(abajo en castellano) Ostegunean arratsaldeko 19:30etan konzentrazioa Andra Mari zuriaren plazan. Gemma Zabaleta gelditu orain!! Murrizketa Sozialei EZ!!!

Gizarte laguntzarako sarbidea duten pertsona pobreen diskriminaziorik EZ!!!!

Gizarte Laguntzak jasotzen dutenen pertsonen diskriminaziorik EZ!!!

Gasteizko Gizarte Bazterkeriaren aurkako Plataformak Eusko Jaurlaritzaren eta Vitoria- Gasteizko udaletxearen politiken afektatuei eta arlo honekiko solidarioak diren pertsonei zein kolektiboei dei egiten diegu, gizarte laguntzen sarbidea pertsona pobreenei murriztuko dizkiotelako, bereziki emakumeei, gazteei eta etorkinei.

Honekin batera manipulazio eta kriminalizazio kanpainak salatu nahi ditugu, hauen helburua laguntzak jasotzen dituzten pertsonen erruduntasuna bilatzen delako eta gizarteko gaitz guztien errudun bihurtzen dituztelako, horrela laguntzen murrizketak argudiatzen dituztelarik eta, aldi berean, Gizarte osoaren Gizarte Eskubideen murrizketak justifikatu.

Beraz, irten gaitezen kalera eta eskatu diezaiogun Gemma Zabaletari eta Marotori murrizketak gelditzeko, orain!!!

Concentración:Gemma Zabaleta PARA YA!!! No a los Recortes Sociales!!!

No a la Discriminación a las personas más pobres para acceder a las Ayudas Sociales!!!

NO a la criminalización de perceptores de Ayudas Sociales

Desde la Plataforma contra los recortes sociales hacemos un llamamiento a las personas y colectivos solidarios y/o afectadas por las políticas del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que limitarán aun más el acceso a las Prestaciones Sociales a las personas más pobres, especialmente mujeres, jóvenes y población inmigrante. Asimismo queremos denunciar las campañas de criminalización y manipulación que tratan de culpabilizar a los perceptores de las ayudas sociales de todos los males sociales para justificar así los recortes de Derechos Sociales a toda la sociedad. Manifestémonos!!!

Día: Jueves 22 de Septiembre

Lugar: Virgen Blanca

Hora: 19:30

Dice que “vienen a trabajar” y que los que reciben ayudas es, “al igual que los autóctonos”, por riesgo de exclusión.

El Ararteko, Iñigo Lamarca, ha defendido la necesidad de hacer “pedagogía” para desterrar los “prejuicios y estereotipos falsos” sobre la inmigración, que están dando lugar a un incremento de la “hostilidad” hacia personas de otras razas y países, así como a comportamientos “alarmantes” hacia estos colectivos.

El defensor del pueblo vasco, Iñigo Larmarca, ha comparecido ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco para presentar su informe anual, que ya fue dado a conocer a los medios de comunicación el pasado 29 de marzo.

En el transcurso de su intervención, ha lamentado que, “desgraciadamente”, se ha detectado en Euskadi “un aumento de la hostilidad” hacia las personas extranjeras. En referencia a la denuncia de SOS-Racismo sobre el veto a la entrada de inmigrantes en varios bares de Bilbao, ha censurado “los comportamientos alarmantes” que se han detectado en esta materia.

Lamarca ha afirmado que este rechazo “está basado, muchas veces, en prejuicios y estereotipos falsos”. En esta línea y frente al discurso sobre el supuesto abuso de las ayudas sociales por parte de personas de otros países, ha destacado que existen informes que desmienten que esto sea así.

De hecho, el estudio sobre ‘El impacto económico de la inmigración extracomunitaria en la Comunidad Autónoma Vasca’, elaborado por el Ejecutivo autonómico en 2008, indicaba que los inmigrantes extracomunitarios residentes en Euskadi reciben de media un gasto social similar a la población autónoma, pero aportan a las arcas públicas un 23,5 por ciento más por su mayor tasa de actividad.

