Si el Padrón es un servicio municipal de habitantes, de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 4/1996, de 10 de enero, es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio, y su gestión administrativa se llevará a cabo por los propios Ayuntamientos con medios informáticos.
La finalidad propia del Padrón Municipal de Habitantes es, según el art. 16.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, la determinación del domicilio o residencia habitual de los ciudadanos, la atribución de la condición de vecino, la determinación de la población del municipio y la acreditación de la residencia y domicilio.
Aunque las funciones administrativas directamente vinculadas con la inmigración tales como la vigilancia de las fronteras, la entrada en territorio nacional, la determinación de contingentes anuales, la concesión de permisos, el ejercicio de la potestad sancionadora, etc., corresponden, en principio, a la Administración del Estado, no puede olvidarse que, además de existir competencias delegadas, hay una función que claramente está ligada a la Administración local: la integración social, que como el propio título de la ley de extranjería indica es, o debería ser, un componente fundamental de toda política  de inmigración. Tanto por razones de proximidad como por la estrecha vinculación existente entre integración, servicios sociales y otras prestaciones locales de carácter social, no puede negarse, en mi opinión, el significativo papel que los municipios deben jugar en la efectividad de dicha integración.

La ley 4/2000 convirtió la inscripción padronal en el requisito imprescindible para el acceso y ejercicio de determinados derechos, especialmente en el caso de los inmigrantes en situación irregular . Así se evidenció cómo la Administración a través del ordenamiento jurídico, puede concretar la noción de extranjero, y dentro de él distintas categorías, haciendo uso de lo que Naïr ha denominado “la
llave de la diferencia” que permite al Estado gestionar la inclusión/exclusión legítima dentro de su territorio poniendo como límites, por ejemplo, los derechos políticos.
Conviene, sin embargo, advertir desde el principio que la inscripción en el padrón municipal de un extranjero indocumentado es un arma de doble filo: el padrón puede ser utilizado bien como un mecanismo de apertura (inclusión) hacia determinados derechos para los extranjeros indocumentados, salvando los problemas de marginalidad que su especial situación administrativa genera, lo cual
en mi opinión sería lo deseable; o bien, como una forma de control legal de los inmigrantes irregulares asegurando su exclusión en la medida en que no se garantice, por ejemplo, la independencia del padrón respecto a los registros policiales o no se protejan los datos de carácter personal de los extranjeros que
figuran en dicho registro administrativo.
Tenemos que aprender y comprender que, por indiferentes y ajenas a nosotros que nos parezcan las personas de otro color de piel, nacionalidad o religión, tenemos la obligación de convivir y trabajar con esos “otros” para sobrevivir en este mundo de corrupción, de sufrimiento y de explotación. Una de las conclusiones sería: entierra todos los valores de “la pureza política” que te hacen creer que estás excluido, que te quedas al margen. Y otra sería que, con la toma de conciencia de los riesgos globales, también se abren espacios para futuros proyectos alternativos, esto es, para modernidades alternativas. Confrontados inevitablemente a los riesgos, nos vemos obligados a elaborar un “punto de vista cosmopolita” y a reconocer la pluralidad irreductible del mundo, lo que podría relegar “el punto de vista nacional”.

A continuación os aportamos algunos enlaces de interés:

Las claves del empadronamiento de “sin papeles”
Dictamen completo de la Abogacía del Estado sobre la problemática del empadronamiento en el Ayuntamiento de Vic.
Conclusiones de la Abogacía del Estado
Nota de la Subcomisión de Extranjería del CGAE
JOSEP M. VILA D’ABADAL Alcalde de Vic “Aquí siempre hemos atendido a los inmigrantes pero no se puede seguir así”

En un comunicado, el Departamento ha confirmado que está preparando el decreto correspondiente sobre esta materia, en el que se diseña un programa de inclusión específico para los jóvenes que salen de la tutela administrativa.

Ha recordado que la Ley de Garantía de Ingresos Mínimos establece que la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) se puede percibir desde los 18 años, aunque como norma general se estipula a partir de los 23 años.

En concreto, la ley contempla que la RGI puede ser percibida por jóvenes entre 18 y 23 años que se encuentran en riesgo de alta exclusión, como es el caso de los jóvenes procedentes de los centros tutelados.

Una vez que cumplen 18 años, estos jóvenes salen de la tutela administrativa y son independientes a todos los efectos. Sin familia y sin recursos, según el Departamento, “se trata de un colectivo especialmente vulnerable y con un importante riesgo de sufrir la exclusión social e incluso caer en la delincuencia”.

Para hacer frente a ese fenómeno, el Departamento vinculará en el decreto correspondiente la recepción de la ayuda a la firma de un convenio de inclusión por parte de los menores.

Para la materialización de estos convenios, contará con las empresas de inserción y los centros especiales de empleo, entre otros. La finalidad es la de “acompañar a estos jóvenes hacia el acceso al mercado laboral normalizado y hacia una inclusión social efectiva”.

El cumplimiento de la ley de Servicios Sociales será evaluado

El Consejo Vasco de Servicios Sociales ha emitido su informe preceptivo sobre el decreto de la Alta Inspección de los servicios sociales que prepara el Gobierno Vasco y que permitirá evaluar el cumplimiento de la legalidad.

