Por el interés que despierta y la novedad del caso, mencionamos y adjuntamos la Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia de 15 de septiembre de 2011. Estimando el recurso de reposición y concediendo autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. Sigue el criterio de la economía procesal. 

El ICAM publica una interesante Guía Práctica informativa sobre los derechos y obligaciones de las personas en situación irregular. Se titula: Estancia irregular¿ multa o expulsión?

(abajo en castellano) Ostegunean arratsaldeko 19:30etan konzentrazioa Andra Mari zuriaren plazan. Gemma Zabaleta gelditu orain!! Murrizketa Sozialei EZ!!!

Gizarte laguntzarako sarbidea duten pertsona pobreen diskriminaziorik EZ!!!!

Gizarte Laguntzak jasotzen dutenen pertsonen diskriminaziorik EZ!!!

Gasteizko Gizarte Bazterkeriaren aurkako Plataformak Eusko Jaurlaritzaren eta Vitoria- Gasteizko udaletxearen politiken afektatuei eta arlo honekiko solidarioak diren pertsonei zein kolektiboei dei egiten diegu, gizarte laguntzen sarbidea pertsona pobreenei murriztuko dizkiotelako, bereziki emakumeei, gazteei eta etorkinei.

Honekin batera manipulazio eta kriminalizazio kanpainak salatu nahi ditugu, hauen helburua laguntzak jasotzen dituzten pertsonen erruduntasuna bilatzen delako eta gizarteko gaitz guztien errudun bihurtzen dituztelako, horrela laguntzen murrizketak argudiatzen dituztelarik eta, aldi berean, Gizarte osoaren Gizarte Eskubideen murrizketak justifikatu.

Beraz, irten gaitezen kalera eta eskatu diezaiogun Gemma Zabaletari eta Marotori murrizketak gelditzeko, orain!!!

Concentración:Gemma Zabaleta PARA YA!!! No a los Recortes Sociales!!!

No a la Discriminación a las personas más pobres para acceder a las Ayudas Sociales!!!

NO a la criminalización de perceptores de Ayudas Sociales

Desde la Plataforma contra los recortes sociales hacemos un llamamiento a las personas y colectivos solidarios y/o afectadas por las políticas del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que limitarán aun más el acceso a las Prestaciones Sociales a las personas más pobres, especialmente mujeres, jóvenes y población inmigrante. Asimismo queremos denunciar las campañas de criminalización y manipulación que tratan de culpabilizar a los perceptores de las ayudas sociales de todos los males sociales para justificar así los recortes de Derechos Sociales a toda la sociedad. Manifestémonos!!!

Día: Jueves 22 de Septiembre

Lugar: Virgen Blanca

Hora: 19:30

La dirección de Inmigración y Gestión de la Diversidad ha puesto a disposición de las personas interesadas el teléfono gratuito 900.840.126 en el que podrán ser asesorados en materia de extranjería. El nuevo modelo de atención jurídica está especialmente dirigido a personas inmigrantes en riesgo de perder la regularidad de su situación.

El departamento de Empleo y Asuntos sociales, conjuntamente con el de Justicia y los tres Colegios de abogados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, han presentado en Bilbao el nuevo modelo de atención y asesoría jurídica en materia de extranjería para las personas inmigrantes. Una de las principales novedades del modelo reside en que los inmigrantes que lo requieran podrán ser atendidos por un letrado colegiado.

El director de Inmigración y Gestión de la Diversidad, Miguel Ángel González, ha afirmado que los casos de mayor complejidad jurídica van a poder recibir la atención de profesionales especializados en la materia “con la garantía que supone el respaldo de los colegios de abogados y de sus turnos de extranjería”.

Para acceder a este servicio, la dirección de Inmigración, ha puesto a disposición de las personas interesadas un teléfono gratuito, el 900 840 126, que además ofrece un servicio de traducción simultánea. A través de este teléfono, se pueden hacer consultas referidas a la situación o a las necesidades que se presentan.
Recabada la información y cuando se cumplen los requisitos establecidos, la dirección de Inmigración deriva el caso al colegio de abogados correspondiente, que asigna un letrado especialista en extranjería. El letrado atiende personalmente a la persona demandante de apoyo y puede gestionar alguna tramitación o recurso.

En los dos meses que lleva este dispositivo en funcionamiento, la dirección de Inmigrantes ha atendido ya más de 450 consultas en materia de extranjería. Un centenar de ellas se han derivado a los respectivos colegios, y el resto se han atendido directamente o trasladado a otros servicios.

