Acoger inmigrantes es siempre noble y aún productivo, pero hablo de inmigrantes que no lleguen con el convencimiento de que van a país enemigo y con la pretensión de que sólo ellos levantarán, más si se puede, la riqueza vasca. Una cosa es recibir a gentes de buena fe y, otra, a personas manejadas ideológicamente para disolver el etnicismo vasco, que es el pilar sobre el que se ha de apoyar la estructura de un pueblo si quiere pervivir. Si el lenguaje ha de usarse con honradez, una inmigración manejada por los Sres. Lópeces constituiría una agresión detestable, más aún por taimada. Quizá ponga la venda antes de que se produzca el golpe, pero sospecho el golpe.

El pasado 23 de junio el Senado español, con los votos a favor de CIU y PP, decidió solicitar al Gobierno español que imponga en todo el Estado esta prohibición. Los argumentos en que han basado dicha petición son la idea de que estas mujeres no elijen por sí mismas llevar estas vestimentas y la consideración de que el ocultamiento del rostro podría representar un peligro para la seguridad pública. Además, entienden estos senadores y senadoras que portar dichas prendas vulneraría derechos fundamentales de estas mujeres, al someterlas a una invisibilidad social.

Imaginamos que la visión a través de la rejilla de un burka debe ser muy limitada. Es de suponer que las imágenes que se capten desde el otro lado se verán reducidas, fragmentadas por los pequeños agujeritos. Así, parecería que estos/as representantes políticos hubieran discurrido estas medidas con el burka puesto; no el de tela, sino el mental. Y es que su idea de la discriminación que sufrimos las mujeres resulta tan reduccionista como uno de esos agujeritos; y su preocupación tan falsa como su conciencia de género.

Nada dicen, estos adalides de la libertad femenina, sobre la falta de libertad de las mujeres extranjeras a la hora de entrar y circular en territorio europeo. Ninguna voz han alzado, tampoco, contra la Ley de Extranjería, que considera expulsable de territorio español a aquella mujer que, habiendo denunciado una situación de violencia de género, no consiga probarlo ante un tribunal. Tampoco señalan nada acerca de la prohibición de acceder a un contrato de trabajo a aquellas mujeres que se encuentran en situación irregular, ni se han revelado contra la explotación, amparada por las leyes españolas, de las mujeres trabajadoras en el sector del servicio doméstico. Nada dicen de la invisibilidad de las mujeres que, por miedo a ser expulsadas de territorio europeo, no se atreven a denunciar situaciones de discriminación, abuso o explotación laboral; o de las mujeres que, por carecer de papeles, tienen miedo incluso de salir a la calle.

Tampoco al parecer consideran estos señores suficientemente agraviante para las mujeres el hecho de que nuestro sistema patriarcal nos imponga una serie de roles sociales discriminatorios y rígidos cánones estéticos; que se nos empuje a convertirnos en seductoras madres de familia, mujeres exitosas en los negocios y en el amor, exentas de estrías y de patas de gallo, adecuadamente vestidas y convenientemente adelgazadas. No se les ha oído poner en cuestión el negocio de la estética, tan a menudo enriquecido con los corta-pegas de nuestros cuerpos sometidos al bisturí.

No se critica cómo las leyes supuestamente protectoras de las mujeres no nos protegen lo suficiente, cómo ante una situación de violencia machista se nos obliga a denunciar (no una, sino repetidas veces) a nuestro agresor; y aún así cuántas mueren asesinadas por un penoso funcionamiento institucional y unas medidas de protección ineficaces. No cuestionan cómo tantas mujeres no son provistas de recursos sociales adecuados ni suficientes para evitar estas situaciones y prevenir sus gravísimas secuelas.

Tampoco se les escucha mencionarse acerca de aquellas religiones que permiten que mujeres vivan sometidas a clausura, vistiendo hábitos hasta los pies y largos velos negros, comunicándose con sus seres queridos a través de ventanas o barrotes. Son libres nuestras mujeres monjas, ellas sí han conseguido escapar del yugo del machismo musulmán.

