Ante otro nuevo cambio que reforma la normativa sobre la entrada, libre circulación y residencia de ciudadanos de la UE, aprobada el pasado día 18 de noviembre del 2011, adjuntamos Texto del RD. 240/2007, con las reformas introducidas por el RD 1161/2009, STS de 1.6.2010 y RD 1710/2011, de 18 de noviembre.

Berria: 2011/06/10 EB Europako Batasunak Errumania eta Bulgaria Schengen eremura sartzeko eztabaida irailera arte atzeratu du. Europako Parlamentuak eginiko txosten batek bi herrialdeak barne mugarik gabeko zonaldean sartzeko prest daudela dioen arren, Europako Batzordeak itxarotea erabaki du. Gerd Leers Herbeheretako Immigrazio ministroak 2012ra arte itxaroteko proposamena egin du.

Tras la crisis de su unión monetaria, Europa ve como el otro proyecto faro de integración, el espacio sin fronteras Schengen, vacila como consecuencia de la tensión entre Francia e Italia provocada por la llegada de miles de inmigrantes del norte de África. El tema se convertirá en el centro de la cumbre que se celebrará el martes en Roma entre el jefe del Gobierno italiano, Sivio Berlusconi, y el presidente francés, Nicolas Sarkozy. También será protagonista en las propuestas que debe presentar el 4 de mayo la comisaria europea de Asuntos Interiores, Cecilia Malmström, con vistas a una reunión extraordinaria el 12 de mayo en Bruselas de los ministros europeos del Interior. París y Roma, en conflicto desde hace unas semanas por la llegada de unos 20.000 tunecinos a las costas italianas desde enero y que desean desplazarse a Francia, anunciaron el viernes que están negociando una reforma del espacio Schengen. Así como la crisis del euro reveló las debilidades de la unión monetaria creada en 1999, la legislación sobre inmigración desvela los límites de un proyecto europeo de libre circulación de personas nacido en 1995. Pese a que la ley establece que el primer país de entrada se ocupa de gestionar a la poblaciones migrantes, Francia reprocha a las autoridades italianas querer deshacerse de los inmigrantes tunecinos ofreciéndoles permisos de seis meses, incluso billetes gratuitos para llegar a Vintimilla, última ciudad de Italia antes de llegar a suelo francés. Roma, por su parte, condena la falta de solidaridad de sus socios frente a este inesperado problema. Mientras una fuente del Elíseo quiere “salvar Schengen” reforzando su “gobernanza”, los hechos exponen un deterioro del principio de libre circulación. Francia considera el sistema actual “errado” y quiere “reflexionar en un mecanismo de cláusula de protección” que permita “restablecer de manera puntual controles” internos cuando una frontera exterior no funcione. Otra solución llevaría a reforzar la Agencia Europea de Control de Fronteras, FRONTEX. Actualmente, Schengen permite restituir temporalmente los controles en las fronteras entre dos Estados de la zona en caso de “amenaza grave para el orden público o de la seguridad interior”, un dispositivo que hasta ahora se utiliza para impedir los desplazamientos de ‘hooligans’ en partidos de fútbol o manifestantes violentos antes de la celebración de cumbres internacionales. París expuso este riesgo de perturbación del orden público para suspender el domingo la circulación de trenes desde Vintimilla hacia el sureste de Francia. De acuerdo con una fuente europea, la crisis franco-italiana está provocando la aceleración de una reforma del espacio Schengen, que es necesario debido al problema creado por Bulgaria y Rumanía. Mostrando los esfuerzos insuficientes en la lucha contra la corrupción, París y Berlín han bloqueado la adhesión de Sofía y Bucarest a Schengen. Para salir de esta situación, Bruselas trabaja desde hace varios meses en un mecanismo que permita “suspender las fronteras exteriores de Schengen” en el caso de “disfunciones” de un Estado, según esta fuente. “Los flujos migratorios masivos podrían ser considerados como una disfunción”, explicó la fuente a la AFP. Para el líder de los Verdes en el Parlamento europeo, Daniel Cohn-Bendit, se trata de “descoser la integración europea”. En los últimos procesos de expansión de la Unión Europea (UE), “pusimos cláusulas de protección porque no queríamos fontaneros polacos, ahora las proponemos porque no queremos refugiados, mientras que frente a los problemas hay que dar prueba de solidaridad”, aseguró el europarlamentario a AFP.