La dirección de Inmigración, Biltzen, ofrece información y formación en materia de extranjería a profesionales de los servicios sociales, empleo o entidades sociales. El objetivo es fortalecer y mejorar su capacidad de intervención cuando la persona que recurre a sus servicios es extranjera y plantea cuestiones jurídicas.

La red de atención se completa con seis entidades del tercer sector que ejercen un papel complementario, “acompañando de manera más integral a las personas en sus procesos de integración e incorporación social”, ha apuntado González. Estas entidades del tercer sector atienden a una problemática más amplia de la persona, no sólo el ámbito jurídico.

Las detenciones masivas de inmigrantes ordenadas por el Ministerio del Interior han llegado a Naciones Unidas. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU ha pedido a España que termine cuanto antes con las que denomina «redadas policiales basadas en perfiles étnicos», que se derivan de la circular 1/2010 que el Ministerio del Interior distribuyó el 25 de enero de 2010 y en la que instaba a la Policía a practicar arrestos de cualquier extracomunitario que no pudiera identificarse al instante.
La ONU, en un texto del 10 de marzo, dice que es «preocupante la información que ha recibido acerca de los controles de identificación o redadas policiales basados en perfiles étnicos y raciales realizados en lugares públicos y barrios donde hay alta concentración de extranjeros».
El comité cree que detrás de estos arrestos masivos están las órdenes de la Comisaría General de Extranjería. Una circular cuya legalidad defendió el propio Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso invocando la llamada ‘ley Corcuera’, la normativa de Seguridad Ciudadana.
El comité, que «insta» a Interior a «tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación» basados en «perfiles étnicos y raciales», recomienda al Ministerio que «considere la revisión de aquellas disposiciones de la Circular 1/2010», porque, entiende, estas discutidas órdenes «dan lugar a interpretaciones que en la práctica se pueden traducir en la detención indiscriminada y en la restricción de los derechos de los ciudadanos extranjeros en España».
La circular, que era secreta ordenaba siempre «detenciones preventivas» de cualquier indocumentado, cuando esta figura es excepcional en la nueva Ley de Extranjería. Además, establecía que los expedientes de expulsión se tramitaran «a la mayor brevedad y en el tiempo mínimo imprescindible».
El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial ha emitido un informe en el que insta a España a “tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y raciales” que, “en la práctica, se pueden traducir en detenciones indiscriminadas” de extranjeros.

Esta es una de las principales recomendaciones del documento publicado por Naciones Unidas en el marco del examen realizado sobre España durante el 78º período de sesiones, que se desarrolló entre el 14 de febrero y el 11 de marzo, y en el que se analizaron informes presentados por el Gobierno, Amnistía Internacional, SOS Racismo, Secretariado Gitano y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Tras analizar la documentación, el Comité pide a España que revise la Circular policial 1/2010 en la que se consignaban cupos de detención de inmigrantes, así como reforme los aspectos de la legislación en materia de extranjería “que dan lugar a interpretaciones que en la práctica se pueden traducir en la detención indiscriminada y en la restricción de los derechos de los ciudadanos extranjeros”.

Además, el Comité pide al Gobierno que “revise” la Ley de Extranjería porque las disposiciones relativas a extranjeras de víctimas de violencia de género “son discriminatorias” contra las mujeres que padecen malos tratos y están en situación irregular.

Según el documento, la Ley “puede disuadir a las mujeres extranjeras, en situación irregular, a presentar denuncias por violencia de género por miedo a ser expulsadas del territorio del Estado parte en caso de que los tribunales no dicten una sentencia condenatoria contra el acusado”.

El Comité también expresa su “preocupación” por las personas que tras cumplir 60 días encerradas en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son puestos en libertad con un proceso de expulsión pendiente, lo que les hace “más vulnerables a ser víctimas de abusos y discriminaciones”.

En esta línea, solicitan al Gobierno que adopte “las medidas necesarias para garantizar la protección de sus derechos básicos, la protección judicial y el acceso a un recurso efectivo, incluida la posibilidad de recurrir su orden de expulsión”.

Por último, pide al Ejecutivo que elabore el reglamento de los CIE con la finalidad de uniformar su funcionamiento y así garantizar condiciones de vida, acceso a información, asistencia legal y atención médica adecuadas para los internos, así como el acceso de las
La violencia de género, las detenciones indiscriminadas y la falta de estadísticas son las cuestiones sobre las que la ONU pide a España un mayor esfuerzo. En concreto, “reitera” su petición al Gobierno de facilitar datos “sobre la composición étnica y racial de su población” y solicita que elabore un censo incluyendo estos criterios, porque es “fundamental” para “monitorear” la discriminación.