Un informe más reciente, presentado el pasado 11 de mayo por la Fundación Ideas, señala que la inmigración es responsable del 10 por ciento del actual Producto Interior Bruto (PIB) español y aún en tiempos de crisis económica, aporta 3.000 millones de euros anuales a las arcas de la Seguridad Social.

El Defensor del Pueblo vasco ha explicado que la mayoría de los inmigrantes “vienen a trabajar” y que quienes perciben ayudas sociales, lo hacen “al igual que los autóctonos”, porque se encuentran en riesgo de exclusión.

JORNADAS

Ante esta situación, ha explicado que es necesario reforzar la “pedagogía”, con el fin de desterrar dichos “prejuicios y estereotipos falsos”. Para ello, la institución que dirige tiene previsto organizar el próximo año unas jornadas que sirvan de “altavoz de mensajes positivos y de respeto a los Derechos Humanos”.

En el informe presentado en el Parlamento se recoge la actividad del Ararteko durante 2010. Ese año, esta institución efectuó 6.446 actuaciones en 2010, lo que supone un incremento del 3,75 por ciento respecto al año anterior.

Las quejas presentadas por los ciudadanos ascendieron a 1.859. Lamarca ha destacado que se ha producido un incremento de las reclamaciones relacionadas con el ámbito social, entre ellas, las referidas a las prestaciones sociales como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o las Ayudas de Emergencia Social (AES).

La dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad ha puesto a disposición de las personas interesadas el teléfono gratuito 900.840.126 en el que podrán ser asesorados en materia de extranjería. El nuevo modelo de atención jurídica está especialmente dirigido a personas inmigrantes en riesgo de perder la regularidad de su situación.

El departamento de Empleo y Asuntos sociales, conjuntamente con el de Justicia y los tres Colegios de abogados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, han presentado en Bilbao el nuevo modelo de atención y asesoría jurídica en materia de extranjería para las personas inmigrantes. Una de las principales novedades del modelo reside en que los inmigrantes que lo requieran podrán ser atendidos por un letrado colegiado.

El director de Inmigración y Gestión de la Diversidad, Miguel Ángel González, ha afirmado que los casos de mayor complejidad jurídica van a poder recibir la atención de profesionales especializados en la materia “con la garantía que supone el respaldo de los colegios de abogados y de sus turnos de extranjería”.

Para acceder a este servicio, la dirección de Inmigración, ha puesto a disposición de las personas interesadas un teléfono gratuito, el 900 840 126, que además ofrece un servicio de traducción simultánea. A través de este teléfono, se pueden hacer consultas referidas a la situación o a las necesidades que se presentan.
Recabada la información y cuando se cumplen los requisitos establecidos, la dirección de Inmigración deriva el caso al colegio de abogados correspondiente, que asigna un letrado especialista en extranjería. El letrado atiende personalmente a la persona demandante de apoyo y puede gestionar alguna tramitación o recurso.

En los dos meses que lleva este dispositivo en funcionamiento, la dirección de Inmigrantes ha atendido ya más de 450 consultas en materia de extranjería. Un centenar de ellas se han derivado a los respectivos colegios, y el resto se han atendido directamente o trasladado a otros servicios.

La dirección de Inmigración, Biltzen, ofrece información y formación en materia de extranjería a profesionales de los servicios sociales, empleo o entidades sociales. El objetivo es fortalecer y mejorar su capacidad de intervención cuando la persona que recurre a sus servicios es extranjera y plantea cuestiones jurídicas.

La red de atención se completa con seis entidades del tercer sector que ejercen un papel complementario, “acompañando de manera más integral a las personas en sus procesos de integración e incorporación social”, ha apuntado González. Estas entidades del tercer sector atienden a una problemática más amplia de la persona, no sólo el ámbito jurídico.