(EFE).- La comisión de Empleo del Parlamento Europeo (PE) ha dado hoy un importante paso hacia la aprobación de una norma para la obtención de un permiso único de residencia y trabajo para los inmigrantes, al respaldar un texto más igualitario que el rechazado el pasado diciembre en el pleno de la Eurocámara.

La aprobación es un “paso adelante” en la protección de los derechos de los inmigrantes, al incorporar una “dimensión social” y contribuir a la lucha contra el racismo y la xenofobia en la Unión Europea (UE), según ha explicado a Efe el eurodiputado socialista y ponente del informe Alejandro Cercas.

El eurodiputado ha explicado que el texto votado garantiza la igualdad en materia social para los recién llegados y, aunque no prevé aplicarse a los trabajadores temporeros ni a los solicitantes de asilo, “sienta las bases” para las futuras normativas que regularán esos casos.

Cercas ha señalado que el respaldo logrado hoy supone la victoria de “una batalla”, aunque ha explicado que “la guerra continúa” y que lo importante será “ganar en el pleno del Parlamento Europeo, que se celebrará la próxima semana”, algo sobre lo que se ha mostrado confiado.

Además, ha indicado que la única concesión que los socialistas han tenido que hacer para la aprobación del texto ha sido la introducción de una enmienda que permite a los estados miembros rechazar la concesión de “beneficios familiares y por desempleo” a los inmigrantes que hayan trabajado en el país menos de 6 meses.

También ha lamentado que se haya rechazado la enmienda propuesta para garantizar que la directiva ofrezca los mismos derechos en materia social y laboral que el Convenio de Naciones Unidas de 1990, sobre la protección de derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias.

El europarlamentario ha explicado que la votación de hoy ha conseguido romper la alianza entre los liberales y el Partido Popular Europeo, posicionando a una mayoría de la derecha europea en la línea que defendían los socialistas.

El texto aprobado, que ya fue respaldado a principios de febrero por la comisión de Interior, Justicia y Libertades Civiles de la Eurocámara, sólo está pendiente ahora del voto del pleno.

De salir adelante en esa votación, el Parlamento comenzará a negociar con el Consejo de la UE para su aprobación definitiva.

La directiva sobre el llamado “permiso único” para los inmigrantes que llegan a la UE pretende simplificar la obtención de permisos de trabajo y residencia para los nacionales de terceros países.

El pasado diciembre el pleno del Parlamento Europeo la rechazó por el voto contrario de la izquierda, que consideró que el texto era discriminatorio al no garantizar en todos los casos la igualdad en materia social de los recién llegados con los demás trabajadores.

El Parlamento Europeo se pronuncia en contra de la Directiva sobre permiso único para residir y trabajar por 306 votos a favor, 350 en contra y 25 abstenciones.

Ahora la propuesta ha sido reenviada a las comisiones de Libertades Civiles y Empleo, que “decidirán sobre el procedimiento que deba seguirse e informarán al Parlamento” en un plazo de dos meses (artículo 56 del reglamento del Parlamento Europeo).

Entretanto, la Comisión Europea decidirá si mantiene su propuesta o la retira para presentar una nueva. La comisaria Neelie Kroes, presente en la votación, declaró que “es un mensaje muy claro para la Comisión y lo transmitiré con objetividad”. Además, confirmó que “daremos una respuesta después de haberlo debatido en el colegio de comisarios”.

El objetivo de la propuesta era facilitar los trámites administrativos a los trabajadores de terceros países y equiparar sus derechos laborales, como el salario, el acceso a la seguridad social y la formación, a los de los ciudadanos de la UE. No obstante, se excluyen los trabajadores temporeros y los desplazados, que estarán cubiertos por directivas sectoriales pendientes de discusión en el Parlamento. Otros grupos excluidos son los refugiados y los residentes de larga duración. Algunos grupos políticos eran contrarios al enfoque sectorial.

Finalmente, por diversos motivos la mayoría de los diputados votó en contra de la directiva, pero queda pendiente finalizar el procedimiento y en el plazo de unos dos meses se intentará ver si un nuevo texto es posible, o si bien se confirma el rechazo a la directiva.