Sobre este asunto, el Comité expresa su “preocupación” porque “no existen cifras oficiales” sobre incidentes racistas y xenófobos, ni sobre el número de denuncias presentadas o las medidas judiciales que han acarreado. Para la ONU, tener “escaso número de denuncias” no debe considerarse “necesariamente positivo, ya que puede ser un indicador, entre otros, del temor de las víctimas” o de su “falta de confianza
en los órganos policiales y judiciales”.

PREOCUPACIÓN POR LAS ‘ESCUELAS GUETO’

Otro de los aspectos que preocupa a la ONU son las aulas de niños migrantes y gitanos que algunas comunidades autónomas han puesto en marcha para atender a este alumnado y que el Comité denomina ‘escuelas gueto’. Además, recuerda que la Ley Orgánica de Educación (LOE) prevé mecanismos que posibilitan una “adecuada y equilibrada” distribución de los estudiantes.

Por este motivo, recomienda al Estado español que revise los criterios y métodos del proceso de admisión a las escuelas públicas y privadas y tome medidas para garantizar una “efectiva” distribución equilibrada de los alumnos en los centros escolares. Asimismo, le pide que le proporcione datos estadísticos desagregados sobre el número de niños migrantes, gitanos y españoles inscritos en las escuelas en su próximo informe periódico.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Si bien acoge con “satisfacción” los acuerdos sobre asistencia y repatriación a menores no acompañados que España ha firmado con Rumanía y Senegal, también manifiesta “preocupación” por la realización de pruebas radiológicas para determinar mediante una valoración ósea la edad de los menores no acompañados en territorio español. Según alerta, el “amplio” margen de error del sistema utilizado “puede dejar a algunos menores desprovistos de las protecciones que les corresponden”.

Así, insta al Estado español a que “revise” diferentes métodos de determinación de edad e “invierta” en la puesta en marcha de “pruebas fiables, actualizadas y que no sean dañinas para la integridad física de los menores”.

Hojas Informativas sobre trámites de extranjería actualizadas a noviembre 2010 recogidas en la Web del Colegio de Abogados de Madrid.

Novedad importante y práctica donde las haya. Desde la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía se nos pone de manifiesto que con motivo de la reforma del Código Penal operada por la LO 5/2010, de 23 de junio, se ofrece la oportunidad de que los Abogados planteen la revisión, ante los Juzgados y Tribunales, de las Sentencias condenatorias de aquellos que se ven favorecidos por la citada reforma.

A manera de ejemplo, pensemos en los condenados por delitos del art. 270.1 del Código Penal (los denominados “manteros“) que ven como la pena prevista para alguno de sus tipos pasa de ser privativa de libertad o TBC ó multa, ó el delito contra la salud pública del art. 368 del Código Penal, cuando la sustancia es de las que produce grave daño para la salud, cuya pena privativa de libertad, en su límite máximo, se ve reducida de 9 a 6 años. En muchos de éstos casos, de no producirse la inmediata revisión de las condenas, estaremos manteniendo en prisión a personas a las que la reforma no tiene previsto ingresarlas o que ya habrían cumplido su condena.

Por ello, y dentro de la dimensión de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, creemos importante promover la inmediata aplicación de la reforma, sin necesidad de esperar al vencimiento del período de “vacatio legis”, y ello porque entendemos que existen argumentos jurídicos suficientes para que así sea.

A tal efecto, acompañamos el enlace de un modelo de solicitud de revisión de las Sentencias de aquellos condenados a los que se les debe aplicar la nueva norma como más favorable, con el fin de que puedas utilizarla en la forma que estimes conveniente.

Enlace al modelo ofrecido: ModRTevSt

El día 21 de octubre se aprobó una enmienda transaccional que exige al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales el restablecimiento del servicio jurídico para inmigrantes ‘sin papeles’ (Heldu), cerrado el pasado 15 de julio por la consejera Gemma Zabaleta.

El texto elogia «la trayectoria profesional» de los trabajadores del organismo, si bien no plantea la renovación del contrato con la empresa que gestionaba el servicio, Estudios y Proyectos SL, una fórmula calificada de irregular por Zabaleta.

