de vivienda por parte de la persona que reagrupa.

• Arraigo social

- Manifestamos nuestra absoluta disconformidad y preocupación ante la posibilidad de que se vincule el contrato de trabajo que se presenta en estos expedientes a la situación nacional de empleo. Esta exigencia cerraría de facto la principal vía de regularización el arraigo social. Exigimos también en este punto que se deje de obstaculizar el procedimiento y se clarifique también ante qué órgano se tiene que solicitar el informe de arraigo social.

• Renovación de autorizaciones.

- Exigimos que la aplicación de los requisitos establecidos en el reglamento primen la renovación de las autorizaciones y eviten situaciones de irregularidad sobrevenida que dificultan la integración real y abocan a las personas inmigrantes a la explotación y a la vulnerabilidad.

• Mujeres víctimas de violencia de género y víctimas de trata.

- Exigimos que se aplique de forma urgente la modificación de la LOEX, aprobada por unanimidad en el Senado y el Congreso, donde se reconoce que NO se incopora un procedimiento sancionador a la mujer en situación irregular que acude a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como víctima de violencia de género o trata. Ni una sola mujer víctima de violencia puede tener miedo a denunciar.
- Asimismo, pedimos que la modificación también se aplique diligentemente al mandato de autorizar la residencia de cinco años a todas las mujeres extranjeras víctimas de violencia, con independencia de su situación administrativa.

Finalmente recordar que es responsabilidad de los poderes públicos promover un modelo de integración ilustrado por la igualdad entre las personas y la justicia social. El enfoque y la prioridad de las políticas migratorias deben orientarse hacia la integración social, así como hacia el escrupuloso respeto de los Derechos Humanos, y no limitarse a medidas de control y represión.

HARRESIAK APURTUZ, Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes.

Hoy se publica la crrección de errores del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

PDF (BOE-A-2011-10599 – 2 págs. – 169 KB)
Otros formatos

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón, ha presentado el Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería de 2009, que tenía que haber entrado en vigor en mayo del año pasado. El texto es fruto de la negociación del Ejecutivo con los sindicatos y la patronal.
Este es el video de la presentación.

Un equipo de abogadas valencianas ha realizado un estudio comparativo de los Títulos I a IV del Borrador y actual Reglamento de Extranjería.

Tras una reunión con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, Terrón ha señalado que presentará el contenido del borrador y que, a partir de entonces, se abrirá un proceso de alegaciones -de unos 15 días- antes de que llegue al Consejo de Estado y, posteriormente, lo apruebe el Consejo de Ministros.

Sobre uno de los aspectos del texto, referido la paralización de la orden de expulsión de las mujeres que en situación irregular denuncien maltrato, la secretaria de Estado ha indicado que este borrador incorpora este asunto porque “es un imperativo de la ley”. “Todo lo que la norma prevé lo hemos desarrollado en sus estrictos términos”, ha indicado para advertir de que “el ámbito para innovar del Reglamento es cero”.

Por su parte, la portavoz de Inmigración del PSOE en el Congreso, Esperanza Esteve, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que el Reglamento en este sentido es “preventivo” y ha indicado que en el momento en el que una mujer inmigrante maltratada denuncia malos tratos “se le va a dar una orden de protección, se le va a imponer las medidas cautelares, un permiso de residencia y trabajo provisional –que después tendrá un carácter más permanente–, y una documentación que le servirá para protegerla a ella y a sus hijos”.
También os presentamos un estudio sobre las consecuencias de la reforma de la LOEX y el RELOEX para los organismos autonómicos con competencias en integración y primera acogida.