Una de las enmiendas permitía los Estados miembros introducir documentos adicionales relativos a la residencia. Al aprobar esta modificación, el grupo de los liberales decidió rechazar la propuesta en la votación final.

La ponente, Véronique MATHIEU (PPE, Francia) se mostró “sorprendida” después del voto. “Después de un año de negociaciones, se rechaza la igualdad de trato de los trabajadores inmigrantes con los europeos”, lamentó

Proposamenak Europako Batasunetik kanpoko etorkinei jatorrizko herrialdeetako lan baldintzak aplikatzea ahalbidetzen du Parlamentuak Europako Batzordeari itzuli dio testua, eta zer egin erabaki behar du

Europako Parlamentuak ezetz esan dio batzuek esklabutza modernoa deitu dutena ahalbidetu dezakeen arauari: Europako Batasunetik kanpoko etorkinei beren jatorrizko herrialdeetako lan baldintzak aplikatzea Europan bertan.

Ezustean bota dute atzera, berez nahikoa zelako gehiengo sinplea, eta ekimenaren bultzatzaileak, Europako Alderdi Popularrak, ustez gehiengoa lortua zuelako, liberalei esker. Baina liberaletako batzuek proposamenaren kontra bozkatu zuten atzo, eta proposamena bertan behera geratu da, oraingoz. 350 parlamentarik bozkatu zuten arauaren kontra, 306k alde eta 25 abstenitu egin ziren. Atzo bozkatutakoari baimen bakarraren araudia deitzen diote, urrats bakarrean bateratu nahi baititu lan egiteko eta bizitzeko baimenen prozedurak.

Legediaren bultzatzaileen arabera, helburua EB Europako Batasunetik kanpoko langileei bertakoen eskubideak onartzea zen. Testuak dio EBtik kanpoko langileek EBkoen pareko tratua jaso behar dutela gizarte onurei dagokienez. Baina praktikan EBko eta EBtik kanpoko langileen eskubideen arteko aldea handitzea ahalbidetzen zuen. Izan ere, arauak babestutako langile etorkinen zerrendatik kanpo geratzen ziren sasoiko langileak —sei hilabete baino gutxiagoz lanean aritu behar dutenak—, EBtik kanpoko enpresek berekin EBra lanera eramandakoak, ikastunak, kontratu bidez zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresetakoak…

Salbuespen gehiegi, proposamenaren kontrakoen esanetan. Bultzatzaileek, berriz, esan dute salbuespen horiek guztiak aurrerago lantzeko asmoa dutela, arau propioen bidez. Atzo bozkatutakoa esparru orokorra dela, gero gehiago zehazteko.

Baina atzoko araua bere horretan onartuz gero, posible litzateke EBtik kanpoko enpresa bat kontratatu eta haren langileei jatorrizko herrialdeko lan baldintzak aplikatzea. Alejandro Cercas parlamentari sozialistak «esklabutza modernoa» eta «low cost langileak» deitu dituena. Esaterako, EBko enpresek Pakistanen eta Marokon enpresak sortu, EBn kontratuak lortu eta Pakistango eta Marokoko langileak EBra lanera ekartzea. Pakistango eta Marokoko lan baldintzekin, jakina.

Egungo arazoak

Gaur egun Euskal Herriko sindikatuak kexu dira, eraikuntzan batez ere, enpresek EBko beste herrialde batzuetako langileak kontratatzen dituztela eta langile horien jatorrizko lan baldintzak aplikatzen dizkietela, dagokien probintziako lan hitzarmenaren ordez. Atzo lege proposamena onartuz gero, egoera are gehiago okertuko litzateke.

Gainera, Europako Batasunean lan egindako etorkinei ukatu egiten zien pentsioa jatorrizko herrialdean jasotzea; etxebizitza, prestakuntza eta beka eskubideak izatea; eta langile etorkinen oinordekoei berez dagozkien eskubideak izatea.

«Hausten ari da Europako Batasunaren oinarrian dagoen kontratu soziala», esan zuen Alejandro Cercasek, proiektuaren kontrario nagusienetakoak. «Europa soziala erortzen bada, Europa ere eroriko da».

Adierazgarria da gaia Justizia eta Barne Ministroen Batzordeak jorratu duela, ez Lan eta Gizarte Gaienak, etorkinen lanari buruzkoa izan arren. Cecilia Malmstrom Barne komisarioak herenegun eta atzo nabarmendu zuen proposamenaren helburua etorkinek estatuei egindako ekarpenari «balioa eta onespena» ematea zela.

Proposamenaren txostengileak, Veronique Mathieu UMPko diputatuak, porrotaren ostean ekimena babesten jarraitu zuen: «Legez kanpoko immigrazioaren kontra borroka egiteko modu onenetako bat da legezko immigrazio kanalak garatzea, Europako Batasuneko lan merkatuak asetzeko».

«Lan merkatuaren premiak»

Dena den, proposamenaren tramitazioan Veronique Mathieuk onartu du ekimenaren bidez «lan merkatuaren premiei» erantzun nahi dietela eta «EBko langileen kontrako lehia desleialari» aurre egin nahi diotela. Baina lege proposamenak zabaltzen dituen aukerak ikusita, lehia desleiala handitu egingo litzateke. Aipagarria da prozeduran ez dietela iritzirik eskatu sindikatuei eta gobernuz kanpoko erakundeei.

Proposamena EBri bueltatu diote. Hasierako proposamenari eusten dion edo ez erabaki beharko du.

Legedia onartuz gero, herrialde batzuetan besteetan baino eragin gutxiago izango luke, indarrean dituzten araudiek etorkinei eskubide horietako batzuk onartzen dizkietelako.

Si no hay una reacción de última hora, Europa dará la segunda estocada a los inmigrantes de fuera de la Unión con la aprobación de la norma que pretende regular la inmigración legal. El Parlamento Europeo debatirá hoy y votará mañana la directiva de permiso único, que establece un procedimiento para los permisos de residencia y trabajo para los ciudadanos de países de fuera de la Unión. El texto, que aspira a crear una política global en materia de inmigración, está plagado de discriminaciones a estos trabajadores con la derogación de importantes derechos y la exclusión de varios colectivos.

“Estamos ante un nuevo tipo de esclavitud moderna”

El texto se debate hoy y su aprobación requiere únicamente mayoría simple
En junio de 2008, la UE aprobó la directiva de retorno para luchar contra la llamada “inmigración ilegal”, que dio un plazo de entre siete y 30 días para el retorno voluntario de los sin papeles y autorizaba a la detención de inmigrantes indocumentados hasta 18 meses. La dureza de las medidas se justificó entonces con el anuncio de una futura legislación para la inmigración legal para darle un trato justo.

La realidad es que la propuesta, que pretende fijar un marco de derechos uniforme para estos inmigrantes, está llena de exclusiones y derogaciones. Perjudica, por ejemplo, a los trabajadores temporales, a los desplazados, a los trasladados por empresas de terceros países, a los de empresas prestadoras de servicios mediante contrato y a determinados puestos de aprendices.

Claude Moraes, eurodiputado laborista, advierte de que el riesgo “es la injusta diferencia que se establece entre los trabajadores europeos y los desplazados de terceros países”. “Muchas compañías”, añade, “verán más conveniente trasladar sus sedes a países como Marruecos o Turquía y desplazar después a los trabajadores de esos países a sus sucursales en la UE para evitar tener que darles los mismos derechos que tienen los europeos”.

Las derogaciones más significativas son las referidas a la exportación de pensiones, el reconocimiento de prestaciones familiares, el derecho a la vivienda, a la formación y a la educación permanente. Un ejemplo: un emigrante turco o marroquí que haya trabajado en Alemania, no podrá recibir su pensión en su país de origen si decide retirarse allí. Deberá permanecer en el país donde haya trabajado, a no ser que la legislación de este último se lo permita.

Véronique Mathieu, eurodiputada del Partido Popular Europeo y ponente de la directiva, sostiene que la exclusión de los temporeros y los trabajadores trasladados dentro de su empresa “está justificada porque la Comisión ha presentado propuestas de directivas específicas para estas categorías”. En su opinión, “incluir a estos trabajadores en esta propuesta obligaría a modificar todo el proyecto inicial de la Comisión y aplazar aún más su adopción”. El Grupo socialista ha presentado enmiendas para eliminar estas exclusiones, pero han sido rechazadas por los populares y por los liberales.

La UE ve a los inmigrantes fundamentalmente desde la perspectiva de la seguridad: el Consejo elegido para aprobar una materia de derechos laborales y sociales ha sido el de Justicia e Interior, y no el de Empleo y Asuntos Sociales. Si el Parlamento Europeo aprueba mañana la directiva -para lo que es suficiente la mayoría simple- sin enmiendas significativas, la norma será adoptada definitivamente el próximo 21 de diciembre por el Consejo de Justicia e Interior. Si la propuesta no fuera aprobada, se abriría un nuevo procedimiento de discusión en el que tendrían audiencia patronales, sindicatos y organizaciones civiles y no gubernamentales.

La aprobación de esta directiva consagraría la inferioridad del derecho europeo en materia laboral y social respecto al Convenio de Naciones Unidas de 1990 sobre la protección de derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias, que solo ha sido ratificado por 44 Estados, de los que solo hay tres europeos (Albania, Bosnia-Herzegovina y Turquía) y firmado por 15, dos de ellos europeos (Serbia y Montenegro).

La propuesta de directiva de permiso único es también contraria a la Convención del Consejo de Europa sobre trabajadores inmigrantes de 1977, en lo referente a condiciones de trabajo, seguridad social y vivienda. Esta convención ha sido ratificada y está en vigor en varios países europeos, como Francia, Italia, Holanda, Noruega, Portugal, España, Suecia, Turquía y Ucrania.

A Viviane Reding, la vicepresidenta y comisaria europea de Justicia, no le tiembla el pulso frente a los ataques del poderoso presidente francés, Nicolás Sarkozy, y ayer lo volvió a demostrar. Tras la polémica vivida entre ambos la semana pasada por la expulsión de gitanos de Francia, cree que sus críticas le han reforzado y advierte de que la investigación sobre la posible vulneración por parte del ejecutivo francés de la legislación comunitaria sobre libre circulación de personas y la Carta de Derechos Fundamentales sigue en marcha y se tomará una decisión “en los próximos días”.

La vicepresidenta habló ayer alto y claro. Como dice, seguirá actuando cuando se trate de defender los valores europeos porque “Europa precisamente se ha construido sobre unos valores para que determinadas cosas no vuelvan a suceder”, recordó. Insistió en que ella nunca ha comparado las repatriaciones de gitanos con las deportaciones de judíos ni con otros grupos étnicos durante la Segunda Guerra Mundial y advirtió de que hubo una mala interpretación de sus palabras con el objetivo de evitar centrar el asunto en el verdadero problema: la posible apertura de un procedimiento de infracción contra Francia por discriminación y violación de la libre circulación de personas. Es más, la luxemburguesa minimizó también las disculpas presentadas por escrito al Gobierno francés dos días antes del Consejo Europeo celebrado el pasado jueves en Bruselas y al que asistió Nicolás Sarkozy.

“Lo que dije… es que lamentaba mucho el hecho de que mis palabras hubieran sido tergiversadas de tal forma que determinadas personas se sintieron ofendidas, probablemente para no concentrarse sobre el verdadero problema y, en su lugar, discutir problemas subsidiarios que no tienen nada que ver”. En todo caso, el problema de las formas, en su opinión, está claro. “Cuando un hombre da un puñetazo en la mesa se considera viril. Si lo da una mujer es una histérica”, lamentó, en el mismo día en que presentaba una estrategia para promover la igualdad de género en la Unión Europea.

Sobre la investigación en sí, la comisaria explicó que los servicios jurídicos y los suyos propios continúan con el análisis y que estará listo durante “los próximos días”. Se espera que Reding pueda presentar el informe ante el colegio de comisarios en la reunión que mantendrá el próximo 29 de septiembre y que durante esa reunión se decida si finalmente se abre o no procedimiento de infracción contra Francia. “No vamos a tratar esta cuestión de forma diferente a como tratamos otras similares”, advirtió.

Indicios sólidos Ante los periodistas, Reding no quiso dar pistas, pero previamente, en una reunión a puerta cerrada con la mesa de la comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo, en la que participaron los coordinadores de todos los grupos políticos, sí las dio. A ellos les explicó que tiene “indicios sólidos” de que las expulsiones de ciudadanos gitanos de origen búlgaro y rumano violan los Tratados de la UE y que prueba de ello es la circular administrativa del pasado 5 de agosto en la que se ordenaba a la Policía priorizar el desmantelamiento de campamentos gitanos. Un texto que ya habría sido modificado por las autoridades francesas.

En todo caso, el presidente de la comisión de libertades civiles, Juan Fernando López Aguilar, lo dejó ayer claro. La circular del 5 de agosto es jurídicamente vinculante. La cuestión no son las palabras expresadas por la comisaria Reding, sino la expulsión de gitanos, y en esto parece contar con el apoyo mayoritario del Parlamento Europeo frente a la crítica generalizada que obtuvo el jueves de los líderes europeos en Bruselas. “Que nadie se confunda, aquí la cuestión no está en enjuiciar el mayor o menor acierto de una declaración de la comisaria Reding. La cuestión de fondo es la ciudadanía europea, la libre circulación y la no discriminación”, recordó ayer tras el encuentro con Reding.

Hoy, el asunto vuelve a la Eurocámara. El presidente permanente de la UE, Herman Van Rompey, y el máximo responsable de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, comparecen para explicar los resultados de la pasada cumbre. Está por ver si dan por cerrado el asunto sobre la expulsión de gitanos de Francia o monopoliza también el pleno de la Eurocámara.

La ONG para la lucha contra el racismo y la xenofobia SOS Racismo ha organizado este sábado una Jornada por el cierre de los CIEs (Centros de Internamiento para Extranjeros), donde denunció las condiciones que tienen que soportar los inmigrantes que se encuentran en ingresados en éstos.

Marta Martínez Tierra, responsable de la oficina de información y denuncias de SOS Racismo Madrid, describió los CIEs como “cárceles encubiertas” y un sistema “totalmente intimidatorio” para los ciudadanos que no tienen papeles y son encerrados allí de forma “totalmente indiscriminatoria”.

En declaraciones a Europa Press Televisión, Martínez explicó que están trabajando con otros colectivos como Médicos del Mundo y que ahora están luchando para que “salgan denuncias legales”.

Las condiciones con las que se encuentran los inmigrantes internos en los CIEs son “bastante difíciles”, según SOS Racismo. La portavoz de la ONG denunció que es “la policía la que se encarga de vigilar estos centros y no el funcionariado civil”. Además, añadió que “en invierno hace mucho frío, hay hacinamientos” y que hay veces que incluso se producen “agresiones”. También sostuvo que en estos centros “no hay ningún tipo de atención psicológica” y “muy poca atención social”.

Anteriormente las personas podían estar internas un máximo de 40 días dentro del centro, pero con la reforma de la ley que entró en vigor en diciembre, ahora pueden estar hasta 60 días. La situación de los inmigrantes se repite, ya que “hay personas que salen de los CIEs y luego les vuelven a coger en otro control de papeles y vuelven a internarlos en los CIEs”, explicó Martínez.

Entre las actividades que SOS Racismo organizó en la Jornada de protesta por el cierre de los CIEs se incluyeron títeres, una exposición fotográfica, un ciclo de cine relacionado con las redadas, una mesa coloquio, baile y conciertos, entre otras.

Adjuntamos el plan de acción de la UE con los MENAs, que destaca la necesidad de la prevención de la migración insegura (sic.) eufemismo sobre las muertes o expootación en el viaje, desierto, estrecho, etc.
LEER PLAN COMPLETO AQUÍ.

Destacamos el punto 5º que dice así:
5. BÚSQUEDA DE SOLUCIONES DURADERAS
Las soluciones duraderas deberían basarse en la evaluación individual del interés superior del menor y consistirán en:

• La decisión sobre el futuro de cada uno de los menores no acompañados deberían adoptarla las autoridades competentes en el plazo más breve posible (si fuera posible, un plazo máximo de seis meses), teniendo en cuenta la obligación de intentar rastrear a la familia, explorar otras posibilidades de reintegración en la sociedad de origen y determinar cual es la solución que respeta el interés superior del menor.