A pesar de ello, la enmienda aprobada reclama al Ejecutivo vasco que vuelva a garantizar el asesoramiento jurídico «personalizado y directo» que ofrecía a los inmigrantes hasta el pasado verano. Y le concede un mes de plazo para diseñar «el tipo de gestión» de Heldu, buscando «la eficacia y eficiencia, valorando los recursos materiales y humanos existentes y suscribiendo en su caso los convenios y acuerdos que sean necesarios». Del mismo modo, la mayoría de la Cámara emplaza al Ejecutivo de Vitoria a presentar en enero próximo el III Plan de Inmigración, puesto que ya han transcurrido diez meses desde que expiró el anterior.

Ni ilegales, ni invisibles”, la realidad de los menores extranjeros, presentado en un curso del CGPJ El presidente de la Subcomisión de Extranjería, Pascual Aguelo, mostró su preocupación porque “no hay un registro de menores extranjeros no acompañados que funcione” durante su intervención en la Fiscalía General del Estado ante un grupo de magistrados, abogados, fiscales y miembros de Organizaciones de Infancia que participan esta semana en las Jornadas, “Marginación social de los menores en un mundo globalizado”.

Según Aguelo, pese a que el número de menores extranjeros no acompañados -MENA-que han llegado a España ha sido mucho menor en el último año, “el número de procedimientos de determinación de la edad está siendo muchísimo mayor”. El presidente de la Subcomisión de Extranjería apuntó que muchos de ellos “son menores cuya edad ha sido determinada por una comunidad autónoma, y al marchar a otra vuelven a ser examinados”. La directora ejecutiva de UNICEF España, Paloma Escudero, expresó la necesidad de “establecer una coordinación interterritorial y entre las diferentes instituciones, pero siempre priorizando los derechos del niño frente a los intereses del Estado por controlar los flujos migratorios”, dijo. Este aspecto fue apuntado también por Pascual Aguelo, ya que en ocasiones “se olvida el principio de interés superior del menor”.

Junto al problema del registro, la dificultad en la determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados, bien a través de la documentación o por las pruebas oseométricas, es otro de los principales obstáculos que encuentra la administración. En este sentido, la fiscal del TSJ de Valencia, Gemma García, apuntó en el coloquio cómo en la Comunidad Valenciana han establecido una serie de acuerdos entre la Fiscalía, las Administraciones implicadas y los cuerpos de seguridad del Estado para establecer un protocolo de actuación en este tema.

Importancia de la Asistencia Letrada

Otro de los aspectos destacados por Paloma Escudero, es “la importancia de la asistencia letrada al menor, ya que es la única posibilidad de garantizar los derechos de estos menores”. En opinión de Pascual Aguelo, “desde el CGAE entendemos que la tarea primordial como abogados es defender los derechos de los colectivos más vulnerables, y en materia de derechos humanos incluso llegar a conflictos en casos donde haya una vulneración de estos derechos”.

Además, Pascual Aguelo indicó la importancia de “encontrar mecanismos y hacer un esfuerzo en el desarrollo de definiciones”, y recordó que la Ley de Extranjería en su artículo 35 que recoge la situación de los menores extranjeros no acompañados, “presenta un cierto avance, que esperamos se desarrolle con más profusión en la redacción del reglamento”, dijo.

Presentación del informe

Uno de los objetivos de la ponencia de Pascual Aguelo y Paloma Escudero, era presentar el informe “Ni ilegales ni invisibles”, elaborado por expertos del CGAE y UNICEF, con la colaboración de la Fundación Banesto, que recoge la “realidad jurídica y social de los menores extranjeros en España” y que logró un gran impacto con su lanzamiento.

Las Jornadas “Marginación social de los menores en un mundo globalizado”, fueron inauguradas ayer por la vocal del CGPJ, Gabriela Bravo, la presidenta de UNICEF España, Consuelo Crespo y la fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Elvira Tejada, y en ellas participan numerosos expertos en el tema de menores y especialistas en extranjería de toda España.

A lo largo de las tres jornadas que dura el curso, se están tratando temas como la “Situación de la infancia 20 años después de la Convención sobre los Derechos del Niño”, la Crisis Mundial y sus efectos en la Infancia”, el “Asilo y trata”, la “Inmigración y Menores de Edad”, la “Salud Educación y Participación” y los “Modos de llegada de los menores extranjeros al territorio español”.

El encuentro, está organizado por el Consejo General del Poder Judicial, con el Instituto Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia y Adolescencia -IUNDIA- y UNICEF

Instrucción 1/2010 de la Dirección General de Inmigración sobre vigencia y renovación de la residencia de larga duración concedida en España.