Las detenciones masivas de inmigrantes ordenadas por el Ministerio del Interior han llegado a Naciones Unidas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha pedido a España que termine cuanto antes con las que denomina «redadas policiales basadas en perfiles étnicos», que se derivan de la circular 1/2010 que el Ministerio del Interior distribuyó el 25 de enero de 2010 y en la que instaba a la Policía a practicar arrestos de cualquier extracomunitario que no pudiera identificarse al instante.
La ONU, en un texto del 10 de marzo, dice que es «preocupante la información que ha recibido acerca de los controles de identificación o redadas policiales basados en perfiles étnicos y raciales realizados en lugares públicos y barrios donde hay alta concentración de extranjeros».
El comité cree que detrás de estos arrestos masivos están las órdenes de la Comisaría General de Extranjería. Una circular cuya legalidad defendió el propio Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso invocando la llamada ‘ley Corcuera’, la normativa de Seguridad Ciudadana.
El comité, que «insta» a Interior a «tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación» basados en «perfiles étnicos y raciales», recomienda al Ministerio que «considere la revisión de aquellas disposiciones de la Circular 1/2010», porque, entiende, estas discutidas órdenes «dan lugar a interpretaciones que en la práctica se pueden traducir en la detención indiscriminada y en la restricción de los derechos de los ciudadanos extranjeros en España».
La circular, que era secreta ordenaba siempre «detenciones preventivas» de cualquier indocumentado, cuando esta figura es excepcional en la nueva Ley de Extranjería. Además, establecía que los expedientes de expulsión se tramitaran «a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible».
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha emitido un informe en el que insta a España a “tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales” que, “en la práctica, se pueden traducir en detenciones indiscriminadas” de extranjeros.

Esta es una de las principales recomendaciones del documento publicado por Naciones Unidas en el marco del examen realizado sobre España durante el 78º período de sesiones, que se desarrolló entre el 14 de febrero y el 11 de marzo, y en el que se analizaron informes presentados por el Gobierno, Amnistía Internacional, SOS Racismo, Secretariado Gitano y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Tras analizar la documentación, el Comité pide a España que revise la Circular policial 1/2010 en la que se consignaban cupos de detención de inmigrantes, así como reforme los aspectos de la legislación en materia de extranjería “que dan lugar a interpretaciones que en la práctica se pueden traducir en la detención indiscriminada y en la restricción de los derechos de los ciudadanos extranjeros”.

Además, el Comité pide al Gobierno que “revise” la Ley de Extranjería porque las disposiciones relativas a extranjeras de víctimas de violencia de género “son discriminatorias” contra las mujeres que padecen malos tratos y están en situación irregular.

Según el documento, la Ley “puede disuadir a las mujeres extranjeras, en situación irregular, a presentar denuncias por violencia de género por miedo a ser expulsadas del territorio del Estado parte en caso de que los tribunales no dicten una sentencia condenatoria contra el acusado”.

El Comité también expresa su “preocupación” por las personas que tras cumplir 60 días encerradas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son puestos en libertad con un proceso de expulsión pendiente, lo que les hace “más vulnerables a ser víctimas de abusos y discriminaciones”.

En esta línea, solicitan al Gobierno que adopte “las medidas necesarias para garantizar la protección de sus derechos básicos, la protección judicial y el acceso a un recurso efectivo, incluida la posibilidad de recurrir su orden de expulsión”.

Por último, pide al Ejecutivo que elabore el reglamento de los CIE con la finalidad de uniformar su funcionamiento y así garantizar condiciones de vida, acceso a información, asistencia legal y atención médica adecuadas para los internos, así como el acceso de las
La violencia de género, las detenciones indiscriminadas y la falta de estadísticas son las cuestiones sobre las que la ONU pide a España un mayor esfuerzo. En concreto, “reitera” su petición al Gobierno de facilitar datos “sobre la composición étnica y racial de su población” y solicita que elabore un censo incluyendo estos criterios, porque es “fundamental” para “monitorear” la discriminación.

Sobre este asunto, el Comité expresa su “preocupación” porque “no existen cifras oficiales” sobre incidentes racistas y xenófobos, ni sobre el número de denuncias presentadas o las medidas judiciales que han acarreado. Para la ONU, tener “escaso número de denuncias” no debe considerarse “necesariamente positivo, ya que puede ser un indicador, entre otros, del temor de las víctimas” o de su “falta de confianza
en los órganos policiales y judiciales”.

PREOCUPACIÓN POR LAS ‘ESCUELAS GUETO’

Otro de los aspectos que preocupa a la ONU son las aulas de niños migrantes y gitanos que algunas comunidades autónomas han puesto en marcha para atender a este alumnado y que el Comité denomina ‘escuelas gueto’. Además, recuerda que la Ley Orgánica de Educación (LOE) prevé mecanismos que posibilitan una “adecuada y equilibrada” distribución de los estudiantes.

Por este motivo, recomienda al Estado español que revise los criterios y métodos del proceso de admisión a las escuelas públicas y privadas y tome medidas para garantizar una “efectiva” distribución equilibrada de los alumnos en los centros escolares. Asimismo, le pide que le proporcione datos estadísticos desagregados sobre el número de niños migrantes, gitanos y españoles inscritos en las escuelas en su próximo informe periódico.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Si bien acoge con “satisfacción” los acuerdos sobre asistencia y repatriación a menores no acompañados que España ha firmado con Rumanía y Senegal, también manifiesta “preocupación” por la realización de pruebas radiológicas para determinar mediante una valoración ósea la edad de los menores no acompañados en territorio español. Según alerta, el “amplio” margen de error del sistema utilizado “puede dejar a algunos menores desprovistos de las protecciones que les corresponden”.

Así, insta al Estado español a que “revise” diferentes métodos de determinación de edad e “invierta” en la puesta en marcha de “pruebas fiables, actualizadas y que no sean dañinas para la integridad física de los menores”.

‘Consume menos para vivir mejor’, es el lema escogido por una veintena de asociaciones, ONGs y colectivos sociales para celebrar estos días en Vitoria la Semana contra la Pobreza. En la capital alavesa la lacra tiene fundamentalmente rostro de extranjero.
«El colectivo que más está sufriendo la crisis es el de los inmigrantes. Ellos son ahora los principales perceptores de las ayudas sociales y la Renta de Garantía de Ingresos», señala Iñaki Uribarri, economista y sindicalista de ESK, que ayer pronunció la conferencia que abre la semana en torno a la situación de los indigentes en Vitoria.
El mapa se ha movido mucho en los último años. Según sus cálculos, de las 4.700 personas que reciben algún tipo de ayuda social en la capital alavesa, casi un 40% son ya inmigrantes, un porcentaje que ha aumentado desde el comienzo de la crisis. «El mapa de la pobreza se construye con tres grupos: un tercio de los perceptores de complementos son las viudas y abuelos con pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional. Otro tercio es gente que no tiene ingresos de ningún tipo y recibe 650 euros y algún complemento. El último tercio es gente con empleos precarios. Ese es el grupo donde se ve la gran mutación por culpa de la crisis. Está formado por gente joven e inmigrante y estos sí que aumentan diez veces más que los demás», añade Uribarri.
El economista cree que no existen datos reales puestos al día sobre el problema de la pobreza y se remite a la encuestas oficiales de desigualdad de 2008. «Vemos tendencias, pero no es fácil sacar números. La conclusión es que son los inmigrantes los que más están notando el empeoramiento de la situación», concluye el economista.
Aumento de ayudas
Recientemente, el Ayuntamiento de Vitoria cifró en 1.120 familias las que se han visto abocadas a pedir ayudas por valor de 2,4 millones de euros durante este año. De ellas, 304 son nuevas. Además, el programa de apoyo económico a menores de 23 años había aumentado un 282%.
Iñaki Uribarri apunta detrás de esto datos una preocupación, el descrédito de las políticas sociales y el avance del racismo y la xenofobia en Álava contra los inmigrantes. «El aumento de las ayudas y el cambio del perfil del perceptor origina campañas como la de la lucha contra el fraude en las AES», añade.
Pero la Semana de la Pobreza no está organizada exclusivamente para ver los problemas del primer mundo, sino para echar una mirada a la situación en el mundo con motivo de la celebración el 17 de octubre del Día Internacional contra la Pobreza. El mensaje más repetido por la veintena de colectivos es la llamada a la movilización para luchar contra la «solución capitalista a la crisis».
Una de las propuestas planteada es el llamado «decrecimiento». Se trata de reducir las actividades económicas que buscan beneficio a corto plazo y expandir las vinculadas con las necesidades sociales y la ecología.