EL CONGRESO APRUEBA REFORMAR LA LEY DE EXTRANJERÍA EN FAVOR DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO

El Congreso de los Diputados ha acordado reformar la Ley de Extranjería para mejorar la protección de víctimas de violencia machista o de redes de trata y explotación sexual, informa EFE. La proposición de ley presentada por el PP y que ha logrado el apoyo de todos los grupos contempla la reforma de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. El artículo 31 bis establece que las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género que estén en situación de irregularidad y denuncien a su agresor se les abrirá un expediente de expulsión por estar en España de manera ilegal, que no obstante quedará suspendido hasta la resolución del procedimiento penal. En cuanto al artículo 59 bis, el Congreso ha acordado estudiar la posibilidad de reformarlo para incluir la protección y subsistencia de la mujer víctima de trata y sus familiares o dependientes.

No obstante, ha advertido de que en el caso de que se demuestre de que la denuncia por malos tratos es falsa “se le abrirá a la denunciante un expediente de expulsión para su posterior ejecución”, pero, hasta que se demuestre lo contrario, “se le otorgará un permiso de residencia provisional”.

Entre los objetivos del futuro Reglamento se encuentra, tal y como ha indicado el Gobierno durante los últimos meses, la puesta en marcha de instrumentos para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida por la pérdida del empleo del colectivo de inmigrantes, facilitándoles la renovación de sus autorizaciones de permisos de residencia.

Además, este Reglamento incluirá previsiblemente mecanismos para fomentar y garantizar la movilidad y el retorno voluntario de los extranjeros, clarificará la regulación jurídica de los menores no acompañados, potenciará el carácter concertado de la política de extranjería y mejorará la gestión mediante simplificación normativa y administrativa.

La Ley de Extranjería fue reformada por el Gobierno en el año 2009 y entró en vigor el 1 de enero de 2010 con la previsión expresa de que se desarrollase reglamentariamente durante los seis meses siguientes.

Sin embargo, el cambio en la titularidad de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en el mes de febrero demoró el proceso, de forma que en primavera el Ministerio de Trabajo e Inmigración anunció que no habría una propuesta hasta después del verano. Cuando llegó el otoño, la iniciativa se emplazó hasta finales de año y después, hasta los primeros meses de 2011.

EN el Boletín Oficial del Estado del día 12 de diciembre de 2009 se publicaba la Ley Orgánica 2/2009 de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Y aunque sea una costumbre que el Gobierno incumpla los plazos que se marca, es obligado comenzar este artículo de valoración denunciando el retraso de más de seis meses que lleva la promulgación del reglamento de desarrollo de esta ley.

Traspasar cuatro directivas y reponer por mandato constitucional determinados derechos a las personas extranjeras irregulares que nunca debieron ser anulados, no justifica que se modifiquen más de sesenta artículos de los 71 que contiene la Ley; todo lo cual hace que tengamos que hablar no de una reforma sino de una nueva ley de extranjería. Sin embargo es una ley nueva en la forma pero no en el contenido. Y en aquellos aspectos novedosos el resultado tras un año de vigencia es cuestionable. En todo caso, que la anterior norma (Ley Orgánica 7/1985 de 1 de julio ) estuviera quince años sin modificar y que la actual Ley 4/2000 vaya camino de su cuarta reforma en nueve años desde su entrada en vigor en febrero del año 2000 es ya un dato que invita a la reflexión y que tiene que ver con el empeño del gobierno en querer regular la inmigración a través de la extranjería.

Un país con el 69,74% de la población extranjera (la suma de permisos permanentes y comunitarios) disfrutando de una estabilidad en su situación administrativa y con un aumento creciente de solicitudes de reagrupación familiar lo que necesita es un buen plan de integración que establezca unos mínimos comunes entre las políticas de integración de las diferentes comunidades autónomas que en algunos casos son divergentes. Tenemos una inmigración con nacionalidades diversas desigualmente repartida territorialmente; en definitiva, inmigrantes que vienen a quedarse. Y tenemos una Ley que nos habla del “esfuerzo de integración” como resultado final de un proceso que no se regula y carente de recursos que hagan posible esa integración. Hace no muchos años, el esfuerzo de la población inmigrante había contribuido a aumentar el PIB del país, aseguraba el relevo generacional y las cotizaciones a la Seguridad Social. Ahora, el esfuerzo se mide en clave de integración coercitiva con riesgo de perder la regularidad si no se supera la prueba.

En definitiva, esta ley, lejos de ofrecer estabilidad alargando la duración de los permisos, ha introducido nuevos obstáculos que a falta de desarrollo reglamentario ahonda las diferencias entre la población inmigrante y la autóctona en el plano de los derechos. Esta ley es una mala herencia para los hijos de los padres que hoy se ven sometidos a seguir demostrando que son esforzados trabajadores que se deben mostrar ante la sociedad como ejemplo del “buen inmigrante” (Javier de Lucas).

Las crisis económicas tienen unos ciclos diferentes a los que se precisan para evaluar el grado de integración de una población inmigrante que en los últimos años ha crecido de manera exponencial. Una política de inmigración realista debe tener una perspectiva temporal de largo alcance y con el panorama migratorio español debería aproximarse a ámbitos como el de la nacionalidad o el de los derechos políticos. Sin embargo, se apuesta por la extranjería en términos de temporalidad, control de flujos y retorno.

La crisis económica pasará pero los hijos de los inmigrantes a quienes se les aplica esta ley anacrónica se quedarán. Gestionar el temor a lo diferente en un contexto de escasez de recursos metiendo miedo al electorado puede traer consecuencias incalculables. Y aquí nos vamos a encontrar con uno de los problemas que el discurso populista y xenófobo está incubando. Las leyes, (aunque sean de extranjería), deben transmitir a las próximas generaciones que existen unas fronteras éticas y de dignidad humana que no pueden traspasarse. Si alguien se cree que tiene algún permiso especial para traspasar este límite que luego no se lamente cuando descubra que la paciencia también es limitada.

Lorenzo Cachón recupera una frase de Coetzee referida a los nativos de Sudáfrica: “Son hombres sin mujeres, sin niños, que llegan de ninguna parte y a los que se puede hacer regresar a ninguna parte”. La realidad migratoria española predominante no es esta fotografía, es la familia Alcántara en diferentes lenguas y colores. La Ley de Extranjería se ha centrado en la primera de las fotografías y nace ya vieja; el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración ha finalizado su vigencia sin que otro plan tome el relevo; los presupuestos generales para el 2011 reducen en más de un 50% los fondos destinados a políticas de integración y España sigue siendo uno de los pocos países que no ofrece datos sobre los llamados “delitos de odio”, a pesar de que ya se ha constituido el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación. Hay muchas cosas por hacer en estos “tiempos de silencio” para la sensatez y la cordura.

Mikel Mazkiaran, Federación Estatal de SOS RACISMO

En Álava, sin ir más lejos, de cara a las próximas elecciones municipales y forales que tendrán lugar en mayo, los ciudadanos inmigrantes que residen en el territorio han denunciado que se están topando con más trabas de las esperadas a la hora de poder ejercer su derecho al voto. A muchos de ellos, a pesar de cumplir con todos los requisitos, se les exigen demasiados trámites para poder constar en el censo electoral, por lo que una representación de la ciudadanía extranjera ha solicitado hablar mañana en el Pleno municipal de Vitoria con el fin de dar a conocer su problemática.