Por último, también resulta extraño que estos/as políticos no hayan caído en la cuenta de las previsibles consecuencias que provocarán dichas disposiciones. Paradójicamente, estas medidas libertadoras servirán para dificultar, si no impedir, la presencia de determinadas mujeres en el ámbito público.

Suponemos que nada tiene que ver con todo esto el miedo a una (hipotética) visibilización del Islam en nuestras calles. En absoluto: se trata de proteger a las mujeres, si es necesario hasta de nosotras mismas.

Que Alá, o quien sea, nos proteja de semejante protección.

Los datos son fruto del estudio ‘Procesos de Menores y Consumo de Drogas’, elaborado por la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME).

Polémica ha sido también la decisión de la Consejería vasca de Trabajo y Asuntos Sociales de Gemma Zabaleta de no permitir una tercera renta básica si ya hay dos familias que la cobran en una vivienda. ¿Dejar sin este derecho a quienes tengan mayor dificultad para acceder a la vivienda hará que desaparezca el hacinamiento? ¿o seguirán viviendo con mayores dificultades y sin acceso a las prestaciones? ¿no aumentará la especulación sobre los alquileres y los precios que se cobran por autorizar a empadronarse? Ya son muchas las personas que no acceden a los servicios básicos por carecer de un documento para empadronarse, no poder conseguir un alquiler o no tener ingresos para pagar una habitación con derecho a empadronamiento. Sólo cuando hablamos de extranjería o de prostitución pasamos por alto medidas perversas que culpabilizan y castigan a las víctimas con la justificación de que se lucha contra las mafias. Nadie admitiría que se impusiese una multa a las personas que trabajen en negro. Al contrario, la legislación ampara sus derechos declarando que el contrato existe y sanciona al empleador. Sin embargo, con medidas como la de Vic o la del Reglamento de Garantía de Ingresos del Gobierno Vasco se propone despojarlas de derechos, a ver si así dejan de ser pobres. ¿No serán los especuladores inmobiliarios los que se frotarán las manos con personas que tienen que pagar lo que sea, ya que no tienen alternativa para acceder a derechos básicos?

La medida del Gobierno Vasco es de dudosa legalidad y contraviene el principio de no discriminación de forma directa o indirecta. Por una parte, limita hasta estrangularlo un derecho reconocido por ley. Por otra, lo hace a través de requisitos que nada tienen que ver con el bien que se trata de proteger, especialmente cuando la realidad del mercado inmobiliario hará que afecte especialmente a jóvenes, inmigrantes y mujeres. Y además rompe un consenso construido durante años y del que estábamos orgullosos: entender que los derechos se tienen por ser vecina y vecino y no por las circunstancias administrativas.

Patxi de la Fuente

SOS Racismo

En el año 2002, Harresiak Apurtuz acogió con expectación la creación de este servicio que nació con una vocación garantista de los derechos de una parte de nuestra población en situación de extrema vulnerabilidad. La última reforma de la Ley Orgánica de Extranjería de diciembre de 2009 restringe, entre otras, la disponibilidad activa para el trabajo o la reagrupación familiar, afectando sobremanera el proceso de inclusión activa de estos nuevos ciudadanos y ciudadanas, vecinas de nuestros barrios y municipios.

Desde Harresiak Apurtuz y las entidades que trabajamos con el colectivo inmigrado se reconoce y reafirma la labor que, a través del servicio jurídico HELDU, el Gobierno Vasco ha ofrecido a las personas inmigradas en situación irregular, o regularizadas pero en situación de extrema vulnerabilidad, a las entidades del Tercer Sector y la propia Administración (autonómica, foral y municipal). Un servicio que ha sido complementario al desarrollado por el Tercer Sector y que se ha convertido en un referente claro para asuntos de garantías jurídicas hacia el colectivo inmigrado, con un alto nivel de calidad y rendimiento.