La Alta Inspección es un órgano de nueva creación, recogido en la Ley de Servicios Sociales, que permitirá evaluar el cumplimiento de la ley, evitar los desequilibrios territoriales y controlar el correcto funcionamiento de las prestaciones que ofrece el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

El órgano evaluará la gestión de las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales para conseguir un funcionamiento equilibrado

Sus actuaciones consistirán en la realización de análisis, investigaciones o estudios de los servicios. Este trabajo dará lugar a informes o dictámenes, y en caso de incumplimiento de la normativa vigente, se requerirá que lo subsane a la Administración correspondiente.

El procedimiento de alta inspección se iniciará siempre de oficio, bien por propia iniciativa, bien por orden superior.

Para la comprobación del cumplimiento de la normativa de servicios sociales, la Alta Inspección podrá girar visita a los centros de titularidad pública, a los concertados, contratados y convenidos integrantes del Sistema Vasco de Servicios Sociales y a las entidades privadas de servicios sociales que no participan en dicho Sistema.

Entre las reivindicaciones está la que hace sobre la situación de los menores inmigrantes no acompañados; una cuestión que, según explicó, “debe ser tratado con plena normalidad, y no a golpe de declaraciones”.

Por último, SOS Racismo animó ayer a los concejales del Ayuntamiento gasteiztarra a que empadronen solidariamente a un inmigrante en sus casas.

La protesta está lanzada desde el sindicato ESK, SOS Racismo, Txiroekin, Salhaketa, Harresiak Apurtuz, el grupo de inmigración del Hikaateneo, la federación KIRA, la coordinadora de sacerdotes y la Red Zuzen por la Igualdad de Derechos, además de algunos ex monitores del centro Zabaltzen, que han seguido «desde cerca» esta problemática.

 La Ley Vasca del menor establece un plazo de tres meses o seis como máximo en situaciones excepcionales, haciendo «imposible su integración en la sociedad y condenándolos a la clandestinidad cuando cumplen la mayoría de edad».

«Conocemos casos de menores que viven en la calle en situaciones de riesgo y se han producido huidas de los centros donde están acogidos por falta de respeto a su dignidad, su identidad cultural o el derecho a ser oídos», agregaron desde los grupos denunciantes. «También nos han informado que el Instituto Foral del Bienestar Social se ha negado a acoger menores en los centros de urgencia a pesar de haber espacio», declararon sus portavoces. Por estos motivos, los colectivos instaron a la Diputación «a extender de forma inmediata las certificaciones de tutela» para que estos jóvenes puedan obtener el permiso de residencia y quedarse a trabajar. «Pedimos que se cumpla Ley», puntualizaron.

«Xenofobia»

Del mismo modo, los firmantes del comunicado criticaron las declaraciones de algunos políticos sobre este tema porque «generan xenofobia y relacionan al colectivo de menores extranjeros con la delincuencia o como personas que están consumiendo ilegítimamente recursos de la sociedad alavesa».

+ info:
Acusan a Diputación de Araba de negar papeles a jóvenes inmigrantes acogidos (gara)
Acusan a la Diputación de incumplir la Ley Vasca del Menor con los extranjeros desarraigados (DNA)
Colectivos denuncian que se ha negado la tutela a 30 menores extranjeros en Álava (Correo)

Jóvenes de 31 años han ingresado en centros de acogida de menores de Álava (abc)
Arabako etorkin adingabeen zaintza ezegokia dela diote (berria)

El curso es una colaboración entre NORABIDE (servicio de acogida a la inmigración) y del servicio de euskara. La matrícula se puede realizar hasta el 13 de enero en NORABIDE (Adriano VI 9-11 B). La matricula es gratuita.

“Ofrecer un tratamiento integral de rehabilitación para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y consumidoras de sustancias, encaminadas a alcanzar una situación de normalización y autonomía que permita a dichas mujeres mantenerse alejadas del circuito de marginación y violencia”.

Hazten en euskara

Hazten

«Les cuesta mucho tomar una decisión así», resume una trabajadora social de Cruz Roja. Pero desde que existe la posibilidad de cobrar de una vez el 40% del paro antes de salir del viaje y el otro 60% en el país de origen y además lograr dinero extra para los gastos del viaje, los voluntarios que trabajan con ellos han notado un mayor interés. «Aunque sólo sea para informarse vienen y preguntan, pero muy pocos quieren realmente retornar», indica la responsable del programa.
, no todo el mundo que quiere volver puede hacerlo, alerta Filomena Abrantes, de la Asociación de Residentes Afroamericanos. ¿Qué puede hacer alguien que no tiene permiso de residencia, ni derecho a paro, ni siquiera a ayudas? «Están atrapados. Ni tienen dinero ni nadie se lo proporciona y están tirados por ahí. Si siguen así se deteriorarán como personas, van a sufrir un grave desequilibrio emocional», denuncia Abrantes. A su juicio, éste es un problema que la crisis va a agudizar en los próximos meses y al que las instituciones deben buscar soluciones.