ACTIVIDADES
14 de octubre. Cineforum en Hikaateneo. 19.00 horas. Presentación de Gasteiz en transición y documentales ‘Abuela grillo’ y ‘Spanish dream’.
15 de octubre. Charla de Luis González, de Ecologistas en Acción, ‘Decrecimiento, hacia una nueva forma e vivir y consumir’. 19.00, en la sala Luis de Ajuria.
16 de octubre. En la plaza de la Provincia desde las 11 a las 2 de la tarde, exposiciones, talleres, juegos solidarios, trivial, taller de chapa, comercio justo.
16 de octubre. A las 13 horas una marcha en bicicleta sale del la Plaza de la Provincia.
16 de octubre. A las 18.00, celebración interreligiosa contra la pobreza en el Colegio Presentación de María

El grupo del PNV en el Parlamento Vasco ha reclamado hoy la reapertura del servicio de asesoramiento jurídico a inmigrantes, Heldu, y la puesta en marcha del III Plan de Inmigración.

En un comunicado, ha recordado que mañana comparecerá en comisión parlamentaria para hablar del cierre de Heldu la consejera de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, y que el miércoles lo harán distintos colectivos sociales, a petición del PNV.

Para el PNV, es importante conocer de primera mano en sede parlamentaria la opinión y el testimonio de las personas que durante estos años han trabajado en Heldu y que, a su juicio, “han prestado una labor fundamental de apoyo a un colectivo de gran vulnerabilidad”.

La parlamentaria del PNV Nerea Antia ha recordado que Heldu fue creado en 2002, a raíz del primer Plan de Inmigración de Euskadi, con el fin de establecer una estructura de primera acogida y de asesoramiento jurídico-social a la población inmigrante.

En los años que ha funcionado se han tramitado más de 33.500 expedientes, lo que supone, en su opinión, “que su labor sigue siendo necesaria, máxime en estos momentos de crisis económica”.

Antia ha detallado que, “Heldu ha sido, también, una importante herramienta para hacer frente a la exclusión social, pues facilitaba el acceso al mundo laboral de las personas inmigrantes en situación irregular”.

Por ello, ha reclamado que este servicio debe reabrirse y ha pedido que se ponga en marcha ya el III Plan Vasco de Inmigración.

Este Congreso que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre del 2010, en la Escuela Universitaria de Trabajo Social de Álava, se plantea con el fin de potenciar un debate crítico y articular propuestas de actuación en relación con las actuales políticas de respuesta a las necesidades y barreras discriminatoria que tiene la infancia y juventud perteneciente a los sectores marginados de la
sociedad.
Este Congreso esta dirigido al público en general, y resultan de especial interés para profesionales y personas
voluntarias que trabajan en asociaciones e instituciones relacionadas con el apoyo social, la asistencia y el tratamiento de menores.
HOJA DE INSCRIPCION. CONGRESO MENORES 2010

Y también os adjuntamos el Programa en euskara y castellanoPROGRAMA EUSKERA CONGRESO MENORES 2010
PROGRAMA CONGRESO MENORES 2010

Has ido a la administración pero para enterarte de la nueva ley y lo único que te han dicho es que el ayuntamiento no tiene dinero… Que hay (por gracia divina) recortes. ¿Cuánto tiempo has tardado para que te diga un administrativo esto? Te han dado dos folios con “tus deberes” y ninguna explicación sobre tus derechos? ¿Quién te ha informado? ¿Qué puedes decir? ¿Cómo? ¿A quiénes están perjudicando los recortes de las ayudas sociales?: Iñaki Uribarri, economista y sindicalista de ESK sí nos habla claro y sí nos in_forma sobre esta nueva Ley de Garantia de Ingresos (curioso nombre). Por esto, os animamos a asistir y a difundir la charla taller sobre LGI  mañana jueves 4, en el HikaAteneo de Vitoria-Gasteiz a las 19:30h.

Las conclusiones de la Abogacía del Estado, de acuerdo con el Informe emitido en su día por el CGAE considera “válido y suficiente” un pasaporte aunque no cuente con el preceptivo visado para poder empadronarse.

Si el Padrón es un servicio municipal de habitantes, de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 4/1996, de 10 de enero, es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio, y su gestión administrativa se llevará a cabo por los propios Ayuntamientos con medios informáticos.
La finalidad propia del Padrón Municipal de Habitantes es, según el art. 16.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la determinación del domicilio o residencia habitual de los ciudadanos, la atribución de la condición de vecino, la determinación de la población del municipio y la acreditación de la residencia y domicilio.
Aunque las funciones administrativas directamente vinculadas con la inmigración tales como la vigilancia de las fronteras, la entrada en territorio nacional, la determinación de contingentes anuales, la concesión de permisos, el ejercicio de la potestad sancionadora, etc., corresponden, en principio, a la Administración del Estado, no puede olvidarse que, además de existir competencias delegadas, hay una función que claramente está ligada a la Administración local: la integración social, que como el propio título de la ley de extranjería indica es, o debería ser, un componente fundamental de toda política  de inmigración. Tanto por razones de proximidad como por la estrecha vinculación existente entre integración, servicios sociales y otras prestaciones locales de carácter social, no puede negarse, en mi opinión, el significativo papel que los municipios deben jugar en la efectividad de dicha integración.

La ley 4/2000 convirtió la inscripción padronal en el requisito imprescindible para el acceso y ejercicio de determinados derechos, especialmente en el caso de los inmigrantes en situación irregular . Así se evidenció cómo la Administración a través del ordenamiento jurídico, puede concretar la noción de extranjero, y dentro de él distintas categorías, haciendo uso de lo que Naïr ha denominado “la
llave de la diferencia” que permite al Estado gestionar la inclusión/exclusión legítima dentro de su territorio poniendo como límites, por ejemplo, los derechos políticos.
Conviene, sin embargo, advertir desde el principio que la inscripción en el padrón municipal de un extranjero indocumentado es un arma de doble filo: el padrón puede ser utilizado bien como un mecanismo de apertura (inclusión) hacia determinados derechos para los extranjeros indocumentados, salvando los problemas de marginalidad que su especial situación administrativa genera, lo cual
en mi opinión sería lo deseable; o bien, como una forma de control legal de los inmigrantes irregulares asegurando su exclusión en la medida en que no se garantice, por ejemplo, la independencia del padrón respecto a los registros policiales o no se protejan los datos de carácter personal de los extranjeros que
figuran en dicho registro administrativo.
Tenemos que aprender y comprender que, por indiferentes y ajenas a nosotros que nos parezcan las personas de otro color de piel, nacionalidad o religión, tenemos la obligación de convivir y trabajar con esos “otros” para sobrevivir en este mundo de corrupción, de sufrimiento y de explotación. Una de las conclusiones sería: entierra todos los valores de “la pureza política” que te hacen creer que estás excluido, que te quedas al margen. Y otra sería que, con la toma de conciencia de los riesgos globales, también se abren espacios para futuros proyectos alternativos, esto es, para modernidades alternativas. Confrontados inevitablemente a los riesgos, nos vemos obligados a elaborar un “punto de vista cosmopolita” y a reconocer la pluralidad irreductible del mundo, lo que podría relegar “el punto de vista nacional”.

A continuación os aportamos algunos enlaces de interés:

Las claves del empadronamiento de “sin papeles”
Dictamen completo de la Abogacía del Estado sobre la problemática del empadronamiento en el Ayuntamiento de Vic.
Conclusiones de la Abogacía del Estado
Nota de la Subcomisión de Extranjería del CGAE
JOSEP M. VILA D’ABADAL Alcalde de Vic “Aquí siempre hemos atendido a los inmigrantes pero no se puede seguir así”

El Departamento vasco de Asuntos Sociales ha aclarado hoy que los jóvenes de 18 años que salen de la tutela administrativa tendrán derecho a cobrar la renta de garantía de ingresos, siempre y cuando suscriban un convenio de inclusión, vinculado a la formación y al empleo.

En un comunicado, el Departamento ha confirmado que está preparando el decreto correspondiente sobre esta materia, en el que se diseña un programa de inclusión específico para los jóvenes que salen de la tutela administrativa.

Ha recordado que la Ley de Garantía de Ingresos Mínimos establece que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se puede percibir desde los 18 años, aunque como norma general se estipula a partir de los 23 años.

En concreto, la ley contempla que la RGI puede ser percibida por jóvenes entre 18 y 23 años que se encuentran en riesgo de alta exclusión, como es el caso de los jóvenes procedentes de los centros tutelados.

Una vez que cumplen 18 años, estos jóvenes salen de la tutela administrativa y son independientes a todos los efectos. Sin familia y sin recursos, según el Departamento, “se trata de un colectivo especialmente vulnerable y con un importante riesgo de sufrir la exclusión social e incluso caer en la delincuencia”.

Para hacer frente a ese fenómeno, el Departamento vinculará en el decreto correspondiente la recepción de la ayuda a la firma de un convenio de inclusión por parte de los menores.

Para la materialización de estos convenios, contará con las empresas de inserción y los centros especiales de empleo, entre otros. La finalidad es la de “acompañar a estos jóvenes hacia el acceso al mercado laboral normalizado y hacia una inclusión social efectiva”.

El cumplimiento de la ley de Servicios Sociales será evaluado

El Consejo Vasco de Servicios Sociales ha emitido su informe preceptivo sobre el decreto de la Alta Inspección de los servicios sociales que prepara el Gobierno Vasco y que permitirá evaluar el cumplimiento de la legalidad.

La Alta Inspección es un órgano de nueva creación, recogido en la Ley de Servicios Sociales, que permitirá evaluar el cumplimiento de la ley, evitar los desequilibrios territoriales y controlar el correcto funcionamiento de las prestaciones que ofrece el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

El órgano evaluará la gestión de las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales para conseguir un funcionamiento equilibrado

Sus actuaciones consistirán en la realización de análisis, investigaciones o estudios de los servicios. Este trabajo dará lugar a informes o dictámenes, y en caso de incumplimiento de la normativa vigente, se requerirá que lo subsane a la Administración correspondiente.

El procedimiento de alta inspección se iniciará siempre de oficio, bien por propia iniciativa, bien por orden superior.

Para la comprobación del cumplimiento de la normativa de servicios sociales, la Alta Inspección podrá girar visita a los centros de titularidad pública, a los concertados, contratados y convenidos integrantes del Sistema Vasco de Servicios Sociales y a las entidades privadas de servicios sociales que no participan en dicho Sistema.