El pasado día 18 de junio, en sede parlamentaria, el Gobierno Vasco ha hecho pública su intención de no prorrogar el servicio jurídico HELDU, hecho ante el cual Harresaik Apurtuz quiere trasladar al propio Gobierno Vasco, a las demás instituciones y al conjunto de la ciudadanía, algunas demandas y preocupaciones:

1. Cómo se atenderá las más de 1.600 personas o familias cuyos expedientes están actualmente abiertos. Quién asumirá estos expedientes y cómo se garantizarán los plazos de los mismos, así como el debido acompañamiento a quienes están detrás de ellos.

2. Cómo y a través de qué mecanismos se comprometerá en el futuro el Gobierno Vasco con esta realidad de déficit de garantías en el ámbito de derechos y deberes de los y las ciudadanas extranjeras. Desde Harresiak Apurtuz consideramos imprescindible que la Administración y el propio Tercer Sector cuenten con un referente claro a nivel autonómico especializado en el tema, habida cuenta de la importancia que tiene la situación administrativa de las personas inmigrantes como consecuencia de la legislación de Extranjería.

3. Cómo se acomodan en la nueva Ley de Servicios Sociales, los servicios específicos que la Dirección de Inmigración ha prestado para la positiva incorporación social de las personas inmigradas: Ikuspegi, Biltzen, Heldu y la Red de Técnicos y Técnicas de Inmigración, de manera que se sigan garantizando dichas acciones.

Desde Harresiak Apurtuz y el Tercer Sector que trabajamos con el colectivo inmigrado, estamos dispuestos a aportar y construir conjuntamente las mejores soluciones posibles exigiendo que cada actor político y social cumpla con su responsabilidad. Exigimos garantías públicas en la provisión de servicios concretos que atiendan la especificidad de las ciudadanas y ciudadanos que viven en la CAPV en situación de desigualdad administrativa, garantizando así el cumplimiento de su proyecto migratorio y ciudadano que no es otro que su plena incorporación social.

Entidades firmantes:

HARRESIAK APURTUZ – COORDINADORA DE ONG DE EUSKADI DE APOYO A INMIGRANTES; conformada por las siguientes entidades: Asociación Argentina en el País Vasco – ARVAS / Asociación Colombianos y Colombianas en País Vasco – ASOCOLVAS / Asociación Hispano Latinoamericana – AHISLAMA / BIDE-SARI Pastoral Penitenciaria / BITARTEGUNE – Asociación Vasca de Mediación Intercultural / BOLIVIA GUREA Asociación / BAKEAZ / CARITAS Diocesana de Bilbao / Cameruneses de Bizkaia – ACABIZ / Cite Euskadi – CCOO / CEAR Euskadi / Centroamericana de Desarrollo Integral – ACEDI / Centro ELLACURÍA / Centro Promoción Mujer Bizkaia – CPMB / CIRCULO SOLIDARIO de Euskadi / Comunidad de Icbos en el País Vasco – OGANIHU / Congoleña para la Solidaridad en Euskadi – LIMEMIA / CRUZ ROJA – Dpto. Extranjeros / ELKARBANATUZ / ETORKINEKIN BAT / Emigrantes de Filipinas en el País Vasco – PAGKAKAISA / Emigrantes de Ghana en El País Vasco – ASUMDWE NE NKABOM / Fundación ADSIS / GOIZTIRI / Grupo Folklórico CHILE LINDO / HEGOA / IDEASUR / Inmigrantes de Guinea Bissau – NÔ PINTCHA / Inmigrantes Marroquíes en Euskadi – AZRAF / IZANGAI / MÉDICOS DEL MUNDO / MISIONES DIOCESANAS / MUJERES EN LA DIVERSIDAD / MUJERES DEL MUNDO BABEL / Senegaleses de Markina – ASEMA / SIKAP – Asociación Filipina en el País Vasco / SOLIDARIDAD INTERNACIONAL / UGT – Centro Guía / Vascoangoleña de Cooperación al Desarrollo, la Cultura y la Amistad – AVACO / ZUBIETXE / COLOMBIA EUSKADI Asociación / Asociación Paz, Cooperación y Educación – ZINHEZBA / Asociación de Residentes Peruanos MACHU PICCHU / Asociación de Senegaleses de Vitoria – MBOLO / Asociación MUJERES DEL MUNDO UNIDAS / Asociación Comisión Católica de Migraciones – ACCEM.