El sufragio universal es el derecho a voto de toda la población adulta de un estado, independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social. Un logro que las sociedades democráticas consolidaron a través de los siglos XIX y XX, pero que aún cuenta con algunas lagunas, afirma DNA al introducir la noticia
El grupo local de Ezker Batua, por su parte, ha interpuesto una moción en esa misma sesión plenaria para denunciar que el Ayuntamiento no ha adoptado ninguna de las medidas que le exige la Ley Electoral para informar a la población extranjera de sus derechos a la hora de votar.”.
“Hay que tener mucha voluntad de ejercer tu derecho al voto, porque si no, con tanto papeleo como te exigen, la verdad es que se te quitan todas las ganas”, reconoce Harold, un extranjero afincado legalmente en Álava desde hace muchos años y que se ha visto obligado a cubrir el itinerario de peregrinación burocrática que se le exige a todos los extranjeros aspirantes a depositar la papeleta en la urna. Si las oficinas del censo envían una carta al interesado, todo el procedimiento se simplifica, ya que basta con rellenar el formulario adjunto a la misiva y depositarlo en las oficinas municipales o remitirlo de vuelta por correo. Lo malo es cuando la carta no llega a su destinatario, algo muy habitual porque, tal y como explica el concejal de EB en Vitoria José Navas, “este colectivo suele cambiar a menudo de casa, una media de tres veces cada cinco años, así que resulta muy complicado contactar con ellos por esta vía”. En Álava se han repartido 1.862 cartas de este tipo, entre las que no figuran las dirigidas a los bolivianos, que han sufrido retrasos.

Antes de empezar a hablar sobre los trámites a realizar en caso de no recibir la carta, es necesario establecer salvedades. Sólo los países que mantienen un convenio de reciprocidad con el Estado español pueden acudir a las urnas, con lo cual sólo los ciudadanos de la UE, chilenos, colombianos, ecuatorianos, noruegos, neozelandeses, paraguayos, peruanos, bolivianos e islandeses se incluyen en este grupo.

Superada esta criba, es necesario acudir, motu proprio, a las oficinas de atención ciudadana, ya que a pesar de que de acuerdo con las normas para la formación del censo, de obligado cumplimiento y publicadas en el BOE, el Consistorio debe publicar bandos informativos, aún no se ha publicado ninguno, tal y como lamentó ayer el mismo Navas. “Por esta razón vamos a presentar una moción en el pleno de mañana, para que el Ayuntamiento haga aquello que se le exige y que flagrantemente ha incumplido”, avanzó el edil.

Una vez en la oficina municipal, un papel informa a los interesados de que deben presentar fotocopia de la tarjeta de identidad de extranjero para comprobar que son mayores de edad y un certificado que acredite que lleva cinco años legal e ininterrumpidamente residiendo en España -tres años para los noruegos-. Sacar una copia de la tarjeta no presenta mayor problema, pero para obtener el certificado de residencia el papel municipal indica que éste se expide en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Álava, sita en la calle Olaguíbel número 11.

a betoño Muchos han acudido a la citada dirección para, tras aguardar la pertinente cola, ser informados de que en este edificio no se facilita el certificado en cuestión, por lo que son derivados a las dependencias de la Policía Nacional en Betoño.

Personados en este edificio, donde confluye la gran mayoría de los inmigrantes que deben realizar cualquier trámite ante la Policía y donde no hay colas diferenciadas, toca esperar de nuevo. Cuando quienes optan a votante son atendidos, se les informa de que para obtener el ansiado certificado han de presentar una solicitud por escrito, una copia de todas y cada una de las páginas que integran el pasaporte -estén selladas o no-, la tarjeta de residencia en vigor y abonar en una oficina bancaria la tasa de expedición de documentos.

Superado este nuevo escollo burocrático, los interesados recopilan toda la información reclamada, es decir, la copia de la tarjeta de identidad y el certificado policial, y lo remiten por correo a la dirección indicada o bien la entregan en la oficina municipal, donde arrancó todo el proceso. En cuestión de una semana a partir de ese momento podrán tener en sus manos definitivamente el formulario definitivo a rellenar para poder elevarse a la categoría de votantes. Toda una odisea que muchos no llegan a completar.

Mañana, ante el Pleno municipal y con tiempo suficiente para que los inmigrantes puedan realizar los trámites necesarios, la asociación cultural Así es Colombia presenta su propuesta denominada Iniciativa cinco. Un programa enfocado a difundir información referente al derecho al voto de los extranjeros y a promover el alta en el censo electoral de todos aquellos que tienen derecho a ello. Además, busca “propiciar espacios para la participación política, social y económica de la población inmigrante en Vitoria” y visibilizar a las personas inmigrantes como ciudadanos con derechos y deberes, capaces de disfrutar de la igualdad de oportunidades incluyendo el acceso a la gestión de lo público.