REAS Euskadi / GIZARDATZ – Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de Bizkaia / GIZATEA – Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco / EPN Euskadi / SOS Racismo-Bizkaia / HIREKIN Asociación de Entidades de Iniciativa e Intervención Social de Euskadi / Grupo Intercultural PANGEA / Asociación Intercultural Kolore Guztiak / Solidaridad Verdruna / Associació Papers i Drets per a Tothom / Asociación Bizitza Berria / Alindimay / Asociación Intercultural ADISKIDETUAK / Asociación SUSTERRA / Asociación cultural de paraguayos – GUARANI TETAGUA /Asociación para la unidad y la solidaridad del colectivo Senegales – JAPPOO / Asociación Cultural AMARU / Asociación para el desarrollo Foro Rural Mundial / Centro Vasco Árabe Libio – ALRABETAH / SALHAKETA Araba / Fundación ADRA / HAURRALDE Fundazioa

En el marco de unas jornadas europeas sobre pobreza y exclusión social que se celebran en Barcelona, los responsables sindicales de la CES y de sindicatos catalanes reclamaron que los planes de salida de la crisis se centren en la creación de puestos de trabajo no precarios y no prioricen el recorte del gasto público, que insistieron en que debe mantenerse para garantizar la protección y la mejor salida de la situación.

Los cálculos de las organizaciones sindicales apuntan a que las personas en riesgo de exclusión social en el continente rebasan los 80 millones, por lo que instaron a las administraciones de los distintos estados a “reforzar el papel de los servicios públicos”.

Uno de los responsables del CES, Georges Schnell, afirmó que la estrategia europea de lucha contra la pobreza “ya presentaba problemas antes de la crisis”, pero que la actual situación obliga ae “reorientar” las políticas.

La secretaria de Igualdad de UGT de Cataluña, Raquel Gil, recordó que en Cataluña un 42% de los trabajadores tienen un salario inferior a los 1.000 euros mensuales, y que esta precariedad se concentra principalmente en el sector de los servicios y la atención a las personas.

El secretario general de CC.OO. de Cataluña, Joan Carles Gallego, expresó su rechazo a planes de austeridad como el que ha presentado el Ejecutivo Central, ya que auguró que tendrá efectos negativos en la “débil reactivación” económica y puede frenarla.

Apostó por mantener los estímulos a la economía, es decir, por seguir incentivando a los sectores que pueden “tirar de la demanda”. Criticó que un eventual recorte de los servicios públicos no es la respuesta que necesita la ciudadanía ante los efectos de la crisis.

La polémica sobre el uso del velo islámico en lugares públicos ha llegado ya al Estado español, algo lógico teniendo en cuenta que cuando el fenómeno de la emigración era aún marginal y minoritario, eran muchos los que proclamaban «yo no soy racista, pero…» encubriendo en esta conjunción adversativa su xenofobia.

En España y también en Hego Euskal Herria la presencia pública de signos religiosos cristianos es absolutamente asfixiante. No hay montaña que no esté presidida por una cruz de diversos tamaños, en algunos casos horrendos mamotretos de cemento o gigantescas estructuras metálicas como la de Gorbea, que mereció la atención de un grupo de militares españoles que la envolvieron en el piperpoto para mayor gloria de Dios y de la patria hispana.

En otros se combinan de distintos tamaños como en la cima del Hernio, ocupada por una enorme de cemento y un sinfín de otras metálicas más pequeñas. Para llegar a esas cumbres es necesario aproximarse a través de caminos o pistas (cada vez más por estas últimas) jalonados también de cruces en gran número, concretamente catorce. Se trata de los vía crucis muy útiles para que los creyentes recuerden las estaciones de la supuesta pasión de Jesús, encabezados por un cura que reza en cada una de ellas mientras cantan durante todo el recorrido «Perdona a tu pueblo».