El año pasado, SOS Racismo ya puso en marcha diferentes iniciativas para promover el derecho al voto entre el colectivo extranjero. Una de ellas consistió en delegar, de forma simbólica, el privilegio del que gozan los integrantes de SOS a ciudadanos inmigrantes.

Se ha publicado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, en formato pdf, el Texto consolidado de la LOEX 4/2000, que incluye la última reforma introducida por la LO 2/2009, de 11 de diciembre.
Es muy práctica por disponer de entradas para su consulta según el indice con todas las modificaciones habidas.

Europako Batasuneko zuzenbidea betetzen duela ziurtatzeko, datorren urriaren 15era arteko epea eman diote Parisko gobernuari Frantziako Gobernuak «atseginez» hartu du Europako Batzordearen erabakiaEuropako Batasunean barna aske ibiltzeko herritarrek duten eskubidea bermatzeko agindu dio Bruselak Frantziari. Joan den agorrilatik ijito andana kanporatu dituelako agindu dio Europako Batzordeak. Haatik, ez du zabaldu Parisko gobernuaren aurkako espedienterik. Horrez ordez, datorren urriaren 15a arteko epea eman dio Europako Batasuneko legedia betetzeko.

Europako Batzordeak informazio nahasia zabaldu zuen atzo: jakinarazi zuten Europako Batasuneko exekutiboak ez zuela ebatzi Frantziaren aurkako neurririk ijitoen kanporatzeen auzian, baina beste hainbat iturrik kontrako berria zabaldu zuten. Bruselak hartu zuen erabaki erdibidekoarekin lot daiteke atzoko anabasa: espedienterik ez zabalduagatik ere, bere agindua betetzen ez badu, Frantziaren aurka hemendik gutxira zigor prozedura irekiko duela jakinarazi baitu Bruselak.

Horren arabera, datozen egunetan ohar bat helaraziko diote Parisko gobernuari; eta horren bidez eskatuko diote EBko herritarren mugimendu askatasuna bermatzen duen 2004ko zuzentaraua betetzeko. Parisek datorren urriaren 15era arteko epea du zuzentaraua errespetatzen duela egiaztatzeko edo, gutxienez, horretara egokitzeko egutegi bat aurkezteko. Haatik, finkatu zaion epean Frantziak ez balu egokitze bidean ezer egingo, «2004ko zuzentaraua Frantziako legedian ez gauzatzeagatik, espediente bat abian jartzeko erabaki politikoa hartuko du Bruselak», Europako Batzordeko iturriek adierazi dutenez.

Zehazki, beraz, Bruselak ohartarazte soila egin dio Frantziari. Izan ere, EBren zuzenbidea estatu partaide baten barne legedian gauzatzeko agindua ez betetzea arau hausteetan zabaltzen den prozesu luze baten lehen urratsa da. Halako prozesuak bururaino eramaten direnean, legedia urratu duten estatuak Europako Justizia Auzitegira eramateko aukera zabaltzen da. Alabaina, halako prozedurak bururaino iritsi aurretik ebatzi ohi dira gehienetan; orain arte hasi direnetatik %90, bederen, auzitara eraman aurretik ebatzi dituzte.

Europako Batzordeak, baina, ez du Frantzia bakarrik jarri auzitan. «2004ko zuzentarauari dagokionez, EBko beste herrialde partaideetako egoera zein den aztertzen ari gara uneotan». Frantziaz gain, beste estatu batzuek araua ez dutela modu egokian bete ohartuko balira, orduan, herrialde horietako gobernuei ere Europako legedia bete dezaten agintzeko oharra bidaliko lieke.

Salaketarik ez

Bruselak ez du salaketarik jarri Parisen kontra bazterketa neurriak hartzeagatik. Frantziako Barne Ministerioak joan den agorrilaren 3an departamenduetako prefetei bidali zien agindu-agiri baten edukian oinarrituko litzateke salaketa. Agindu-agiri hartan Parisek manatzen zuen Frantziako «legez kanpoko kanpamenduak lehenbailehen desegiteko», eta pasarte batean zehaztuta zegoen, desegin beharreko kanpamenduetatik ijitoenak zuela lehentasuna.

Agindu-agiri horren berri jakiteak sekulako zalaparta piztu zuen. Europako Batzordeko Oinarrizko Eskubide eta Justizia komisario Viviane Redingek hitz gogorrak izan zituen Parisen alderat. Agindua EBko arauekiko erabat kontrakoa zela nabarmentzeaz gain, Redingek bipil salatu zuen Parisek hartutako jarrera: haren ustez, Frantziako Gobernuaren ordezkariek gauza bat azaldu zioten Europako Batzordeari, eta beste zerbait agindu prefetei. Afera horrek izandako oihartzunak horretara nahitaez beharturik, Frantziako Gobernuak birmoldatu egin du prefetei bidalitako agindua. Horrela, irailaren 13an plazaratutako agindu berrian ez da ageri ijitoei egindako erreferentziarik.

Frantziak joan den astean bidalitako argibide txostenean zehazten denez, legez kanpoko kanpamenduak desegiteko neurria ez da eman atzerritik joandako ijitoen kontra. Ohar horretan Parisek zehaztu du desegin diren hiru kanpamenduetatik bi Frantziako herritartasuna duten bizilagunenak direla. Hortaz, Parisen azalpenen arabera, Frantziatik kanporatu diren ijitoak kanpamenduetan bizi direnen artetik %20a baino ez dute osatzen, eta euren sorterrira bidali dira Frantzian legez geratzeko epea gaindituta zeukatelako.

Argibide gehiago

Frantziak emandako argibideak ez direla aski adierazi du Viviane Redingek, eta Parisi datu zehatzagoak eskatuko dizkiotela gaineratu du. «Helarazi dizkiguten argibideak ondo daude, baina datu zehatzak nahi genituzke eskuratu», adierazi du Europako Batzordeko Justizia komisarioak. Redingen esanetan, Bruselak eskuratu nahi dituen argibideen artean daude ijitoak Frantziatik kanporatzeko legezko arrazoiak eta kanporatu aurretik auzitegietan agertu izanaren frogak.

«Frantziak zehaztasun guztiak helaraziko dizkio Bruselari, orain arte beti egin duen bezala», ziurtatu du Quai d’Orsay Frantziako Atzerri Ministerioaren bozeramaile Bernarda Valerok. Haren arabera, Parisek Bruselak eskatutako argibideen gaineko azterketa egingo du datozen egunetan.

Anartean, Quai d’Orsayk «atseginez» hartu du Bruselak Frantziaren aurka bazterketa salaketarik ez egitea. «Hartutako neurriak gutxiengo etniko baten aurkakoak ez zirela agerian uzteko eman ditugun bermeak aintzat hartu direlakoan gaude», adierazi du Valerok. Haren iritzian, beraz, Bruselak argi ikusi du ijitoen kanporaketetan ez dela izan «Europako legediaren aplikatze baztertzailerik».

Bruselak atzo hartutako erabakiak hizpide zituela, Frantziako Europarako gaietarako estatu idazkari Pierre Lelouchek honako hau adierazi du: «Kalapitak atzean utzirik, lanari ekiteko garaia da». Legebiltzarreko Atzerri arazoetarako batzordearen aurrean eginiko agerraldi batean, halaber, Lelouchek zera zehaztu du: «Frantziak proposamenak aurkeztuko dizkio Europako Batasunari, ijitoak euren jaioterrian bertan gizarteratu ditzaten».

A Viviane Reding, la vicepresidenta y comisaria europea de Justicia, no le tiembla el pulso frente a los ataques del poderoso presidente francés, Nicolás Sarkozy, y ayer lo volvió a demostrar. Tras la polémica vivida entre ambos la semana pasada por la expulsión de gitanos de Francia, cree que sus críticas le han reforzado y advierte de que la investigación sobre la posible vulneración por parte del ejecutivo francés de la legislación comunitaria sobre libre circulación de personas y la Carta de Derechos Fundamentales sigue en marcha y se tomará una decisión “en los próximos días”.

La vicepresidenta habló ayer alto y claro. Como dice, seguirá actuando cuando se trate de defender los valores europeos porque “Europa precisamente se ha construido sobre unos valores para que determinadas cosas no vuelvan a suceder”, recordó. Insistió en que ella nunca ha comparado las repatriaciones de gitanos con las deportaciones de judíos ni con otros grupos étnicos durante la Segunda Guerra Mundial y advirtió de que hubo una mala interpretación de sus palabras con el objetivo de evitar centrar el asunto en el verdadero problema: la posible apertura de un procedimiento de infracción contra Francia por discriminación y violación de la libre circulación de personas. Es más, la luxemburguesa minimizó también las disculpas presentadas por escrito al Gobierno francés dos días antes del Consejo Europeo celebrado el pasado jueves en Bruselas y al que asistió Nicolás Sarkozy.

“Lo que dije… es que lamentaba mucho el hecho de que mis palabras hubieran sido tergiversadas de tal forma que determinadas personas se sintieron ofendidas, probablemente para no concentrarse sobre el verdadero problema y, en su lugar, discutir problemas subsidiarios que no tienen nada que ver”. En todo caso, el problema de las formas, en su opinión, está claro. “Cuando un hombre da un puñetazo en la mesa se considera viril. Si lo da una mujer es una histérica”, lamentó, en el mismo día en que presentaba una estrategia para promover la igualdad de género en la Unión Europea.

Sobre la investigación en sí, la comisaria explicó que los servicios jurídicos y los suyos propios continúan con el análisis y que estará listo durante “los próximos días”. Se espera que Reding pueda presentar el informe ante el colegio de comisarios en la reunión que mantendrá el próximo 29 de septiembre y que durante esa reunión se decida si finalmente se abre o no procedimiento de infracción contra Francia. “No vamos a tratar esta cuestión de forma diferente a como tratamos otras similares”, advirtió.

Indicios sólidos Ante los periodistas, Reding no quiso dar pistas, pero previamente, en una reunión a puerta cerrada con la mesa de la comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo, en la que participaron los coordinadores de todos los grupos políticos, sí las dio. A ellos les explicó que tiene “indicios sólidos” de que las expulsiones de ciudadanos gitanos de origen búlgaro y rumano violan los Tratados de la UE y que prueba de ello es la circular administrativa del pasado 5 de agosto en la que se ordenaba a la Policía priorizar el desmantelamiento de campamentos gitanos. Un texto que ya habría sido modificado por las autoridades francesas.

En todo caso, el presidente de la comisión de libertades civiles, Juan Fernando López Aguilar, lo dejó ayer claro. La circular del 5 de agosto es jurídicamente vinculante. La cuestión no son las palabras expresadas por la comisaria Reding, sino la expulsión de gitanos, y en esto parece contar con el apoyo mayoritario del Parlamento Europeo frente a la crítica generalizada que obtuvo el jueves de los líderes europeos en Bruselas. “Que nadie se confunda, aquí la cuestión no está en enjuiciar el mayor o menor acierto de una declaración de la comisaria Reding. La cuestión de fondo es la ciudadanía europea, la libre circulación y la no discriminación”, recordó ayer tras el encuentro con Reding.

Hoy, el asunto vuelve a la Eurocámara. El presidente permanente de la UE, Herman Van Rompey, y el máximo responsable de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, comparecen para explicar los resultados de la pasada cumbre. Está por ver si dan por cerrado el asunto sobre la expulsión de gitanos de Francia o monopoliza también el pleno de la Eurocámara.