No podemos olvidar los altares para poder celebrar misas de campaña en lugares estratégicos. Como ejemplo, y ya que hemos citado el Hernio, a pocos metros de la maltrecha cresta hay también un altarcito cubierto que permite al celebrante trabajar al abrigo, mientras sus fieles soportan la tempestad como auténticos pringaos.

Claro que todas éstas son las cruces más o menos oficiales. Luego están las particulares, colocadas por familiares de personas fallecidas, en ese lugar o en otro, en su memoria.

Las ciudades se consagran, y así Donostia está consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, y su gigantesca y espantosa imagen preside la ciudad, mancillando la belleza del monte Urgull y de toda la bahía. Cada vez que alguien habla de retirar de su privilegiada atalaya ese adefesio franquista, miles de devotos envían cartas al director protestando por el atropello, sin darse cuenta de que el auténtico abuso es el atentado a la naturaleza que su presencia supone y el obligarnos a todos a verlo a todas horas, queramos o no. El Sagrado Corazón de marras daba a nombre a los dos colegios en que estudié sin que nunca llegara a comprender cómo se podía profesar tanta devoción por esa víscera y no por el hígado o por los testículos u ovarios.

Ahora quieren prohibir el velo diciendo que somete a la mujer. Vale. Pero su postura es pura hipocresía. Llaman a los mismos colegios en que quieren prohibirlo con nombres de santos o vírgenes; usan mantilla mientras denuestan el velo porque coarta a la mujer, pero les parece muy bien que sus monjas sean Esclavas del Señor o Siervas de María. No ven la viga en el ojo propio, pero si la paja en el ajeno.

El pasado 2 de diciembre de 2009 Harresiak Apurtuz dio a conocer públicamente la sentencia condenatoria resultante del tercer juicio penal por estafas a siete trabajadores inmigrantes.

En esta sentencia la Letrada I.L.V. del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia y un empresario son condenados por un delito continuado de estafas a trabajadores inmigrantes en un bien de primera necesidad como es la autorización de trabajo.

Para lograr dicha condena penal fue fundamental la denuncia, testimonio y colaboración con la Justicia de los inmigrantes estafados. Así consta en un Informe emitido por la Autoridad judicial.

Sin embargo, a fecha de hoy con una sentencia condenatoria en firme, uno de los trabajadores estafados no ha podido ver reconocidos sus derechos como víctima y regularizar su situación administrativa tal y como obliga el artículo 45.5 del vigente Reglamento de Extranjería. Ante esta situación, Harresiak Apurtuz solicitó el pasado 22 de febrero una reunión a la Subdelegación de Gobierno de Bizkaia para abordar el tema de este extranjero sin obtener ninguna respuesta de la Administración.

Se trata de la tercera sentencia condenatoria en firme en Bizkaia por un delito continuado de estafas que atentan contra los derechos laborales y sociales de varias decenas de trabajadores inmigrantes. Es lamentable que tengamos que asistir ahora a la más absoluta irresponsabilidad por parte de la Administración que abandona a su suerte a las víctimas de estos gravísimos hechos.

Lamentablemente el que se hayan producido tres condenas penales no ha puesto fin a estas redes que actúan vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores extranjeros. Estas redes siguen actuando por cuanto no puede la Administración delegar en las ONGs la persecución penal de estos hechos. Reclamamos la implicación de todas las Administraciones en la persecución de estos hechos y en particular a la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia que garantice la protección legal a las víctimas de estas estafas. De lo contrario las mafias seguirán actuando con más impunidad si cabe.

Finalmente reclamamos de la Subdelegación de Gobierno de Bizkaia que dé todas las garantías que dicta la Ley a este trabajador que sí creyó en unas instituciones que le reclamaron su denuncia y que ahora no le protegen una vez que se arriesgó a colaborar en la desarticulación de esta red de estafadores.

Harresiak Apurtuz, Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes